Petition Closed

Los firmantes de la presente petición solicitan su amparo al sentir agraviados sus derechos constitucionales y desprotegidos ante las medidas abusivas del Gobierno, que una vez más recurre a sustraer los ingresos de funcionarios y empleados públicos, en esta ocasión mediante Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio.
Las pagas extras están expresamente reconocidas en nuestra legislación laboral. Para el personal funcionario en el artículo 22.4 del Estatuto Básico del Empleado Público, y para el personal laboral en el artículo 31 del Estatuto de los Trabajadores, en el cual se señala literalmente que:
“El trabajador tiene derecho a dos gratificaciones extraordinarias al año, una de ellas con ocasión de las fiestas de navidad (….)”
La literalidad de la norma es clara, hay que abonar dos pagas extraordinarias, una de ellas necesariamente en navidad, y este es un derecho que se extiende a todos los trabajadores regulados por el Estatuto de los Trabajadores. El artículo no distingue entre empleados públicos o privados, ni entre sectores de actividad. Las dos pagas extras son un derecho inalienable del trabajador. De todo trabajador.
El art. 14 de la Constitución establece que todos los españoles son iguales ante la ley sin que pueda existir discriminación basada, entre otras causas, en circunstancias personales o sociales y aún menos por haber obtenido el puesto de trabajo concursando con meritos, titulación y oposición.
No podemos seguir consintiendo una actitud por parte del Gobierno, que extrapolada a otro colectivo cualquiera y en cualquier situación, sería considerada “mobbing” por un tribunal.
Es preciso recordar que en el año 2010 todo el personal al servicio de la Administración experimentó un descenso medio del 5% en sus retribuciones, y que en el 2011 y el 2012, se procedió a la congelación de su salario. Todo ello, sumado al padecimiento que como el resto de los ciudadanos venimos sufriendo en forma de recortes sociales, aumento de la presión fiscal, elevación de tasas, etc., nos lleva a recurrir a su mediación para llevar al Tribunal Constitucional el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio de manera que no puedan quedar vulnerados los derechos de más de dos millones de trabajadores españoles.
Nuestros ingresos son el sustento de nuestras familias y no la hucha de emergencias del gobierno de turno.

Letter to
Defensora del Pueblo Ilma. Sra. Dña. María Soledad Becerril Bustamante
Acabo de firmar la siguiente petición pidiendo a:DEFENSORA DEL PUEBLO

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Denunciar por inconstitucional la "suspensión" de la paga de Navidad.

Los firmantes de la presente petición solicitan su amparo al sentir agraviados sus derechos constitucionales y desprotegidos ante las medidas abusivas del Gobierno, que una vez más recurre a sustraer los ingresos de funcionarios y empleados públicos, en esta ocasión mediante Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio.
Las pagas extras están expresamente reconocidas en nuestra legislación laboral. Para el personal funcionario en el artículo 22.4 del Estatuto Básico del Empleado Público, y para el personal laboral en el artículo 31 del Estatuto de los Trabajadores, en el cual se señala literalmente que:
“El trabajador tiene derecho a dos gratificaciones extraordinarias al año, una de ellas con ocasión de las fiestas de navidad (….)”
La literalidad de la norma es clara, hay que abonar dos pagas extraordinarias, una de ellas necesariamente en navidad, y este es un derecho que se extiende a todos los trabajadores regulados por el Estatuto de los Trabajadores. El artículo no distingue entre empleados públicos o privados, ni entre sectores de actividad. Las dos pagas extras son un derecho inalienable del trabajador. De todo trabajador.
El art. 14 de la Constitución establece que todos los españoles son iguales ante la ley sin que pueda existir discriminación basada, entre otras causas, en circunstancias personales o sociales y aún menos por haber obtenido el puesto de trabajo concursando con meritos, titulación y oposición.
No podemos seguir consintiendo una actitud por parte del Gobierno, que extrapolada a otro colectivo cualquiera y en cualquier situación, sería considerada “mobbing” por un tribunal.
Es preciso recordar que en el año 2010 todo el personal al servicio de la Administración experimentó un descenso medio del 5% en sus retribuciones, y que en el 2011 y el 2012, se procedió a la congelación de su salario. Todo ello, sumado al padecimiento que como el resto de los ciudadanos venimos sufriendo en forma de recortes sociales, aumento de la presión fiscal, elevación de tasas, etc., nos lleva a recurrir a su mediación para llevar al Tribunal Constitucional el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio de manera que no puedan quedar vulnerados los derechos de más de dos millones de trabajadores españoles.
Nuestros ingresos son el sustento de nuestras familias y no la hucha de emergencias del gobierno de turno.
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Atentamente,