NO permitan que el Censo invisibilice a más de 3 millones de colombianos con discapacidad

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Como ciudadanos que anhelamos vivir en una sociedad justa, pacífica y equitativa, que respeta los derechos de toda la población y defiende de manera especial los derechos de las poblaciones en situación vulnerable, estamos inmensamente preocupados e inconformes con la reciente decisión de excluir las preguntas sobre discapacidad del Censo Poblacional y de Vivienda 2018 por motivos presupuestales y fiscales. A causa de esta decisión, por lo menos 3 millones de colombianos con discapacidad pueden ver sus derechos gravemente vulnerados. 

Las personas con discapacidad, familiares, cuidadores y quienes trabajamos en temas de discapacidad e inclusión hemos insistido en diferentes escenarios sobre la urgencia e importancia de tener datos precisos y confiables sobre discapacidad. El Censo más reciente del año 2005 establece que en Colombia el 6,4% de la población tiene algún tipo de discapacidad (esto es más de 3 millones de colombianos), mientras la OMS indica que es más del 15% (más de 7 millones), lo que quiere decir que los datos con los que contamos no reflejan la realidad. El deber de recolectar estos datos está respaldado tanto en la constitución como en las normas internacionales acogidas en nuestra legislación. 

Día a día toco puertas gestionando procesos y acciones a favor de la inclusión, y una de las barreras con las que me suelo encontrar es el pensamiento de que esta población es una minoría y por lo tanto "no se justifica la inversión" para responder a sus necesidades. Lo que es cierto es que esta población y sus necesidades siguen siendo invisibilizadas, y el hecho de no contar con datos confiables dificulta o entorpece cualquier acción que se quiera realizar a favor de sus derechos. Reconocemos la importancia de realizar un Censo, no solo como herramienta de recolección de datos sino como herramienta de planeación. Por este motivo, consideramos que sería una pérdida irreversible que el Censo sea implementado sin recolectar la información sobre discapacidad. 

Los diferentes esfuerzos que se han hecho en otros momentos por tener mejores datos han sido insuficientes, ya que solo el Censo, por definición, permite tener información completa de toda la población. Hemos esperando 12 años para tener un nuevo Censo que nos permita tener información actualizada y, por ende, mejores herramientas para impulsar cambios en el sector. Estamos hablando de los derechos de por lo menos 3 millones de colombianos que también tienen necesidades de salud, estudio, trabajo, vivienda, movilidad, recreación, esparcimiento, etc., como el resto de los ciudadanos, pero con barreras considerablemente mayores para que sean satisfechas. Nos preocupa preguntarnos ¿cuántos años más tendremos que esperar hasta que se vuelva a hacer otro Censo?, ¿cómo se podrán compensar tantos años en que no se han hecho acciones contundentes por la inclusión, en parte por falta de datos? Si ya tenemos una deuda histórica inmensa con esta población, ¿por cuántos años más la seguiremos extendiendo? 

Por los motivos mencionados, pedimos que la decisión del DANE se revierta y sean incluidas las preguntas de discapacidad antes de iniciar la aplicación del Censo el 9 de enero de 2018, tal como se hizo en el Censo Experimental del 2016 o, en su defecto, que se suspenda la aplicación del mismo hasta que el asunto presupuestal sea resuelto con la mayor brevedad posible, como una acción preventiva frente a la vulneración de derechos. 



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