Victoria

Renuncien a ejercer la acción penal contra los padres de Rubén

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Rubén es un niño que, hasta el curso escolar 2009/2010, había podido educarse en un colegio ordinario, de manera satisfactoria y plenamente integrado con sus compañeros y compañeras, pudiendo ejercitar su derecho a la educación en igualdad de condiciones mediante el acceso a los apoyos necesarios para atender adecuadamente a las necesidades educativas especiales que se relacionaban con su Síndrome de Down.

Sin embargo, en el curso escolar 2009/2010 y en el siguiente, 2010/2011, Rubén empezó a sufrir rechazo y malos tratos físicos, verbales y morales por parte de algunos de sus profesores y tutores, lo que inevitablemente supuso un cambio de su experiencia vital y educativa.

La nueva situación pretendió solucionarse por parte de la administración educativa con una Resolución de la Directora Provincial de Educación en León, de la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León, por la que se acordaba autorizar la matriculación del menor en un Colegio de Educación Especial.

Frente a esa Resolución administrativa, los progenitores de Rubén, Alejandro Calleja y Lucía Loma, han utilizado todas las vías legalmente establecidas para intentar defender el derecho de su hijo a tener una educación en igualdad de condiciones en un colegio ordinario.

Sin embargo, tanto la sentencia del Juzgado Contencioso Administrativo N. 1 de León como la de la Sala de lo Contencioso Administrativo de Valladolid del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León rechazaron que se hubiese vulnerado el derecho de Rubén a la educación en igualdad de condiciones con los demás niños, que hay que entender reconocido conforme a los artículos 14 y 27 de la Constitución española, y que cabe entender como el derecho a la educación inclusiva, que reconoce el artículo 24 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad -que forma parte de nuestro Ordenamiento jurídico desde 2008 y es plenamente exigible ante los tribunales de justicia-. Y el 31 de marzo de este año, la Sección Tercera de la Sala Segunda de nuestro Tribunal Constitucional decidió que ni siquiera tenía que admitir a trámite el recurso de amparo promovido por los padres de Rubén, “dada la manifiesta inexistencia de violación de un derecho fundamental tutelable en amparo”.

Todo este proceso ha sido doloroso para Rubén y para sus padres, pero éstos siempre han procurado que fuese lo menos traumático posible para Rubén. Para ello han utilizado las vías legalmente establecidas para intentar defender el derecho de su hijo a tener una educación en igualdad de condiciones en un colegio ordinario, es decir, no han querido que su hijo tuviese que recibir esa educación segregada en un colegio especial, que para la administración es la única a la que tiene derecho Rubén debido a su Síndrome de Down.

Ningún camino es fácil, pero los progenitores de Rubén han optado por seguir el largo y costoso (económica y emocionalmente) camino de la defensa legal y judicial del derecho a la educación inclusiva de su hijo, y asumir personalmente, con la ayuda de distintos especialistas, la educación de Rubén.

Hasta ahora, no han obtenido la debida protección jurídica en la defensa de los derechos de su hijo, pero el pasado mes de mayo la situación ha empeorado al iniciarse de manera formal un procedimiento penal contra ellos. El Juzgado de Instrucción N. 3 de León ha decretado la apertura de juicio oral, teniéndose por formulada la acusación contra el padre y la madre de Rubén por el delito de abandono de familia, requiriéndoseles, incluso, la fianza de 2.400 € de cada uno de ellos para asegurar las responsabilidades pecuniarias que, en definitiva, pudieran finalmente serles impuestas.

Ante esta situación, la Organización SOLCOM, se ha dirigido al titular de la jefatura de la Fiscalía provincial de León y al Fiscal General del Estado instando al Ministerio Público a que renuncie a ejercer la acción penal contra los padres de Rubén. Al mismo tiempo, profesorado Universitario e Investigadores del ámbito de la Educación de diversas Universidades Españolas y miembros del Instituto de Derechos Humanos “Bartolomé de las Casas” APOYAN a los padres y EXIGEN LA RETIRADA INMEDIATA DE DICHA ACUSACIÓN mediante la publicación de sendos manifiestos.



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