¡Defendamos Costa Rica! No a las bases militares extranjeras, sí a la neutralidad perpetua

El problema

Dirigida a: Asamblea Legislativa de Costa Rica, Sra. Laura Fernández, Presidenta de la República

Resumen de la petición:

Exigimos a la Asamblea Legislativa y al Poder Ejecutivo que rechacen cualquier reforma constitucional que pretenda autorizar la instalación de bases militares extranjeras en territorio costarricense. Nuestra neutralidad perpetua, activa y no armada es un pilar de nuestra identidad nacional y un compromiso internacional reconocido por Naciones Unidas. No permitiremos que el pretexto del narcotráfico destruya 177 años de tradición pacifista.

Carta de la petición:

A quienes corresponda:

Los costarricenses y costarricenses abajo firmantes, ejerciendo nuestro derecho a la participación ciudadana y en defensa de nuestra soberanía, nos dirigimos a ustedes para expresar nuestro más enérgico rechazo a cualquier iniciativa de reforma constitucional que permita la instalación de bases militares extranjeras en nuestro país.

Recientemente, el asesor presidencial Fabián Silva ha planteado públicamente la posibilidad de reformar la Constitución para autorizar bases militares de Estados Unidos en Limón, Puntarenas y Guanacaste, argumentando que sería una estrategia para combatir el narcotráfico y el crimen organizado. Esta propuesta, lejos de ser una solución viable, representa una amenaza existencial para nuestra identidad nacional y para el régimen jurídico que nos ha distinguido internacionalmente durante décadas.

Nuestra neutralidad es un compromiso internacional

Costa Rica no es un país más. Somos la nación que abolió el ejército en 1948 mediante el artículo 12 de nuestra Constitución Política. Somos el país que proclamó su neutralidad perpetua, activa y no armada el 17 de noviembre de 1983, mediante decreto ejecutivo del presidente Luis Alberto Monge. Somos el Estado que reconoció la paz como derecho humano mediante la Ley N°9288 del 21 de noviembre de 2014.

Nuestra neutralidad ha sido reconocida internacionalmente. En el año 2013, el secretario de la Asamblea General de Naciones Unidas, en el reporte oficial A/68/284, señaló expresamente a Costa Rica como un ejemplo alentador de país que incluye en su ordenamiento jurídico disposiciones específicas sobre la paz, mencionando además la jurisprudencia de nuestra Sala Constitucional que ha defendido este principio.

El precedente jurisprudencial: voto 2004-09992

La Sala Constitucional, en su emblemático voto 2004-09992 del 8 de setiembre de 2004, fue clara e inequívoca: cualquier apoyo a acciones bélicas emprendidas al margen del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas es inconstitucional. El tribunal estableció que la paz es un valor constitucional que forma parte de la "constitución viva", y calificó la Proclama de Neutralidad como un acto unilateral del Estado que genera obligaciones jurídicas vinculantes en virtud del principio de buena fe.

Una base militar no es un "apoyo moral": es una instalación permanente que implica jurisdicción, inmunidades y presencia militar constante. Viola el artículo 12 constitucional que proscribe el ejército, y viola también el principio de neutralidad perpetua que hemos prometido a la comunidad internacional.

El socio propuesto: un historial de violaciones al derecho internacional

El país al que se pretende entregar porciones de nuestro territorio ha demostrado, una y otra vez, su desprecio por el derecho internacional.

Estados Unidos no es parte del Estatuto de Roma, el tratado que creó la Corte Penal Internacional en 1998. Cuando la fiscal fue autorizada para investigar crímenes de guerra en Afganistán, la reacción fue revocarle la visa y amenazar con sanciones. John Bolton calificó a la CPI como "ilegítima".

El pasado 20 de febrero de 2026, Estados Unidos vetó en el Consejo de Seguridad de la ONU una resolución que demandaba un alto el fuego inmediato, incondicional y permanente en Gaza y el acceso sin obstáculos a la ayuda humanitaria. La resolución obtuvo 14 votos a favor y solo uno en contra: el de Estados Unidos. El embajador de Pakistán declaró que este veto "transmite el gravísimo mensaje de que las vidas de dos millones de palestinos no tienen valor".

Este es el historial del país al que se propone entregar bases militares: un país que no reconoce la Corte Penal Internacional, que veta resoluciones humanitarias, que ha participado en guerras de agresión en Irak y Afganistán, y que ahora está involucrado en operaciones militares en Irán y en negociaciones cuestionadas sobre Ucrania.

