El afán catalanizador del Govern balear de la socialista Francina Armengol no conoce límites. Después de imponer la lengua cooficial en toda la administración autonómica, incluso para trabajar en la sanidad pública.

El Pacte ha aprobado esta normativa que obliga a todos los funcionarios a redactar y hablar exclusivamente en catalán, a rotular en los edificios públicos interna y externamente sólo en catalán, al igual que la megafonía, la publicidad institucional, los actos y recursos materiales y hasta las máquinas de café y expendedoras (sólo en catalán).

La discriminación lingüística también afecta a los ciudadanos que tengan que relacionarse con la administración pública de Baleares, ya que se les atenderá en catalán y las empresas privadas que contraten con la administración pública estarán obligadas a utilizar el catalán e incluso a disponer de empleados que lo hablen.

Fuentes jurídicas consultadas tildan de «aberración» este articulado y aseguran sin ninguna duda que es «contrario a la ley». De hecho, la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas indica en su artículo 15 que «la lengua de los procedimientos tramitados por la Administración General del Estado será el castellano».

Fuente: elmundo.es