El Auto del Tribunal Supremo de fecha 25 de marzo de 2025, que acordó acceder a la medida cautelar solicitada por el Gobierno de Canarias, para que se hiciera efectiva por parte de la Administración del Estado, la reubicación  de los menores migrantes no acompañados con Protección Internacional desde Canarias a otras Comunidades Autónomas, también determina que el cumplimiento de esta medida se  desarrolle “bajo el principio del  interés superior del menor  y  mediante la colaboración y cooperación entre ambas Administraciones públicas”.

El procedimiento adoptado por el Gobierno de Canarias para hacer efectivo este Auto está vulnerando claramente los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Los y las menores están siendo obligados/as a abandonar los Centros que han constituido su hogar,  para ingresar en el Canarias 50, una antigua base militar que no reúne condiciones aptas para alojarlos ni responder a todas sus necesidades.

Muchos de estos menores han estado durante años viviendo en pequeñas residencias ubicadas en los distintos municipios de las islas Canarias, donde contaban con la protección y seguimiento de sus educadores, donde tenían espacio propio,  y disfrutaban de una vida normalizada. Toda la protección que han recibido hasta el momento queda rota, al trasladarlos repentinamente a un macrocentro con cientos de jóvenes,  hacinados en carpas y en un patio común que comparten niños, niñas y adultos. No disponen de un lugar donde dejar sus pertenencias, ni un espacio para el estudio. Han sido desarraigados de la escuela, de sus actividades extraescolares, de sus amigos, de sus educadores... Se sienten perdidos y desorientados, ya no cuentan con ninguno de sus adultos de referencia.

Varias familias que mantienen vínculos estrechos con estos menores han estado en contacto diario con ellos, ofreciéndoles apoyo y realizando un seguimiento de su situación. De ahí que conozcamos de primera mano, el daño psicológico y emocional que el Gobierno de Canarias con esta medida, está infringiendo a los menores.

La situación no hace más que empeorar. Continúan llegando cientos de niños y niñas de todas las islas, al Canarias 50. La Consejería de Política Social del Cabildo Insular de Gran Canaria ha pedido insistentemente al Gobierno de Canarias que permita que los y las menores continúen en sus Hogares y Centros de Acogida, en tanto en cuanto, se realizan las entrevistas por parte de la Fiscal de Extranjería y se decida si proceden sus traslados. Sin embargo, el Gobierno de Canarias se ha negado en rotundo. Su decisión se apoya exclusivamente en que el recinto denominado Canarias 50 es una instalación de titularidad estatal y en la interpretación de que, al tratarse de menores con protección internacional, correspondía utilizar un recurso del Estado. Pero una cuestión administrativa no debe estar nunca por encima del interés superior del menor, ni puede justificar una intervención tan drástica, especialmente cuando existían alternativas reales y plenamente operativas. Por ello, entendemos que la adopción por parte del Gobierno de Canarias de una medida de traslado forzoso de menores migrantes con protección internacional al recinto denominado CANARIAS 50, resulta especialmente grave, no solo por su falta de fundamento jurídico, sino por el profundo impacto humano que está generando.

Se desconoce el tiempo que tendrán que permanecer los niños, niñas y adolescentes en esa situación, viviendo en condiciones pésimas, hasta la finalización de todo este proceso. También constituye una gran incertidumbre, saber si tendrán en cuenta la situación de arraigo de muchos de estos jóvenes que no desean marcharse, puesto que han echado raíces en Canarias. Cuentan con amigos, profesores, familias, que constituyen su red de apoyo y desean continuar su proyecto de vida en Canarias. Se trata de chicos y chicas que se han integrado plenamente en la vida de los barrios en los que han crecido. Son conocidos y apreciados por sus vecinos y vecinas,  participan activamente en la vida comunitaria. Algunos pertenecen al equipo de fútbol del barrio, a la Asociación cultural, otros han sido incluso, pregoneros de las fiestas de su pueblo, en definitiva, son uno más. Aquí están las personas que quieren y que les quieren. Someterlos a una nueva migración supone un desarraigo doblemente traumático, porque estos menores ya han vivido un proceso migratorio extremadamente duro y han conseguido, con esfuerzo, reconstruir su vida en Canarias. Forzarlos ahora a dejar su entorno implica romper nuevamente sus vínculos afectivos, destruir su estabilidad emocional, interrumpir su escolarización, cortar sus lazos comunitarios y arrebatarles el único espacio en el que han logrado sentirse seguros.

Por lo tanto, las Entidades y personas a título personal, que respaldamos este documento DENUNCIAMOS:

1.       Que las actuaciones del Gobierno de Canarias para llevar a término el Auto del Tribunal Supremo, supone un abuso institucional que  vulnera los derechos de los  y las niños, niñas y adolescentes. El traslado forzoso de los y las menores migrantes con Protección Internacional, a la antigua base militar denominada Canarias 50, es una medida totalmente innecesaria y desproporcionada,  que responde a intereses políticos y de ningún modo al interés superior de los y las menores.

2.       Que el hacinamiento en el Canarias 50, con cientos de menores concentrados en carpas y espacios improvisados, vulnera gravemente los estándares básicos de protección y dignidad infantil.

3.       Que se está permitiendo la convivencia en los espacios comunes de niños, niñas y adultos, lo que supone una falta absoluta de garantías de protección  y un riesgo para su seguridad.

4.       Que esta situación está generando absentismo escolar forzado, ya que los menores que proceden de distintos municipios y de distintas islas, no pueden acudir a sus centros educativos, ni mantener la rutina que garantiza su bienestar y desarrollo.

5.       Que el desarraigo repentino y forzoso de sus Hogares y Centros de Acogida, está constituyendo una situación realmente traumática para los y las menores, generándoles un daño psicológico y emocional.

SE SOLICITA:

1.       Paralización inmediata de todas las derivaciones de menores migrantes desde sus municipios al Canarias 50.

2.       Retorno de los y las menores ya trasladados al Canarias 50 a sus Hogares y Centros de Acogida, a fin de que puedan retomar su vida diaria, su escolarización y el acompañamiento educativo habitual, mientras se instruyen sus expedientes.

3.       Reconocer y respetar el arraigo de los y las menores que no desean marcharse a la Península, permitiendo que continúen viviendo en Canarias y puedan permanecer residiendo en los Centros de Acogida donde han crecido y han encontrado estabilidad.

4.       Que se colabore institucionalmente tal y como exige el Auto del Tribunal Supremo para encontrar soluciones respetuosas con los derechos de los y las menores.

5.       Que se cumpla con la obligación de escuchar previamente al/la menor y en todo momento del procedimiento se garantice el interés superior de éstos, que exige que todas las decisiones y acciones públicas o privadas, que afecten a niños, niñas y adolescentes (NNA), prioricen su bienestar, desarrollo integral y respeto a sus derechos por encima de cualquier otro interés, aplicándose en ámbitos como familia, educación, justicia penal e internacional ( Comité de derechos del Niño), como en nuestra propia Constitución.