El Gran Bosque de Agua es uno de los territorios estratégicos más importantes para la seguridad hídrica, ecológica, económica y cultural de México. Con una extensión aproximada de 1.25 millones de hectáreas, este mosaico de bosques, pastizales, matorrales, barrancas, humedales, sistemas agroforestales y agroecosistemas tradicionales se extiende a través de la Ciudad de México, el Estado de México, Morelos, Puebla y Michoacán, conformando una de las regiones bioculturales más valiosas del país.

En este territorio se localizan la Sierra de las Cruces, la Sierra Nevada, el Chichinautzin, el Nevado de Toluca, la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca y numerosas Áreas Naturales Protegidas federales, estatales, comunitarias y privadas, incluyendo el Parque Estatal Otomí-Mexica, el Parque Nacional Lagunas de Zempoala, el Parque Nacional El Tepozteco, el Corredor Biológico Chichinautzin, el Área de Protección de Flora y Fauna Nevado de Toluca, el Área de Protección de Recursos Naturales de las Cuencas de los Ríos Valle de Bravo, Malacatepec, Tilostoc y Temascaltepec, así como el Suelo de Conservación de la Ciudad de México.

Gracias a sus ecosistemas, el Gran Bosque de Agua asegura la captación, infiltración, almacenamiento y provisión de agua para al menos 35 millones de mexicanas y mexicanos. Asimismo, alberga aproximadamente el 20% de la biodiversidad nacional y sostiene directa o indirectamente cerca del 30% de la actividad económica del país.

Sin embargo, pese a que gran parte del territorio ya cuenta con alguna figura de protección, la realidad demuestra que los instrumentos actuales han sido insuficientes. Durante las últimas tres décadas se ha perdido cerca del 30% de la cobertura forestal de la región. La tala ilegal continúa avanzando, la expansión urbana desordenada fragmenta los ecosistemas, el huachicoleo del agua afecta comunidades y acuíferos, la extracción irregular o ilegal de productos forestales no maderables degrada los paisajes, y el desplazamiento de pueblos y comunidades indígenas y originarias amenaza el patrimonio biocultural que durante siglos ha permitido la conservación de estos territorios.

La pérdida de conocimiento tradicional, de prácticas agroecológicas y de sistemas comunitarios de manejo representa un riesgo tan grave como la pérdida de bosques. Sin las comunidades que han cuidado históricamente estos ecosistemas, no existe una estrategia viable de conservación a largo plazo.

Por ello solicitamos que el Gobierno de México impulse el reconocimiento del Gran Bosque de Agua como una Región Hídrica y Biocultural de Prioridad Nacional, bajo un esquema innovador que complemente y fortalezca las figuras de conservación existentes, sin sustituirlas ni afectar los derechos de propiedad, posesión o aprovechamiento legítimo de ejidos, comunidades agrarias, pueblos indígenas y propietarios privados.

Esta declaratoria deberá establecer como objetivos prioritarios:

-Detener la pérdida neta de ecosistemas naturales y seminaturales en toda la región. Proteger bosques, matorrales, pastizales, barrancas, humedales, cuerpos de agua y sistemas agroforestales tradicionales.
-Fortalecer la gobernanza territorial de los pueblos y comunidades originarias.
-Garantizar la restauración de paisajes degradados mediante incentivos económicos y programas públicos de largo plazo.
-Combatir de manera coordinada la tala ilegal, el cambio de uso de suelo, el huachicoleo del agua y la extracción ilegal de recursos naturales.
-Promover el aprovechamiento sustentable de los recursos forestales y bioculturales.
-Fortalecer la investigación científica, el monitoreo ambiental y la educación para la conservación.
-Establecer mecanismos vinculantes de coordinación interestatal e interinstitucional entre los tres órdenes de gobierno.

La propuesta no implica expropiaciones ni restricciones arbitrarias sobre las comunidades. Las tierras continuarán siendo propiedad o posesión de ejidos, comunidades, pueblos originarios y propietarios legítimos. Tampoco se limitará el acceso humano al agua. Por el contrario, busca fortalecer la capacidad de las comunidades originarias para conservar y aprovechar sustentablemente el territorio, reconociendo que son las principales guardianas del Gran Bosque de Agua.

Una propuesta construida con evidencia y consenso

La declaratoria del Gran Bosque de Agua como Región de Seguridad Hídrica y Biocultural de Prioridad Nacional no es una iniciativa improvisada. Es el resultado de un amplio proceso de análisis, consulta y construcción colectiva que ha involucrado a instituciones gubernamentales, centros de investigación, universidades, organizaciones de la sociedad civil, especialistas y comunidades de la región.

