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Petitioning Corte Constitucional de Colombia

Que las corridas de toros no vuelvan a la Plaza La Santa María en Bogotá

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Desde AnimaNaturalis Internacional exhortamos a la honorable Corte Constitucional de Colombia, a que apoye la decisión del alcalde Gustavo Petro al no autorizar el uso de la plaza La Santa María para el desarrollo de actividades violentas con los animales, como las corridas de toros.

¡Suma tú también tu voz y tu firma por la vida de los toros!

Letter to
Corte Constitucional de Colombia
Honorables Magistrados de la Corte Constitucional de Colombia: Mauricio González Cuervo, Gabriel Eduardo Mendoza Martelo y Luis Guillermo Guerrero Pérez

Cordial y respetuoso saludo,

Como ciudadanos de un mundo globalizado donde las expresiones colectivas están cada vez más conectadas, queremos solicitarle que le brinde su apoyo a la decisión ética y de derecho del Gobierno de Bogotá D.C., de no autorizar el uso de la Plaza de la Santamaría para la realización de espectáculos violentos, como los taurinos.

Sabemos que actualmente la Honorable Corte se encuentra revisando la Tutela T-3758508, interpuesta por la Corporación Taurina contra la Administración Distrital de Bogotá, en cabeza del IDRD, por haber revocado el contrato de mandato que le autorizaba a usufructuar la Plaza de la Santamaría para promocionar las corridas de toros, a pesar del creciente rechazo a este espectáculo por parte de los bogotanos, los colombianos y los millones de ciudadanos del mundo que abogamos por un trato digno y respetuoso a los animales.

A este respecto, quisiéramos validar la decisión tomada por el sr. Alcalde de Bogotá, Dr. Gustavo Petro Urrego, quien cumpliendo con el mandato popular de proteger el ambiente, por el cual fue elegido, quiso acatar a cabalidad el llamado que hizo la Honorable Corte en su Sentencia C-666 de 2010 de brindar especial protección a los animales en su calidad de “seres vivos sintientes”.

Sea la ocasión de recordar que en dicha Sentencia la Corte reconoce la existencia de un déficit de protección animal en la Ley 84 de 1989 “por la cual se adopta el Estatuto Nacional de Protección Animal” y recuerda que la fauna debe ser protegida del padecimiento, maltrato y crueldad sin justificación legítima, como reflejo de un “(…) contenido de moral política y conciencia de la responsabilidad que deben tener los seres humanos respecto de los otros seres sintientes”, entre otras disposiciones de similar progresismo ético-ambiental que el Alcalde quiso acatar en su decisión.

En su Sentencia, la Corte desarrolló un concepto de “dignidad de las personas” según el cual ésta “tiene directa y principal relación con el ambiente en que se desarrolla su existencia y de éste hacen parte los animales.”. Igualmente, consideró que “(…) no hay un interés más primario para un ser sintiente que el de no sufrir daño o maltrato, y debe ser este uno de los valores primordiales dentro de una comunidad moral que actúa y construye sus relaciones dentro de los parámetros del Estado constitucional”.
Hoy, apelando estos conceptos de avanzado progresismo, quisiéramos invocar su compromiso ético con el desarrollo humano y moral de la sociedad, desde la dignidad que ostenta como Magistrado de la Corte Constitucional, para que la decisión tomada por el Gobierno de Bogotá sea respetada en su autonomía y ratificada en el cumplimiento que busca darle a lo establecido en la mencionada Sentencia.
Esperamos así que la Corte exprese no sólo coherencia entre lo mandatado en su Sentencia C-666 de 2012 y la decisión que ha de tomar frente a la Tutela, sino que además, continúe impulsando a Colombia en el camino de la paz, la equidad y la justicia, a través de sus decisiones, salvaguardando el derecho de todos los vivientes a una vida digna y libre de crueldad.