ENGLISH:

Who is affected?
Across the European Union, millions of people — including the elderly, those living in rural areas, citizens without access to digital banking, and individuals who value privacy in their transactions — rely on cash as their primary means of payment. However, an increasing number of businesses, service providers, and even public administrations are refusing cash payments, often citing internal policies or convenience. This practice directly excludes vulnerable groups, erodes consumer rights, and contradicts the legal framework established by Article 128 of the Treaty on the Functioning of the EU and Regulation (EC) No 974/98, which define the euro as legal tender.

 
What is at stake?
If this trend continues unchecked, the EU risks undermining financial inclusion, privacy, and resilience in its payment systems. Cash is the only public form of money, free from dependence on private infrastructure, electricity, or the internet. Limiting its use shifts control entirely to digital payment providers, exposing citizens to tracking, higher fees, and potential exclusion from the economy. The Court of Justice of the EU has already ruled (Cases C-422/19 and C-423/19) that cash cannot be arbitrarily refused, yet without stronger enforcement, this legal right will remain largely theoretical.

 
Why act now?
The European Commission has recognised this urgency in its 2023 Proposal COM(2023) 364 final, aiming to strengthen the legal obligation to accept cash. But without immediate public pressure, this regulation may be weakened or delayed. Acting now means safeguarding a democratic, inclusive, and universally accessible payment method for current and future generations. Every day that passes without decisive action increases the risk of cash becoming marginalised, leaving millions without a viable means of payment. We must demand that EU institutions adopt binding legislation ensuring the universal acceptance of cash, with only limited, justified exceptions — before it is too late.

ESPAÑOL:

¿Quién se ve afectado?
En toda la Unión Europea, millones de personas —incluyendo personas mayores, habitantes de zonas rurales, ciudadanos sin acceso a la banca digital y quienes valoran la privacidad en sus transacciones— dependen del efectivo como principal medio de pago. Sin embargo, cada vez más comercios, prestadores de servicios e incluso administraciones públicas rechazan pagos en efectivo, alegando políticas internas o razones de conveniencia. Esta práctica excluye directamente a los colectivos más vulnerables, erosiona los derechos de los consumidores y contradice el marco legal establecido por el artículo 128 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) y el Reglamento (CE) nº 974/98, que reconocen al euro como moneda de curso legal.

 
¿Qué está en juego?
Si esta tendencia continúa sin control, la UE corre el riesgo de socavar la inclusión financiera, la privacidad y la resiliencia de sus sistemas de pago. El efectivo es la única forma de dinero público, independiente de infraestructuras privadas, de la electricidad o de internet. Limitar su uso supone entregar el control por completo a los proveedores de pagos digitales, exponiendo a los ciudadanos a seguimiento, comisiones más altas y la posible exclusión de la economía. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ya ha dictaminado (asuntos C-422/19 y C-423/19) que el efectivo no puede ser rechazado de forma arbitraria, pero sin una aplicación efectiva, este derecho seguirá siendo en gran medida teórico.

 
¿Por qué actuar ahora?
La Comisión Europea ha reconocido esta urgencia en su Propuesta COM(2023) 364 final, cuyo objetivo es reforzar la obligación legal de aceptar efectivo. Pero sin presión ciudadana inmediata, esta regulación podría verse debilitada o retrasada. Actuar ahora significa salvaguardar un medio de pago democrático, inclusivo y universalmente accesible para las generaciones presentes y futuras. Cada día que pasa sin medidas firmes aumenta el riesgo de que el efectivo quede relegado, dejando a millones de personas sin un medio de pago viable. Debemos exigir que las instituciones europeas aprueben una legislación vinculante que garantice la aceptación universal del efectivo, con excepciones limitadas y justificadas, antes de que sea demasiado tarde.