¡Dejen votar a los venezolanos!


¡Dejen votar a los venezolanos!
La causa
El gobierno de Nicolás Maduro ha violado la ley y cometido persecuciones judiciales y desapariciones forzadas para evitar que María Corina Machado, la candidata con mayor preferencia electoral en Venezuela, pueda presentarse a elecciones y derrotarlo en las urnas. Quienes firmamos esta carta nos dirigimos a la comunidad internacional para pedir que alcen la voz y exijan que se respeten los derechos electorales y se permitan elecciones libres, transparentes sin candidatos inhabilitados y con observación internacional.
El 22 de octubre de 2023 se convocaron elecciones primarias en Venezuela organizadas por la ciudadanía. A pesar de los esfuerzos del gobierno de deslegitimarlas, casi tres millones de personas acudieron a las urnas y más del 92% de ellas votó por María Corina Machado, candidata del partido Vente Venezuela.
Machado se enfrenta a una ilegal inhabilitación que, de acuerdo con el gobierno actual, le impide ejercer cargos públicos durante los próximos 15 años. Acceso a la justicia ha demostrado que la inhabilitación es ilegal porque, entre otras cosas se encuentra fuera de lapso, se realizó sin derecho a la defensa y fue realizada sin la facultad para inhabilitar.
Machado no es la única. Desde 2002, el gobierno ha inhabilitado a más de 1400 ciudadanos de acuerdo con la organización Acceso a la Justicia, entre ellos Juan Guaidó, Leopoldo López y Henrique Capriles, los tres políticos de oposición.
El acuerdo firmado en Barbados por el gobierno y la oposición claramente especifica que:
“Se promoverá la autorización a todos los candidatos presidenciales y partidos políticos, siempre que cumplan con los requisitos establecidos para participar en la elección”. Además, el primer punto del acuerdo es explícito: cada parte tendrá la libertad de emplear el mecanismo que decida para escoger su candidatura, y eso fue lo que ocurrió con la oposición en la primaria del año pasado: Machado fue electa mayoritariamente como candidata presidencial.
Aunado a las nulas inhabilitaciones, el equipo de la líder política y otras figuras de la sociedad civil y la oposición han sido víctimas de persecución judicial e incluso de desaparición forzada. En diciembre la fiscalía emitió órdenes de arresto contra figuras de la oposición: Henry Álvarez, coordinador nacional de Vente Venezuela; Claudia Macero y Pedro Urruchurtu, coordinadores de comunicaciones y asuntos internacionales respectivamente por el mismo partido; David Smolansky, activista y exalcalde; Yon Goicoechea, activista y miembro del partido Voluntad popular, y Roberto Abdul, director de la ONG Súmate, quién sí fue detenido. La persecución no ha cesado.
A finales de enero, los jefes de comando de Vente Venezuela Juan Freites, Luis Camacaro y Guillermo López fueron víctimas de desaparición forzada después de que fuerzas del Estado los detuvieran y no dieran ningún detalle sobre su ubicación. Más recientemente la activista de derechos humanos Rocío San Miguel fue víctima de la misma situación. Ahora los cuatro permanecen secuestrados por el régimen.
Por todo lo anterior, quienes firmamos esta carta buscamos que:
● Se ponga un alto a las inhabilitaciones arbitrarias, ilegales e inconstitucionales y se permita a todos los candidatos participar en la elección de manera equitativa, sin restricciones indebidas ni persecución y con acceso igualitario a los medios de comunicación y recursos necesarios.
● Se permita la presencia de observadores internacionales electorales independientes y objetivos para garantizar la integridad del proceso electoral. La transparencia y la apertura a la observación internacional son elementos cruciales para construir la confianza tanto a nivel nacional como internacional en la legitimidad de los resultados.
● Se promueva el respeto a los derechos políticos de todos los venezolanos, lo cual implica la apertura del registro electoral y el establecimiento de las condiciones necesarias para que quienes se encuentren en el exterior puedan ejercer su derecho al voto.
Nicolás Maduro's government has violated the law and committed judicial persecution and forced disappearances to prevent María Corina Machado, the candidate with the highest electoral preference in Venezuela, from standing for election and defeating him at the ballot box. Those of us who sign this letter address the international community to ask them to raise their voices and demand that electoral rights be respected and that free and transparent elections be allowed without disqualified candidates and with international observation.
On 22 October 2023, citizen-organised primary elections were called in Venezuela. Despite the government's efforts to delegitimise them, almost three million people went to the polls and more than 92% of them voted for María Corina Machado, candidate of the Vente Venezuela party.
