Exención fiscal de las indemnizaciones a las víctimas de delitos

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Nuestro padre, Mario Calderón, asesinó a nuestra madre el día tres de junio de 2015, asestándole varias puñaladas y golpeándola reiteradamente hasta que le sobrevino la muerte.

Los tribunales lo condenaron a cumplir 21 años y seis meses de prisión y a indemnizarnos a cada una de nosotras en la cuantía de 100.000€ por la pérdida sufrida, aunque nada compensará semejante barbarie.

Para el pago de esa indemnización solo se puede embargar a mi padre -que recibe una pensión superior a los 1.300€/mes- la cantidad de 122€ mensuales, de los cuales se nos hace entrega de 61€ a cada una. Mi padre y mi madre tenían una casa en común y dos coches por lo que, para cubrir una pequeña parte de la indemnización debida, se planteó que la mitad de la casa y de los coches que pertenecían a mi padre se nos entregaran, suponiendo su valor total unos 60.000€; 30.000 € para cada una.

Sin embargo, hasta la fecha, no hemos podido percibir esos bienes, pues Hacienda nos reclamaría la cuantía de 5.000€, cantidad de la que no disponemos ya que una de nosotras percibe un subsidio de 430€ y otra un salario de 400€. De hecho, tan precaria es nuestra situación económica que vivimos en la casa donde falleció nuestra madre.

La ley -art. 45.B.4) del Real Decreto Legislativo 1/1993 de 24 de septiembre del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados- declara que las indemnizaciones percibidas en metálico se encuentran exentas del impuesto. Además, el artículo 2 establece que la exigencia del impuesto atienda a la verdadera naturaleza jurídica del acto que se pretende realizar. Hacienda no está de acuerdo y, aun a pesar de habernos dirigido a la Dirección General de Tributos, a la Consejería de Hacienda de la Junta de Andalucía y hasta a la Presidencia de Gobierno, la administración tributaria considera que, al no hacerse en metálico el pago de la indemnización sería aplicable el artículo 7.2.A) como Dación de bienes en pago, solicitando por tanto la cuantía de 5,000€. Esto es: como nuestro padre no nos da la indemnización en efectivo sino en forma de bienes, tenemos que pagar 5.000 euros que no tenemos para poder percibirla. Una auténtica injusticia y un sinsentido.

Nuestra situación no tiene solución, pero nos parece injusto que cualquier persona víctima de un delito deba sufrir, además del daño y la pérdida personal, la renuncia a lo que le pueda corresponder por no poder afrontar el pago de lo que Hacienda reclame.

Es por ello por lo que iniciamos esta petición, a fin de que entre todos impulsemos a los grupos políticos con representación parlamentaria y al propio Gobierno para que adopten las medidas necesarias para un cambio legislativo que expresamente contemple que las víctimas de delito no verán gravadas su indemnización con ningún tipo de impuesto, sea cual fuere el carácter de los bienes con el que sean compensadas.

Ojalá no, pero cualquier persona puede ser algún día una de esas víctimas.