Congreso de la Nación Argentina PROYECTO LEY de COSTA -Asamblea Regional en Defensa del Ambiente Costero

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El presente proyecto de Ley fue pensado en el ámbito de la Asamblea Regional en Defensa del Ambiente Costero. La misma se encuentra conformada por distintas asambleas de la costa atlántica bonaerense, desde las Toninas hasta Gral Cerri. Luego de un trabajo de más de 1 año, los ciudadanos lograron a través del consenso exponer un articulado que contempla las problemáticas de quienes habitan la costa de la provincia de Buenos Aires.
Los Ciudadanos de la costa atlántica entienden que las “áreas litorales atraen, aceleradamente, población, usos y actividades con impactos ambientales de variada magnitud sobre los recursos costeros, debido al desarrollo urbano espontáneo y anárquico, diversidad de actores involucrados, intereses yuxtapuestos, conflictos generados, ausencia de marcos normativos y otros. Esta complejidad del espacio costero es deficientemente tratada en los proyectos de ley de costas (nacional y provincial bonaerense) en discusión, sin contribuir a ordenar los subsistemas físico-natural, socio-económico y administrativo-jurídico que lo conforman”.
Las características propias del sistema litoral, permiten señalar que, en su conformación y dinámica, intervienen distintos subsistemas: el físico-natural, el socio- económico y el jurídico-administrativo. El espacio costero oficia de sustrato de un conjunto de actividades específicas y actúa como soporte de infraestructura, equipamiento y servicios de usos y ocupaciones costero-marítimas – como instalaciones portuarias y obras de protección costera- entre otras.
La ocupación intensiva de la franja costera y la ausencia de criterios ambientales permitidos por los gobiernos municipales, en muchas oportunidades por intereses y motivaciones socio-económicas, generan múltiples conflictos, particularmente notables en las alteraciones de los procesos geomorfológicos y en la degradación propia del espacio litoral. Algunas de las complicaciones del uso humano de la costa derivan de la utilización del mar como vía comercial y del litoral como recurso recreativo, lo cual da lugar a la construcción de emprendimientos inmobiliarios privados, construcción de puertos, dragados y obras de defensa por un lado y la destrucción de los médanos, playas y acantilados para facilitar la contemplación del mar o para la explotación de las arenas para la actividad de la construcción.
“El progresivo proceso urbanizador, las limitaciones de espacio y la falta de planificación de usos de las áreas litorales, potencian la fragilidad costera y la consolidación de escenarios de riesgo, debido a la peligrosidad natural y la vulnerabilidad de los contextos expuestos, ya sean físicos o humanos, lo que puede incidir en la sostenibilidad futura de las áreas litorales urbanizadas, generando incompatibilidades de carácter ambiental, que han llevado a que en muchos sitios haya pasado de ser un recurso ilimitado a un recurso no sostenible” (Trapero, 1998; Tintoré et al., 2003)
La fragilidad de la franja costera se ve acrecentada por la falta de definición y alcances de su delimitación y por la yuxtaposición de usos, intereses y objetivos de los actores sociales involucrados en su manejo, ya que por lo general, no se observan acciones o actuaciones coordinadas, prevaleciendo las realizaciones sectoriales.
La normativa actual para la gestión del espacio y recursos costeros es amplia, difusa y se halla dispersa. El presente proyecto de ley pretende establecer los presupuestos mínimos para la preservación, mejoramiento y recuperación de las áreas costeras en todo el territorio de la Nación, en los términos del artículo 41 de la Constitución Nacional. Su objetivo general es la protección y el uso sustentable de la zona costera y garantizando el uso y goce públicos de la misma, a través de un proceso de gestión integrada.
Ayudanos a que el proyecto que se apruebe sea el pensado por los ciudadanos comprometidos con el ambiente!

Honorable cámara de diputados de la nación

Proyecto de ley

El senado y cámara de diputado aprueban con fuerza de ley

REGIMEN DE PROTECCION DE ECOSISTEMA COSTERO SOBRE EL ATLANTICO SUR

Artículo 1. La presente ley establece los presupuestos mínimos para la protección ambiental y el uso sustentable del ecosistema costero en todo el territorio de la nación, en el marco de lo normado por el artículo 41 de la constitución nacional.