Machado faces an illegal disqualification that, according to the current government, prevents her from holding public office for the next 15 years. Access to Justice has shown that the disqualification is illegal because, among other things, it is out of time, was carried out without the right to defence and was done without the power to disqualify.
Machado is not alone. Since 2002, the government has disqualified more than 1400 citizens according to the organisation Access to Justice, among them Juan Guaidó, Leopoldo López and Henrique Capriles, the three opposition politicians.
The agreement signed in Barbados by the government and the opposition clearly specifies that:
"Authorisation will be promoted to all presidential candidates and political parties, as long as they comply with the established requirements to participate in the election." Moreover, the first point of the agreement is explicit: each party will be free to use whatever mechanism it decides to use to choose its candidacy, and that is what happened with the opposition in last year's primary: Machado was overwhelmingly elected as the presidential candidate.
In addition to the lack of disqualifications, the political leader's team and other civil society and opposition figures have been victims of judicial persecution and even enforced disappearance. In December the prosecutor's office issued arrest warrants for opposition figures: Henry Álvarez, national coordinator of Vente Venezuela; Claudia Macero and Pedro Urruchurtu, communications and international affairs coordinators respectively for the same party; David Smolansky, activist and former mayor; Yon Goicoechea, activist and member of the Popular Will party; and Roberto Abdul, director of the NGO Súmate, who was arrested. The persecution has not ceased.
In late January, Vente Venezuela commanders Juan Freites, Luis Camacaro and Guillermo López were victims of enforced disappearance after state forces detained them and gave no details about their location. More recently, human rights activist Rocío San Miguel was a victim of the same situation. Now all four remain kidnapped by the regime.
For all of the above reasons, those of us who sign this letter seek that:
● The arbitrary, illegal and unconstitutional disqualifications be stopped and all candidates be allowed to participate in the election fairly, without undue restrictions or persecution and with equal access to the necessary media and resources.
● The presence of independent and objective international election observers be allowed to ensure the integrity of the electoral process. Transparency and openness to international observation are crucial elements in building confidence both domestically and internationally in the legitimacy of the results.
● Respect for the political rights of all Venezuelans should be promoted, which implies the opening of the electoral register and the establishment of the necessary conditions for those abroad to exercise their right to vote.

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La causa
El gobierno de Nicolás Maduro ha violado la ley y cometido persecuciones judiciales y desapariciones forzadas para evitar que María Corina Machado, la candidata con mayor preferencia electoral en Venezuela, pueda presentarse a elecciones y derrotarlo en las urnas. Quienes firmamos esta carta nos dirigimos a la comunidad internacional para pedir que alcen la voz y exijan que se respeten los derechos electorales y se permitan elecciones libres, transparentes sin candidatos inhabilitados y con observación internacional.
El 22 de octubre de 2023 se convocaron elecciones primarias en Venezuela organizadas por la ciudadanía. A pesar de los esfuerzos del gobierno de deslegitimarlas, casi tres millones de personas acudieron a las urnas y más del 92% de ellas votó por María Corina Machado, candidata del partido Vente Venezuela.
Machado se enfrenta a una ilegal inhabilitación que, de acuerdo con el gobierno actual, le impide ejercer cargos públicos durante los próximos 15 años. Acceso a la justicia ha demostrado que la inhabilitación es ilegal porque, entre otras cosas se encuentra fuera de lapso, se realizó sin derecho a la defensa y fue realizada sin la facultad para inhabilitar.
Machado no es la única. Desde 2002, el gobierno ha inhabilitado a más de 1400 ciudadanos de acuerdo con la organización Acceso a la Justicia, entre ellos Juan Guaidó, Leopoldo López y Henrique Capriles, los tres políticos de oposición.
El acuerdo firmado en Barbados por el gobierno y la oposición claramente especifica que:
“Se promoverá la autorización a todos los candidatos presidenciales y partidos políticos, siempre que cumplan con los requisitos establecidos para participar en la elección”. Además, el primer punto del acuerdo es explícito: cada parte tendrá la libertad de emplear el mecanismo que decida para escoger su candidatura, y eso fue lo que ocurrió con la oposición en la primaria del año pasado: Machado fue electa mayoritariamente como candidata presidencial.
