Con la excusa de la crisis, Gobierno de UPN-PSN ha presentado un proyecto de Ley Foral que regula la que han llamado Renta de Inclusion Social y que sustituye a la Renta Básica. Fundamentalmente se endurecen los requisitos de acceso a esta prestación y conduce a sectores de la población navarra a la pobreza absoluta y a la exclusión social: - pasa de uno a dos años el tiempo de empadronamiento - exige residencia legal, lo que supone que todas las personas inmigrantes "sinpapeles" son excluídas - reduce la cuantía a partir del decimotercer mes Este proyecto de Ley supone un nuevo recorte al sistema de bienestar social, esta vez dirirgido contra los sectores de la sociedad navarra que atraviesan momentos de mayor vulnerabilidad social, muchos de ellos procedentes de una situación de desempleo tras muchos años de trabajo y que ya no tienen derecho a cobrar prestaciones contributivas. Por lo tanto, todo esto esta suponiendo un recorte de los derechos sociales de la ciudadanía de Navarra, que fueron aprobados en la Ley Foral 9/1999, para una Carta de Derechos Sociales. En un momento en el que el reparto de la riqueza es más necesario que nunca no deberían promulgarse leyes que tengan por objeto la supresión de medidas tendentes a equilibrar las desigualdades sociales.