Me llamo Rut Carpintero Mediavilla, tengo cuarenta y cuatro años y vivo en mi ciudad natal con mi pareja y mis dos hijas de cinco y tres años. 

Durante casi dos décadas me he dedicado a la docencia, una profesión que he disfrutado y que ha contribuido a que mi existencia haya tenido sentido.

Pero desde abril de 2023 mi vida ha sufrido un cambio drástico en todos los ámbitos. El día 19 de ese mes me desperté sin voz y un médico de familia me diagnosticó faringitis. Tras tres días en la cama con fiebre y vómitos, llamé a una ambulancia para que me llevase a urgencias. Comenzaron a tratarme por una aparente gastroenteritis hasta que empecé a respirar con dificultad. Fue entonces cuando la neumonía dio la cara y, en cuestión de horas, sufrí un shock séptico. La falta de riego sanguíneo en mis extremidades provocó que se gangrenaran. De modo que en junio me amputaron los dos brazos por debajo del codo y las dos piernas, una por debajo de la rodilla y otra por encima. 

Así fue como una bacteria no determinada cambió mi vida para siempre. Sufrir cuatro amputaciones ha supuesto tener que afrontar una gran cantidad de dificultades. Una de las más importantes es no contar con un catálogo de prestaciones ortoprotésicas completo y accesible, por lo que somos muchas las personas amputadas de este país las que tenemos que hacer frente a un largo y costoso proceso de protetización. 

El Ministerio de Sanidad es quien establece un catálogo común de prestación ortoprotésica, el cual no recoge productos esenciales. Además, su financiación depende de cada una de las 17 comunidades autónomas y los criterios que se adoptan no obedecen al bienestar ni a las oportunidades de integración social de los ciudadanos, sino a cuestiones presupuestarias. 

Esta diferenciación por regiones crea grandes desigualdades en el acceso a las prótesis, sillas de ruedas y demás soluciones ortoprotésicas. Que el lugar de residencia determine, entre otras cosas, el acceso a los productos ortoprotésicos, supone una vulneración de la equidad y la universabilidad del derecho a la salud, así como la dignidad y la autonomía de los ciudadanos. 

En mi caso, que no exista un catálogo de prestaciones ortoprotésicas amplio y bien financiado supone varios problemas:

Por una parte, al contar con una única rodilla tengo que apoyarme en las prótesis de miembro superior para poder levantarme, lo que provoca que los guantes que las cubren se rompan al cabo de algo menos de un mes. Sin embargo, la Seguridad Social solo tiene previsto un cambio cada seis meses.

Por otra, ninguna prótesis de miembro superior está preparada para el uso constante que yo tengo que hacer de ellas al no tener manos, de ahí que sufran averías. La única solución posible a esta situación parece ser contar con varias prótesis y alternarlas de acuerdo a la actividad. No obstante, como el catálogo no está bien financiado, la Junta de Castilla y León puede tardar hasta un año en devolverme el dinero que yo me veo obligada a anticipar por las prótesis. En este momento la Administración me debe casi 100.000 euros, por lo que no puedo adelantar más y corro el riesgo de que se me estropeen de nuevo. 

Otro problema es que el catálogo incluye una prótesis de miembro superior que no financia por completo. La Seguridad Social cubre 30.000 de los 38.000 euros que puede alcanzar una mano eléctrica multiarticulada, fundamental para labores de motricidad fina.

También hay que tener en cuenta que el catálogo incluye solo una de esas manos y únicamente en el caso de los amputados bilaterales. De modo que yo tendría que asumir el coste íntegro de la otra (y eso cada cuatro años, que es su tiempo estimado de duración) o vivir con dos prótesis de distinto aspecto, peso y funcionalidad. 

Para que la mano eléctrica multiarticulada sea prescrita por un médico rehabilitador se tiene que seguir un protocolo con unos medios determinados y ninguno de los hospitales públicos de Castilla y León los tiene. 

Es cierto que mi situación no es, afortunadamente, habitual, pero son muchas las personas en este país que también padecen las consecuencias de un catálogo de prestaciones ortoprotésicas deficiente, como es el caso de aquellas que necesitan audífonos, andadores, sillas de ruedas o unas simples muletas. 

Por todo esto, es fundamental la creación de un catálogo de prestaciones ortoprotésicas más amplio, que su aplicación no genere desigualdades terrtioriales negativas, que se atienda a las circunstancias particulares para no disminuir las oportunidades de inclusión social y que las comunidades no hagan recaer el coste de los productos ortoprotésicos ni en el usuario ni en la ortopedia. 

Pido sus firmas porque es una cuestión de justicia garantizar la igualdad en el acceso a las herramientas necesarias para una vida digna y autónoma.

Gracias.