Pensión digna afectados enfermedad degenerativa desde nacimiento, infancia o adolescencia.

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Las personas que desde nacimiento, infancia o adolescencia sufren una enfermedad degenerativa causante de severas limitaciones (enfermedades neuromusculares, esclerosis, etc...), necesitan una suficiencia de recursos económicos para poder tener una adecuada calidad de vida. Si ese derecho se garantiza mediante pensiones contributivas dignas y estables a personas en similares circunstancias de enfermedad y limitaciones cuando les han surgido durante el desarrollo de una actividad laboral, o tras haber podido cotizar previamente a la Seguridad Social; ¿por qué no se garantiza también a quienes desde nacimiento, infancia o adolescencia sufren igualmente una enfermedad degenerativa causante de severas limitaciones y nunca tendrán la posibilidad de cotizar a la Seguridad Social para ese derecho?. ¿Por qué no se concede a estos afectados a partir de su mayoría de edad; una modalidad de pensión de incapacidad adecuada "digna y estable"?, diferente a la actual "prestación social no contributiva" (que es la única a la que estos casos pueden optar en su mayoría de edad), cuyas condiciones para su concesión y escasa cuantía condenan de por vida al afectado a la dependencia económica de sus familiares (en muchos casos padres, hermanos..) y a sentirse "una carga para los demás". Una modalidad de prestación social que en algunos casos puede incluso ser denegada al afectado (cuando los ingresos de la unidad familiar de convivencia superan un mínimo muy básico), pasando en ese caso a ser concedida a la familia por "discapacitado a cargo" (aun cuando el afectado es mayor de edad y tiene plena capacidad de autogestión). Todo lo cual deja al afectado en una situación similar a la "minoría de edad", sin derecho a percibir recurso económico alguno para poder optar a un desarrollo personal y social como cualquier otra persona (desigualdad de oportunidades), y en una situación de grave vulnerabilidad frente a circunstancias de desatención familiar, aislamiento, acoso y/o malos tratos en su entorno, en cuyo caso la única salida posible es "su internamiento en residencias".

Circunstancias todas ellas, que en su conjunto no armonizan con las garantías contenidas en las legislaciones vigentes y normas internacionales firmadas y ratificadas por España sobre los "derechos de las personas con discapacidad a la igualdad de oportunidades y de trato".

Fundamentos de Derecho: 

Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social.

Artículo 1. Objeto de esta ley.

a) Garantizar el derecho a la igualdad de oportunidades y de trato, así como el ejercicio real y efectivo de derechos por parte de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones respecto del resto de ciudadanos y ciudadanas, a través de la promoción de la autonomía personal, de la accesibilidad universal, del acceso al empleo, de la inclusión en la comunidad y la vida independiente y de la erradicación de toda forma de discriminación, conforme a los artículos 9.2, 10, 14 y 49 de la Constitución Española y a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y los tratados y acuerdos internacionales ratificados por España.

Artículo 7. Derecho a la igualdad.

1. Las personas con discapacidad tienen los mismos derechos que los demás ciudadanos conforme a nuestro ordenamiento jurídico.

2. Para hacer efectivo este derecho a la igualdad, las administraciones públicas promoverán las medidas necesarias para que el ejercicio en igualdad de condiciones de los derechos de las personas con discapacidad sea real y efectivo en todos los ámbitos de la vida.

Artículo 48. Derecho a la protección social.

Las personas con discapacidad y sus familias tienen derecho a unos servicios y prestaciones sociales que atiendan con garantías de suficiencia y sostenibilidad sus necesidades, dirigidos al desarrollo de su personalidad y su inclusión en la comunidad, incrementando su calidad de vida y bienestar social.

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Convención Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad, aprobada el 13 de diciembre de 2006 por la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), ratificada por España en 2007 y en vigor en nuestro país desde 2008.

Artículo 1. Propósito.

El propósito de la presente Convención es promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad, y promover el respeto de su dignidad inherente.

Artículo 4. Obligaciones generales

1. Los Estados Partes se comprometen a asegurar y promover el pleno ejercicio de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas con discapacidad sin discriminación alguna por motivos de discapacidad. A tal fin, los Estados Partes se comprometen a:

b. Tomar todas las medidas pertinentes, incluidas medidas legislativas, para modificar o derogar leyes, reglamentos, costumbres y prácticas existentes que constituyan discriminación contra las personas con discapacidad;

d. Abstenerse de actos o prácticas que sean incompatibles con la presente Convención y velar por que las autoridades e instituciones públicas actúen conforme a lo dispuesto en ella;

2. Con respecto a los derechos económicos, sociales y culturales, los Estados Partes se comprometen a adoptar medidas hasta el máximo de sus recursos disponibles y, cuando sea necesario, en el marco de la cooperación internacional, para lograr, de manera progresiva, el pleno ejercicio de estos derechos, sin perjuicio de las obligaciones previstas en la presente Convención que sean aplicables de inmediato en virtud del derecho internacional.

Artículo 5. Igualdad y no discriminación

1. Los Estados Partes reconocen que todas las personas son iguales ante la ley y en virtud de ello, tienen derecho a igual protección legal y a beneficiarse de la ley en igual medida sin discriminación alguna.

Artículo 19. Derecho a vivir de forma independiente y a ser incluido en la comunidad

Los Estados Partes en la presente Convención reconocen el derecho en igualdad de condiciones de todas las personas con discapacidad a vivir en la comunidad, con opciones iguales a las de las demás, y adoptarán medidas efectivas y pertinentes para facilitar el pleno goce de este derecho por las personas con discapacidad y su plena inclusión y participación en la comunidad, asegurando en especial que:

a) Las personas con discapacidad tengan la oportunidad de elegir su lugar de residencia y dónde y con quién vivir, en igualdad de condiciones con las demás, y no se vean obligadas a vivir con arreglo a un sistema de vida específico;

b) Las personas con discapacidad tengan acceso a una variedad de servicios de asistencia domiciliaria, residencial y otros servicios de apoyo de la comunidad, incluida la asistencia personal que sea necesaria para facilitar su existencia y su inclusión en la comunidad y para evitar su aislamiento o separación de ésta;

Artículo 28. Nivel de vida adecuado y protección social

1. Los Estados Partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad a un nivel de vida adecuado para ellas y sus familias, lo cual incluye alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a la mejora continua de sus condiciones de vida, y adoptarán las medidas pertinentes para salvaguardar y promover el ejercicio de este derecho sin discriminación por motivos de discapacidad.

2. Los Estados Partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad a la protección social y a gozar de ese derecho sin discriminación por motivos de discapacidad, y adoptarán las medidas pertinentes para proteger y promover el ejercicio de ese derecho, entre ellas:

b. Asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en particular las mujeres y niñas y las personas mayores con discapacidad, a programas de protección social y estrategias de reducción de la pobreza;

c. Asegurar el acceso de las personas con discapacidad y de sus familias que vivan en situaciones de pobreza a asistencia del Estado para sufragar gastos relacionados con su discapacidad, incluidos capacitación, asesoramiento, asistencia financiera y servicios de cuidados temporales adecuados;