El pretexto del narcotráfico

El argumento de "bases militares para combatir el narcotráfico" es el mismo pretexto usado históricamente para justificar intervenciones en América Latina: la Doctrina Monroe, la Doctrina de Seguridad Nacional, el Plan Colombia, la Iniciativa Mérida. Siempre la misma historia: una potencia ofrece "seguridad" a cambio de soberanía.

Pero el narcotráfico no se combate con bases militares. Se combate con inteligencia, con cooperación judicial, con desarrollo social, con control de precursores químicos, con políticas de salud pública. Lo que una base militar garantiza no es la derrota del narcotráfico, sino la presencia permanente de una potencia extranjera en nuestro territorio.

Costa Rica ya puede realizar patrullajes conjuntos, operativos coordinados e intercambio de inteligencia sin necesidad de reformar la Constitución. Lo que no puede —ni debe— es ceder soberanía.

Nuestra exigencia

Por todo lo expuesto, los abajo firmantes exigimos:

1. Que la Asamblea Legislativa rechace de plano cualquier proyecto de reforma constitucional que pretenda autorizar la instalación de bases militares extranjeras en territorio costarricense.

2. Que la presidenta Laura Fernández y su equipo técnico se pronuncien públicamente en contra de esta propuesta y reafirmen el compromiso del gobierno entrante con la neutralidad perpetua, activa y no armada de Costa Rica.

3. Que se respete y cumpla la jurisprudencia de la Sala Constitucional, en particular el voto 2004-09992, que establece la inconstitucionalidad de cualquier apoyo a acciones bélicas emprendidas al margen de Naciones Unidas.

4. Que se mantenga incólume el artículo 12 de nuestra Constitución Política, que proscribe el ejército como institución permanente.

La neutralidad no se reforma. Se defiende.

Como dijo la Sala Constitucional en 2004: "Ese día esta nación dio un giro, decidimos que cualquier costo que debamos correr para luchar por la paz, siempre será menor que los costos irreparables de la guerra".

Costa Rica ha sido durante décadas un faro de paz en un mundo convulsionado. No permitamos que intereses ajenos y promesas de falsa seguridad destruyan el legado que nos han dejado generaciones de costarricenses.

Firma esta petición. Comparte este mensaje. Defendamos nuestra soberanía.

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Corporacion ESSACreador de la peticiónLicenciado en Derecho

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El problema

Dirigida a: Asamblea Legislativa de Costa Rica, Sra. Laura Fernández, Presidenta de la República

Resumen de la petición:

Exigimos a la Asamblea Legislativa y al Poder Ejecutivo que rechacen cualquier reforma constitucional que pretenda autorizar la instalación de bases militares extranjeras en territorio costarricense. Nuestra neutralidad perpetua, activa y no armada es un pilar de nuestra identidad nacional y un compromiso internacional reconocido por Naciones Unidas. No permitiremos que el pretexto del narcotráfico destruya 177 años de tradición pacifista.

Carta de la petición:

A quienes corresponda:

Los costarricenses y costarricenses abajo firmantes, ejerciendo nuestro derecho a la participación ciudadana y en defensa de nuestra soberanía, nos dirigimos a ustedes para expresar nuestro más enérgico rechazo a cualquier iniciativa de reforma constitucional que permita la instalación de bases militares extranjeras en nuestro país.

Recientemente, el asesor presidencial Fabián Silva ha planteado públicamente la posibilidad de reformar la Constitución para autorizar bases militares de Estados Unidos en Limón, Puntarenas y Guanacaste, argumentando que sería una estrategia para combatir el narcotráfico y el crimen organizado. Esta propuesta, lejos de ser una solución viable, representa una amenaza existencial para nuestra identidad nacional y para el régimen jurídico que nos ha distinguido internacionalmente durante décadas.

Nuestra neutralidad es un compromiso internacional

Costa Rica no es un país más. Somos la nación que abolió el ejército en 1948 mediante el artículo 12 de nuestra Constitución Política. Somos el país que proclamó su neutralidad perpetua, activa y no armada el 17 de noviembre de 1983, mediante decreto ejecutivo del presidente Luis Alberto Monge. Somos el Estado que reconoció la paz como derecho humano mediante la Ley N°9288 del 21 de noviembre de 2014.

