El CERMI CV recurrió este decreto por ser contrario a legislación, al propio Código Civil, y a lo recogido en la Convención de la ONU sobre Derechos de las personas con discapacidad, pero este procedimiento puede ser más largo de lo que las personas con discapacidad y los centros de atención puedan soportar.  Se denuncia que el Decreto 113/2013 genera un empobrecimiento de las personas con discapacidad y va frontalmente en contra de los derechos humanos y de la promoción de la autonomía personal promulgada por la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de Dependencia.

 Pero es que además se está poniendo en peligro la sostenibilidad del sistema, y con ello la dignidad de las personas con discapacidad atendidas, los puestos de trabajo y la actividad económica que se genera en torno a estos centros en los municipios y comarcas donde se encuentra ubicados.  Ello debido a que, según se ha informado en algunas Direcciones Territoriales de Bienestar Social, la aportación de los usuarios va a estar incluida en las subvenciones de la Consellería de Bienestar Social para mantenimiento de centros 2014.  Hasta ahora, esta aportación se sumaba a la subvención.  Ahora se va a descontar, suponiendo una minoración en la financiación y significando que no se cubre un 25 % del coste del servicio en muchos casos.  O lo que es lo mismo, el cierre de centros y servicios.

Algo que sin duda afectará a los municipios de la Comunidad Valenciana, y por lo que se solicita el apoyo de los Ayuntamientos, la administración más cercana a los ciudadanos.

El CERMI Comunidad Valenciana no está en contra del copago, ya que este se viene produciendo desde hace años para el mantenimiento de los servicios sociales, pero en unas cantidades y proporciones asumibles por el sector. En este sentido, el CERMI Comunidad Valenciana está abierto a la negociación y al diálogo con la Administración Autonómica para buscar fórmulas de copagos justas y lógicas, acordes con la realidad económica del sector de personas con discapacidad y no con la dureza que se refleja en el Decreto de Copago.