Artículo 2. Se encuentran alcanzadas por el régimen de la presente ley las zonas costeras del atlántico sur y de los ríos y sus riberas,  lagos, lagunas y humedales de todo el territorio nacional.

A los efectos del presente se entiende por ecosistema costeros la franja acuático – terrestre de ancho variable, donde se produce la interacción de la tierra, el agua y la atmósfera.

Dentro de los ecosistemas costeros las zonas costeras serán determinadas por el deslinde y amojonamiento ejecutado por las jurisdicciones competentes, en el ámbito de su territorio.

Artículo 3. Son objetivos de la presente ley:

A) promover el uso sustentable y la gestión integrada de los ecosistemas costeros, garantizando su conservación, preservación y recuperación.

B) garantizar el uso y goce públicos de los ecosistemas costeras.

C) prevenir, remediar, y mitigar la contaminación costera

D) mejorar la calidad de vida de los habitantes de las regiones costeras bajo criterios sustentables.

E) promover la investigación y el uso de tecnologías apropiadas para la conservación y el saneamiento ambiental de las ecosistemas costeros.

F) el asesoramiento científico y la participación de los interesados, entendiéndose como tal además del interesado directo, cualquier habitante de la nación en el proceso de toma de decisiones

G) la planificación de las actividades del litoral mediante un enfoque interdisciplinario y transdisciplinario

Artículo 4. La administración, uso y manejo de los ecosistema costeros debe desarrollarse a través de un proceso de gestión integrada empleando un criterio precautorio, con el propósito de fortalecer la capacidad institucional, la optimización de la planificación y la coordinación de competencias a fin de lograr la conservación y el desarrollo sustentable de las mismas.

Artículo 5. Previo a la realización de toda obra o actividad, pública o privada, en zonas costeras, se requerirá la aprobación de una evaluación de impacto ambiental a fin de obtener la correspondiente autorización o concesión por parte de la autoridad competente. La concesión o permiso deberá notificarse a la autoridad nacional de aplicación a fin de ser incorporada a la base de datos que administra.

Artículo 6. Todas las actividades u obras, cuya concesión o permiso fue otorgado con anterioridad a la presente ley, susceptibles de generar impacto ambiental significativo sobre los ecosistemas costeros deberán  someterse a una evaluación de impacto ambiental. De acuerdo al resultado del mismo, las autoridades competentes, deberán limitar, suspender o revocar aquellas concesiones o permisos que no se ajusten a la presente. Las conclusiones de la evaluación de impacto ambiental serán de cumplimiento obligatorio.

Artículo 7. Sin perjuicio de lo expresado en el artículo anterior, en las áreas costeras del dominio público quedan restringidas las siguientes actividades:

1. Construcción de instalaciones e infraestructuras que puedan dañar el ambiente costero o afecten el paisaje;

2. La extracción de arena y otros minerales, así como las labores de dragado y alteración de los fondos acuáticos.

4. El vertido y la disposición final de residuos sólidos y líquidos.

5. Aquellas que impidan el acceso y uso público del ecosistema costeros

6. Actividades complementarias que altere y/o perjudique el ecosistema costero

Artículo 8. Será autoridad de aplicación de la presente ley el organismo que la nación, las provincias y la ciudad de buenos aires determinen para actuar en el ámbito de cada jurisdicción.

Artículo 9. Será autoridad de aplicación en jurisdicción nacional la secretaría de ambiente y desarrollo sustentable de la nación o el organismo de mayor jerarquía con competencia ambiental que en el futuro la reemplace.

Artículo 10. Son funciones de la autoridad de aplicación nacional:

A. Consensuar los lineamientos políticos en materia de protección ambiental de costas de las zonas estableciadas en los art 1  y 2 de la presente ley en el marco de la ley  25675 ley general del ambiente con las autoridades competentes de las provincias y la ciudad autónoma de buenos aires, en el ámbito del consejo federal de medio ambiente (cofema);

B. Elaborar, de manera consensuada y participativa entre  la nación, la provincial, los municipios y la ciudadanía,  el plan de gestión integrada de las zonas costeras

C. Promover mecanismos institucionales para el desarrollo de la gestión integrada de los ecosistemas costeras, formulando para ello criterios  preventivos y precautorios en la planificación y metodologías adecuadas a fin de garantizar la sustentabilidad del área.

