Soy Javier Alba Aparicio, autor de las obras “Macarena y Paco”, también conocidas como “El Semáforo Andaluz” y “Semáforo Flamenco”.

Durante años he creado, registrado y documentado estas obras con la convicción de que la cultura debe proteger tanto las creaciones como a las personas que las hacen posibles. Mis obras representan una bailaora flamenca y un guitarrista y nacieron con la voluntad de proyectar una imagen de nuestra cultura y de nuestras ciudades.

Entre el 28 de abril y el 6 de junio de 2023, diseños coincidentes con mis obras fueron instalados en dispositivos LED de varios semáforos de Granada y difundidos públicamente.

Cuando tuve conocimiento de la utilización, solicité su retirada urgente y expliqué que no había autorizado ese uso, pero no los retiraron hasta aproximadamente 2 meses más tarde, como tenían previsto, y los dejaron hasta entonces ignorando el requerimiento 

El Ayuntamiento de Granada indicó que los planos habían sido proporcionados por Traffic Futura 2007, S.L. Sin embargo, esos planos coinciden, según he manifestado y documentado, con planos que previamente había elaborado y entregado al Ayuntamiento de Sevilla. Esta circunstancia generó una cuestión esencial: cómo llegaron esos planos a terceros y con qué autorización fueron utilizados fuera de Sevilla.

La resolución dictada en el procedimiento mercantil reconoce que soy el autor de las obras, que son originales y que los dispositivos instalados en Granada reproducían mis diseños. Sin embargo, no obtuve una reparación patrimonial, moral e institucional,  ni un reconocimiento público de mi autoría. 

Durante aproximadamente tres años he tenido que afrontar procedimientos administrativos, contencioso-administrativos y mercantiles para defender una autoría que finalmente ha sido reconocida judicialmente, pero la sentencia no ha reparado el daño causado, ya que no sólo, la obra fue utilizada sin autorización durante dos meses en 12 puntos distintos de la ciudad, sino que fue usada para promocionar Granada durante los dos meses en los que celebra sus fiestas desde el día de La Cruz hasta el Corpus.

Esta vulneración de mi obra registrada significó un rédito económico para el consistorio valorado aproximadamente en 682.328 €, conforme a las tarifas publicitarias aplicables según peritación oficial.

Sin embargo, para mi sorpresa y decepción, el juez decidió eximir al Ayuntamiento de los cargos, dejándome solo a enfrentar el daño financiero y moral que esto me ha costado, especialmente los considerables gastos judiciales que tuve que afrontar, más otros gastos, superando así los 10.000 € y no pudiendo recurrir a la sentencia del juez, ya que suponía otro sobrecoste de 7.000 € en gastos judiciales que no he podido afrontar.

Todo este comportamiento de la administración pública me ha supuesto un daño moral y psicológico muy alto.

El 30 de junio de 2026 solicité asistencia jurídica gratuita para poder continuar defendiendo mis derechos, porque no podía asumir el coste de mi defensa para la apelación de la sentencia del juez, que considero un abuso de poder frente a un simple autor, ya que considero que la sentencia vulnera la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea:

Los hechos pueden afectar a la aplicación efectiva de:

1. el artículo 17.2 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea;
2. el artículo 47 de la Carta;
3. la Directiva 2001/29/CE;
4. y la Directiva 2004/48/CE.

La cuestión no se limita a la existencia abstracta de derechos de autor, sino a si el ordenamiento nacional proporciona una protección efectiva, proporcionada y disuasoria cuando una Administración pública utiliza una obra protegida y posteriormente no concede compensación, rectificación, reconocimiento de autoría ni medidas preventivas.

Para más agravio, Granada pretende proyectarse como ciudad cultural y aspira a ser reconocida como Capital Europea de la Cultura 2031.

Considero incompatible con dicha aspiración que una Administración pública utilice obras protegidas sin autorización suficiente, ignore inicialmente el requerimiento de retirada y no reconozca públicamente la paternidad de las obras ni repare adecuadamente el daño causado.

Mi experiencia no debe afectar únicamente a una persona. Puede servir para evitar que otros creadores se encuentren en la misma situación frente a una Administración pública con muchos más medios económicos, jurídicos y organizativos.

Por eso solicito el establecimiento de un protocolo andaluz de protección de los creadores que obligue o recomiende a las Administraciones:

1. Comprobar quién es el autor antes de utilizar una obra;
2. Verificar la titularidad y el origen de los planos o diseños;
3. Obtener una autorización escrita;
4. Delimitar el territorio, duración, soporte y número de reproducciones;
5. Impedir cesiones a terceros no autorizadas;
6. Reconocer públicamente al creador;
7. Conservar la documentación;
8. Ofrecer orientación y mediación;
   y reparar adecuadamente los daños cuando se produzca un uso no autorizado.

La cultura pública debe proteger a quienes crean las obras que utilizan las instituciones. Una Administración no debería poder difundir una obra en espacios públicos sin identificar a su autor ni trasladar al creador la carga de afrontar durante años procedimientos costosos para defender sus derechos.

Esta petición ciudadana se vincula a la solicitud presentada ante el Parlamento de Andalucía con referencia E132026001673 y asiento 2026003276. No pretende revisar una sentencia ni sustituir a los tribunales. Pretende impulsar una mejora institucional para que los creadores andaluces dispongan de protección, orientación, mediación y reparación efectiva. Con el fin de promover y conseguir un proyecto de Ley tanto en Andalucía como en España.

La cultura es el reflejo de nuestra identidad andaluza y protegerla es esencial para garantizar su vitalidad y preservación. Por favor, únete a mí firmando esta petición para que juntos podamos exigir un cambio que proteja a los creadores y la cultura de Andalucía.

Firma ahora para apoyar esta causa tan necesaria.