LOS OPOSITORES DE EDUCACIÓN EXIGIMOS UN SISTEMA DE INGRESO MÁS JUSTO Y ECUÁNIME. DIGNIDAD

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Las recientes pruebas relativas al concurso de OPOSICIONES 2018 para el ingreso al cuerpo de profesores de secundaria en Canarias y la publicación de las calificaciones de la primera fase, que a nivel estatal, ha sido protagonista en estos días por poner de manifiesto un alto porcentaje de NO APTOS. Nos impulsa como demandantes de empleo estable y opositores a cuerpos del estado, a crear una demanda que EXPRESE EL SENTIR de todos aquellos aspirantes y docentes que han vivido, como en este concurso de oposiciones 2018 en especial, hemos sufrido una serie de vejaciones y obstáculos (véase problemas con la inscripción telemática y núm. de excluidos) por parte de un sistema de ingreso que nos arrebata la dignidad como demandantes de empleo público. No solo la dignidad, sino también la oportunidad de alcanzar la meta de todo docente o aspirante, que le permitan dar clases con unas condiciones laborales estables. 

      Se trata, para empezar de un SISTEMA DE INGRESO INEFICIENTE, si atendemos a la falta de rigurosidad en el principal objetivo de "seleccionar a los mejores docentes". Ocurre que califican nuestra APTITUD como docentes mediante unas pruebas de por sí obsoletas si nos ajustáramos al modelo de docente por el que abogan las pedagogías contemporáneas de la actual Sociedad de la Información (esa donde se enmarca el uso de las TIC) . Es decir, pruebas basadas en la memorización de temarios publicados hace lustros, que en muchos casos exceden, muy por encima los conocimientos necesarios para impartir docencia en secundaria. Y pruebas prácticas o supuestos prácticos, cuyos enunciados rozan lo enigmático, complicándonos la realización de los mismos por la escasez de tiempo para su realización. En la reciente convocatoria 2018, tuvimos que resolver ambas pruebas (antes independientes) en 4.30 h de examen, dándose casos en concreto como la especialidad de "Dibujo", donde se unió la prueba de Dibujo técnico con el tema a desarrollar, sin poder tener un descanso de por medio, y en unas infames condiciones de comodidad.

      Para continuar, el sentir general de los opositores, es el de haber formado parte de una suerte de concurso opaco y falto de rigurosidad en las calificaciones, donde han aplicado un estricto y altísimo rasero, que queda reflejado en el escaso número de aprobados y la extraña sincronicidad de esos números entre los tribunales; así como el hecho de que las reclamaciones en su mayoría han sido desestimadas. Este proceso de reclamaciones no ha sido presencial, sin poder atender a la valoración del examen en cuestión y en detalle, tan solo solicitarlas vía formal escrita y resueltas o desestimadas a puerta cerrada.

     Y es ésta,  llamémosle "Escabechina o Masacre" a nivel estatal (a espensas de una explicación más lógica y esclarecedora fruto de una investigación más profunda y concluyente), ¡UN HECHO QUE NOS INDIGNA!, ya que resulta evidente que pudiera formar parte de una estrategia, por parte de las administraciones y consejerías de las comunidades autonómicas, para ajustar los resultados a unas necesidades de las administraciones, en directa relación con las plazas ofertadas. Una convocatoria irrespetuosa e indigna, donde desde la complicidad en las negociaciones de la mayoría de los sindicatos, en cuanto a la negociación de plazas a convocar, fechas y condiciones de las pruebas; hasta la aplicación de los baremos y criterios de calificación, con devastador rasero, por parte de los Tribunales, HUELE A SUCIO.  

Y es que NO son unas pruebas de calidad que se ajusten al precio de la inscripción, 70€, más bien parecen formar parte de un negocio; una sutil estrategia de financiación a base de imponer tasas a los solicitantes de empleo público. No es este un sistema justo y ecuánime, y está muy lejos de ese sistema de ingreso "riguroso y objetivo" que nos venden en la resolución de la convocatoria.

Por estos motivos, y un sin fin de experiencias de opositores en Educación, EXIGIMOS LA DIGNIDAD DE LOS OPOSITORES, A TRAVÉS DE LA DEMANDA DE UNAS PRUEBAS MÁS JUSTAS Y ECUÁNIMES, es decir consensuadas entre los actores implicados atendiendo con especial respeto a los derechos de los demandantes de empleo. 

UN SISTEMA DE INGRESO ACTUALIZADO Y MÁS COHERENTE CON LA CALIDAD DE LOS RECURSOS HUMANOS (DOCENTES) QUE PRETENDEN SELECCIONAR PARA LA EDUCACIÓN PÚBLICA. Cuyas pruebas estén adaptadas al modelo de docente que queremos para el futuro, no el modelo caduco en el que fueron diseñadas. 

 



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