Aunado a las nulas inhabilitaciones, el equipo de la líder política y otras figuras de la sociedad civil y la oposición han sido víctimas de persecución judicial e incluso de desaparición forzada. En diciembre la fiscalía emitió órdenes de arresto contra figuras de la oposición: Henry Álvarez, coordinador nacional de Vente Venezuela; Claudia Macero y Pedro Urruchurtu, coordinadores de comunicaciones y asuntos internacionales respectivamente por el mismo partido; David Smolansky, activista y exalcalde; Yon Goicoechea, activista y miembro del partido Voluntad popular, y Roberto Abdul, director de la ONG Súmate, quién sí fue detenido. La persecución no ha cesado.
A finales de enero, los jefes de comando de Vente Venezuela Juan Freites, Luis Camacaro y Guillermo López fueron víctimas de desaparición forzada después de que fuerzas del Estado los detuvieran y no dieran ningún detalle sobre su ubicación. Más recientemente la activista de derechos humanos Rocío San Miguel fue víctima de la misma situación. Ahora los cuatro permanecen secuestrados por el régimen.
Por todo lo anterior, quienes firmamos esta carta buscamos que:
● Se ponga un alto a las inhabilitaciones arbitrarias, ilegales e inconstitucionales y se permita a todos los candidatos participar en la elección de manera equitativa, sin restricciones indebidas ni persecución y con acceso igualitario a los medios de comunicación y recursos necesarios.
● Se permita la presencia de observadores internacionales electorales independientes y objetivos para garantizar la integridad del proceso electoral. La transparencia y la apertura a la observación internacional son elementos cruciales para construir la confianza tanto a nivel nacional como internacional en la legitimidad de los resultados.
● Se promueva el respeto a los derechos políticos de todos los venezolanos, lo cual implica la apertura del registro electoral y el establecimiento de las condiciones necesarias para que quienes se encuentren en el exterior puedan ejercer su derecho al voto.
Nicolás Maduro's government has violated the law and committed judicial persecution and forced disappearances to prevent María Corina Machado, the candidate with the highest electoral preference in Venezuela, from standing for election and defeating him at the ballot box. Those of us who sign this letter address the international community to ask them to raise their voices and demand that electoral rights be respected and that free and transparent elections be allowed without disqualified candidates and with international observation.
On 22 October 2023, citizen-organised primary elections were called in Venezuela. Despite the government's efforts to delegitimise them, almost three million people went to the polls and more than 92% of them voted for María Corina Machado, candidate of the Vente Venezuela party.
Machado faces an illegal disqualification that, according to the current government, prevents her from holding public office for the next 15 years. Access to Justice has shown that the disqualification is illegal because, among other things, it is out of time, was carried out without the right to defence and was done without the power to disqualify.
Machado is not alone. Since 2002, the government has disqualified more than 1400 citizens according to the organisation Access to Justice, among them Juan Guaidó, Leopoldo López and Henrique Capriles, the three opposition politicians.
The agreement signed in Barbados by the government and the opposition clearly specifies that:
"Authorisation will be promoted to all presidential candidates and political parties, as long as they comply with the established requirements to participate in the election." Moreover, the first point of the agreement is explicit: each party will be free to use whatever mechanism it decides to use to choose its candidacy, and that is what happened with the opposition in last year's primary: Machado was overwhelmingly elected as the presidential candidate.
In addition to the lack of disqualifications, the political leader's team and other civil society and opposition figures have been victims of judicial persecution and even enforced disappearance. In December the prosecutor's office issued arrest warrants for opposition figures: Henry Álvarez, national coordinator of Vente Venezuela; Claudia Macero and Pedro Urruchurtu, communications and international affairs coordinators respectively for the same party; David Smolansky, activist and former mayor; Yon Goicoechea, activist and member of the Popular Will party; and Roberto Abdul, director of the NGO Súmate, who was arrested. The persecution has not ceased.
In late January, Vente Venezuela commanders Juan Freites, Luis Camacaro and Guillermo López were victims of enforced disappearance after state forces detained them and gave no details about their location. More recently, human rights activist Rocío San Miguel was a victim of the same situation. Now all four remain kidnapped by the regime.
For all of the above reasons, those of us who sign this letter seek that:
● The arbitrary, illegal and unconstitutional disqualifications be stopped and all candidates be allowed to participate in the election fairly, without undue restrictions or persecution and with equal access to the necessary media and resources.
● The presence of independent and objective international election observers be allowed to ensure the integrity of the electoral process. Transparency and openness to international observation are crucial elements in building confidence both domestically and internationally in the legitimacy of the results.
● Respect for the political rights of all Venezuelans should be promoted, which implies the opening of the electoral register and the establishment of the necessary conditions for those abroad to exercise their right to vote.

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Petición creada en 29 de febrero de 2024