Las organizaciones populares, sociales, comunitarias y de derechos humanos firmantes expresamos nuestra preocupación por los hechos de violencia y hostigamiento ocurridos recientemente en el pueblo indígena de Alpuyeca, municipio de Xochitepec, Morelos, que ponen en riesgo la seguridad de la defensora comunitaria y de derechos humanos Guadalupe Záyago, así como la integridad de la comunidad escolar de la Escuela Primaria 17 de abril de 1869 y la radio indígena de Alpuyeca, Tekuan Radio, La voz de los Guardianes de los Cerros

Estos hechos se desarrollan en un contexto regional marcado por presiones sobre las comunidades que defienden su territorio. En la región de Alpuyeca se encuentran proyectados diversos megaproyectos inmobiliarios y proyectos de minería a cielo abierto, lo que genera preocupación sobre posibles escenarios de conflicto hacia quienes defienden los derechos colectivos y la libre determinación de las comunidades. Esta situación se agrava en un estado que enfrenta altos niveles de violencia, con graves índices de feminicidio y un incremento de distintos tipos de agresiones en varias regiones de Morelos, particularmente en la zona sur poniente.

El 11 de marzo se registraron hechos de violencia en la Escuela Primaria 17 de abril de 1869. Una docente previamente señalada por ejercer violencia sistemática contra una alumna menor de edad, por lo que administrativamente la directora de la Primera 17 de abril de 1869 informo al Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos (IEBEM),  quien determino que la maestra ya no debía presentarse a laborar en el plantel,  la maestra ignoró esta disposición y acudió nuevamente a la escuela.

Según los testimonios de integrantes de la comunidad escolar, al término de la jornada la docente ingresó al plantel acompañada por un grupo de madres de familia, generando conatos de violencia, agresiones contra las maestras y amenazas hacia otras docentes. Ante estos hechos se solicitó la presencia de elementos policiales y de la Guardia Nacional; sin embargo, de acuerdo con los reportes, en medio del caos intentaron detener a la defensora Guadalupe Záyago, situación que no se concretó gracias a la intervención de miembros de la comunidad.

Posteriormente, al acudir al Ministerio Público de Xochitepec para presentar la denuncia correspondiente, se reportó una actitud negligente por parte de las autoridades, particularmente hacia la abuela tutora de la menor agredida, pues inicialmente se negaron a recibir la declaración, generando un proceso de revictimización.

Subsecuente a estos hechos, han instalado una campaña de odio en redes sociales, a través de grupos de Facebook de Alpuyeca como son : “ Que todo Alpuyeca se entere oficial ( Sin Censura) , este mecanismo no es la primera vez que sucede, han aparecido en momentos de conflictos comunitarios como en el marco de la creación de una nueva forma de gobierno, en la lucha por la gestión del agua.

UN CONTEXTO DE FRAGMENTACIÓN COMUNITARIA

Estos hechos no pueden entenderse como un conflicto aislado. Se insertan en un contexto donde se han impulsado dinámicas de división y fragmentación del tejido social comunitario, que debilitan la organización de los pueblos.

No es la primera vez que ocurre una situación de este tipo. Durante el año pasado, en el marco de procesos comunitarios relacionados con la autonomía del pueblo de Alpuyeca, se registraron campañas de desinformación y ataques en redes sociales contra la defensora Guadalupe Záyago, reconocida como una de las lideresas de su comunidad.

Asimismo, nos preocupa que estos hechos ocurran en un contexto estatal en el que recientemente se ha implementado el “Protocolo de Actuación Policial en Manifestaciones en el estado de Morelos”, el cual ha sido cuestionado por organizaciones de derechos humanos por su posible incompatibilidad con estándares internacionales, particularmente en relación con el derecho a la protesta y a la libre manifestación, al contemplar medidas como el encapsulamiento y el uso de dispositivos de control.

Recordamos que, conforme a la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Defensores de Derechos Humanos, los Estados tienen la obligación de garantizar la protección efectiva de las personas defensoras. Asimismo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que deben adoptarse medidas integrales de protección para quienes defienden derechos humanos, especialmente en contextos de conflictos territoriales.

EXIGIMOS

1.      Garantías inmediatas de seguridad y protección para la defensora comunitaria Guadalupe Záyago.

2.      La protección integral de la menor víctima de violencia, evitando cualquier forma de revictimización institucional.

3.      Medidas para preservar la paz comunitaria y el tejido social en Alpuyeca.

4.      El respeto pleno a los derechos de las comunidades a defender su territorio, organizarse y manifestarse.

5.      La defensa del territorio, de la educación comunitaria y de la organización de los pueblos no es un delito.

Las organizaciones firmantes nos mantenemos atentas y vigilantes frente a cualquier intento de criminalización o agresión contra quienes defienden los derechos de sus comunidades.

¡Alto a la violencia contra las personas defensoras de derechos humanos!

¡Respeto a la organización y autonomía del pueblo de Alpuyeca!