Nuestra neutralidad ha sido reconocida internacionalmente. En el año 2013, el secretario de la Asamblea General de Naciones Unidas, en el reporte oficial A/68/284, señaló expresamente a Costa Rica como un ejemplo alentador de país que incluye en su ordenamiento jurídico disposiciones específicas sobre la paz, mencionando además la jurisprudencia de nuestra Sala Constitucional que ha defendido este principio.

El precedente jurisprudencial: voto 2004-09992

La Sala Constitucional, en su emblemático voto 2004-09992 del 8 de setiembre de 2004, fue clara e inequívoca: cualquier apoyo a acciones bélicas emprendidas al margen del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas es inconstitucional. El tribunal estableció que la paz es un valor constitucional que forma parte de la "constitución viva", y calificó la Proclama de Neutralidad como un acto unilateral del Estado que genera obligaciones jurídicas vinculantes en virtud del principio de buena fe.

Una base militar no es un "apoyo moral": es una instalación permanente que implica jurisdicción, inmunidades y presencia militar constante. Viola el artículo 12 constitucional que proscribe el ejército, y viola también el principio de neutralidad perpetua que hemos prometido a la comunidad internacional.

El socio propuesto: un historial de violaciones al derecho internacional

El país al que se pretende entregar porciones de nuestro territorio ha demostrado, una y otra vez, su desprecio por el derecho internacional.

Estados Unidos no es parte del Estatuto de Roma, el tratado que creó la Corte Penal Internacional en 1998. Cuando la fiscal fue autorizada para investigar crímenes de guerra en Afganistán, la reacción fue revocarle la visa y amenazar con sanciones. John Bolton calificó a la CPI como "ilegítima".

El pasado 20 de febrero de 2026, Estados Unidos vetó en el Consejo de Seguridad de la ONU una resolución que demandaba un alto el fuego inmediato, incondicional y permanente en Gaza y el acceso sin obstáculos a la ayuda humanitaria. La resolución obtuvo 14 votos a favor y solo uno en contra: el de Estados Unidos. El embajador de Pakistán declaró que este veto "transmite el gravísimo mensaje de que las vidas de dos millones de palestinos no tienen valor".

Este es el historial del país al que se propone entregar bases militares: un país que no reconoce la Corte Penal Internacional, que veta resoluciones humanitarias, que ha participado en guerras de agresión en Irak y Afganistán, y que ahora está involucrado en operaciones militares en Irán y en negociaciones cuestionadas sobre Ucrania.

El pretexto del narcotráfico

El argumento de "bases militares para combatir el narcotráfico" es el mismo pretexto usado históricamente para justificar intervenciones en América Latina: la Doctrina Monroe, la Doctrina de Seguridad Nacional, el Plan Colombia, la Iniciativa Mérida. Siempre la misma historia: una potencia ofrece "seguridad" a cambio de soberanía.

Pero el narcotráfico no se combate con bases militares. Se combate con inteligencia, con cooperación judicial, con desarrollo social, con control de precursores químicos, con políticas de salud pública. Lo que una base militar garantiza no es la derrota del narcotráfico, sino la presencia permanente de una potencia extranjera en nuestro territorio.

Costa Rica ya puede realizar patrullajes conjuntos, operativos coordinados e intercambio de inteligencia sin necesidad de reformar la Constitución. Lo que no puede —ni debe— es ceder soberanía.

Nuestra exigencia

Por todo lo expuesto, los abajo firmantes exigimos:

1. Que la Asamblea Legislativa rechace de plano cualquier proyecto de reforma constitucional que pretenda autorizar la instalación de bases militares extranjeras en territorio costarricense.

2. Que la presidenta Laura Fernández y su equipo técnico se pronuncien públicamente en contra de esta propuesta y reafirmen el compromiso del gobierno entrante con la neutralidad perpetua, activa y no armada de Costa Rica.

3. Que se respete y cumpla la jurisprudencia de la Sala Constitucional, en particular el voto 2004-09992, que establece la inconstitucionalidad de cualquier apoyo a acciones bélicas emprendidas al margen de Naciones Unidas.

4. Que se mantenga incólume el artículo 12 de nuestra Constitución Política, que proscribe el ejército como institución permanente.

La neutralidad no se reforma. Se defiende.

Como dijo la Sala Constitucional en 2004: "Ese día esta nación dio un giro, decidimos que cualquier costo que debamos correr para luchar por la paz, siempre será menor que los costos irreparables de la guerra".

Costa Rica ha sido durante décadas un faro de paz en un mundo convulsionado. No permitamos que intereses ajenos y promesas de falsa seguridad destruyan el legado que nos han dejado generaciones de costarricenses.

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