La propuesta se basa en una reforma a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), la Ley General de Aguas y la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, sustentada en un proceso participativo que incluyó entrevistas a profundidad con especialistas provenientes de los sectores gubernamental, académico, social y privado, así como cerca de 300 aportaciones ciudadanas recabadas mediante una consulta pública en línea.

Durante los últimos años se han desarrollado diversos espacios de diálogo científico, legislativo e interinstitucional que han permitido consolidar esta propuesta. Entre ellos destacan la firma del Convenio para la Defensa del Bosque de Agua entre la SEMARNAT, la Ciudad de México, el Estado de México y Morelos; el acuerdo de colaboración entre instituciones de ciencia y tecnología de la Ciudad de México, Estado de México, Morelos y Michoacán; el Foro Bosque de Agua realizado en la Universidad Iberoamericana; el Foro Clima, Bosques y Seguridad Nacional en la Cámara de Diputados Federal; el Foro Ecosistemas Estratégicos: Clima, Seguridad Hídrica y Patrimonio Biocultural en México realizado en la Cámara de Diputados en coordinación con las comisiones legislativas de medio ambiente y agua; así como el Primer Seminario por la Restauración de los Paisajes del Gran Bosque de Agua.

La propuesta legislativa incorpora cinco ejes rectores fundamentales:

• Armonización y coordinación regional entre entidades federativas y órdenes de gobierno.

• Ordenamiento territorial vinculante para contener la expansión urbana desordenada y regular actividades con impactos significativos sobre la recarga hídrica.

• Instrumentos económicos que promuevan la corresponsabilidad y la restauración de paisajes.

• Integración de la perspectiva de género y la inclusión social en la gestión territorial.

• Reconocimiento de la naturaleza como sujeto de derechos.

La iniciativa crea la figura jurídica de "Región de Seguridad Hídrica y Biocultural", otorgando a la Federación la facultad expresa para declarar y regular estos territorios estratégicos, así como para promover mecanismos permanentes de coordinación entre instituciones y entidades federativas.

Asimismo, establece la creación de una Comisión Interestatal Permanente integrada por representantes de los tres órdenes de gobierno, CONANP, CONAGUA, PROFEPA, CONAFOR, consejos de ciencia y tecnología, universidades, núcleos agrarios y pueblos originarios. Esta comisión tendría la responsabilidad de coordinar el ordenamiento ecológico regional, emitir opiniones técnicas sobre proyectos con posibles impactos en la recarga hídrica, impulsar acciones de restauración y conservación, promover la investigación científica, fortalecer corredores biológicos y garantizar que las políticas públicas sean compatibles con la protección de los ecosistemas y del agua.

La declaratoria solamente podría otorgarse a territorios que cumplan criterios estrictos de relevancia socioecológica e hídrica, entre ellos: contribuir significativamente a la recarga de acuíferos, abarcar preferiblemente más de una entidad federativa, abastecer de agua a grandes zonas metropolitanas, presentar riesgos de sobreexplotación hídrica y mantener conectividad ecológica entre ecosistemas estratégicos.

El Gran Bosque de Agua cumple plenamente con estos criterios y representa el caso más sólido para convertirse en la primera Región de Seguridad Hídrica y Biocultural de México.

Es importante señalar que esta figura no sustituye ni modifica las Áreas Naturales Protegidas existentes, ni ninguna otra modalidad de protección vigente. Tampoco implica expropiaciones ni cambios en la propiedad de la tierra. Se trata de una figura complementaria de coordinación territorial destinada a fortalecer la conectividad ecológica, mejorar la gobernanza regional y enfrentar de manera conjunta amenazas como la tala ilegal, la expansión urbana desordenada, la sobreexplotación de acuíferos y la degradación de los ecosistemas.

La protección del Gran Bosque de Agua no puede depender de acciones aisladas. Requiere una visión regional, una coordinación efectiva entre instituciones y el reconocimiento de que la seguridad hídrica de millones de personas depende de la conservación de este territorio estratégico.

México no puede darse el lujo de seguir perdiendo el territorio que garantiza el agua, la biodiversidad y la estabilidad climática de la región más poblada del país.

Por ello solicitamos a las autoridades federales, estatales y legislativas iniciar el proceso para reconocer y decretar al Gran Bosque de Agua como una Región Hídrica y Biocultural de Prioridad Nacional, construida con la participación activa de pueblos indígenas, comunidades agrarias, academia, organizaciones sociales y ciudadanía.

El agua de mañana depende de las decisiones que tomemos hoy.

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