Dirigida a Rafael Catalá Polo y 6 otros

Siete medidas para la revisión de los procesos de guarda y custodia del menor

Estimado/as Señore/as:

Desde la Asociación Española de Madres Separadas, somos conscientes de que a fecha de hoy, la corriente Jurisprudencial es que la Guarda y custodia compartida se implanta como la norma general, siendo la monoparental la excepción. Habiendo leyes autonómicas al respecto.


Sin embargo, nos llega a nuestra Asociación casos de nuestras usuarias en los que se observa que es más frecuente que los Tribunales españoles recurren y otorgan la custodia compartida sin entrar a valorar el asunto concreto, creándose cada vez en mayor medida casos de custodia compartida “impuesta”. Por ello, valorando las distintas situaciones que se nos presentan a diario a través de nuestras usuarias, hemos recopilado los siguientes puntos que fundamentan nuestra petición, los cuales van encaminados a que cuando un Juez establezca una custodia compartida, o una monoparental, esta decisión venga fundamentada y sea realmente beneficiosa para los menores.


Primera.- Creación e implantación de Juzgados de Familia. En la mayoría de los casos, la jurisdicción de familia la asumen los Juzgados de Primera Instancia, que en la mayor parte del tiempo también lo son de Instrucción. Con lo cual son Juzgados saturados y sin la especialización que requiere este tema tan delicado.

Segunda.- Se hace preciso incrementar la dotación de Psicólogos/Trabajadores Sociales que realizan los informes psico-sociales, al objeto de agilizar los procesos familiares y que no se demoren la friolera de más de 6 meses para la entrevista más otro mes o dos para presentar el informe al Juzgado y que se reduzcan los tiempos al mínimo; y que todos ellos sigan las mismas pautas evaluadoras y los mismos métodos; así como que las entrevistas se graben en soporte reproducible para que puedan ser reproducidas y escuchadas por las partes y que los psicólogos y trabajadores sociales que redacten los informes acudan a las vistas a ratificarlos y puedan ser interrogados sobre ellos y no caiga en saco roto como ahora que prácticamente ningún juzgado admite que declaren.

Tercera.- Que los informes periciales psico-sociales se reafirme en que son una prueba más, que ni tiene ni puede tener carácter vinculante, ya que ha de ser el Juez ‘especializado en Familia’ quien valorando la prueba en su conjunto dicte la resolución y evitar que sean los psicólogos y los trabajadores sociales los que a la postre dicten sentencia y no los jueces.

Cuarta.- Que en los procedimientos de familia/violencia de género se traiga a la causa la hoja histórico penal de ambos progenitores, a la hora de su valoración exhaustiva para otorgar las guardas.

Quinta.- Que se siga en la línea inamovible de que no proceda otorgar guarda compartida en los casos en que el progenitor esté condenado por delitos de violencia de género.

Y, que en supuestos de violencia de género, las visitas se hayan de realizar en el Punto de Encuentro, hasta que se haya cumplido la condena y se impongan evaluaciones psicológicas del progenitor condenado cada ciertos meses que prescriben cuándo puedan comenzarse las visitas fuera del Punto de Encuentro y con qué frecuencia, duración y si procede o no la pernocta.

Sexta.- Que en las vistas acerca de las medidas provisionales se practique toda la prueba necesaria, tanto anticipada, como interrogatorio de partes y testificales. De no ser posible, que se establezca la imposibilidad de otorgar la custodia compartida hasta resuelta toda la fase probatoria.

Séptima.- Creación de mayor número de puntos de encuentro familiar así como incluir dependencia absoluta de las administraciones, asegurando que el personal que atenderá estos PEF está totalmente cualificado para la labor que se encomienda. Revisión de personal y funcionamiento de los PEFs activos actualmente en España.

Desde la Asociación Madres Separadas, solicitamos que se comience a mirar realmente el bienestar del menor, obviando corrientes de “moda” en tipos de custodia y analizando cada caso individual, con todas sus particularidades, para que se pueda establecer objetivamente el bienestar de los niños.

Esta petición será entregada a:
  • Ministro de Justicia
    Don Rafael Catalá Polo
  • jueces de familia
  • INSTITUTO DE LA MUJER
  • Instituto de medicina legal


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