D. Implementar programas de promoción e incentivo a la investigación, desarrollo e incorporación de tecnologías y métodos tendientes a prevenir, mitigar, remediar y reducir la contaminación costera y sus consecuencias;

E. Mantener una base de datos actualizada cada 2 años sobre las zonas costeras de todo el territorio de la nación, conforme a lo expresado en la ley 25831 (ley de información ambiental).

F. Crear programas de educación ambiental, conforme a los objetivos de la presente ley;

G. Promover y garantizar la participación de la ciudadanía en todo lo referente a la aplicación de la presente ley;

H. Incluir en el informe anual establecido en el artículo 18 de la ley 25.675, de acuerdo a la información que provean las distintas jurisdicciones, la información acerca del cumplimiento de la presente ley;

I. Crear, implementar y mantener el registro zonas públicas costeras, que contendrá todas la información y/o dato de las concesiones otorgadas en las mismas y/o en aquellas alcanzadas por esta ley.

J. Ejercer todas las demás facultades y atribuciones que esta ley le confieren.

Artículo 11. Crease el plan de gestión integrada de las zonas costeras que tiene por objeto el diagnóstico e implementación de los instrumentos adecuados para la gestión sustentable de las mismas.

El plan contendrá, como mínimo, los criterios, estrategias y herramientas adecuadas para:

A) la elaboración e implementación de programas de manejo integral costero;

B) la identificación de áreas costeras degradadas o frágiles;

C) la elaboración de estrategias de restauración, conservación y protección ambiental;

D) la prevención, mitigación,  reduccion de la contaminación ambiental en zonas costeras;

E) la regulación de actividades u obras en zonas costeras;

F) la implementación de sistemas de prevención y control de emergencias o catástrofes naturales.

Articulo 12. Las autoridades de aplicación de la presente ley deben elaborar e implementar, en el ámbito de su jurisdicción, programas de manejo integral costero los que tendrán por finalidad la gestión sustentable de cada zona costera de acuerdo a sus características y la aplicación de las medidas correctivas o preventivas que correspondan y en el marco del plan de gestión integrada de las ecosistema costeros.

Artículo 13. Las distintas jurisdicciones deben actuar de forma integral para que haya concordancia en los programas de manejo aplicables en zonas costeras limítrofes entre dos o más provincias.

Artículo 14. El programa de manejo costero, previo a su aprobación y ejecución, debe ser sometido a consideración de la comunidad a través del mecanismo de audiencia pública, en el marco de lo establecido en los artículos 19, 20 y 21 de la ley 25675, que en el caso de la presente ley la audiencia pública será de carácter vinculante.

Artículo 15. Los programas de manejo costero priorizarán la gestión y restauración de las áreas costeras vulnerables o críticas con criterio precautorio

Se considerará área costera vulnerable o crítica a todo aquel territorio adyacente a un cuerpo de agua que reúna una o varias de las características enumeradas en los siguientes incisos:

1) aguas contaminadas según los parámetros establecidos en las normas vigentes en esa materia.

2) localización de actividades industriales contaminantes o de alto riesgo ambiental según lo establecido por las normas vigentes en esa materia.

3) presión por usos conflictivos de la infraestructura de los servicios urbanos y de las actividades productivas.

4) restricciones o limitaciones al uso recreativo público de la zona costera, garntizando la no modificación del ambiente.

5) procesos de erosión, destrucción o colmatación.

6) procesos de deterioro o de destrucción de áreas con actividad biológicas, de interés científico o cultural estén estas protegidas o no.

7) procesos de degradación de sitios de interés histórico, cultural o paisajístico.

8) presencia de vaciaderos, basurales o cualquier otro depósito de residuos.

9) presión urbana por apertura de caminos y obras públicas o privadas.

10) colmatación de áreas bajas y fragmentación de estuarios.

11) sobreexplotación de acuíferos costeros.

12) desarrollo portuario, dragados, obras públicas e infraestructura turística en áreas de riesgo.

13) amenaza o riesgo de reducción o pérdida sustancial de la diversidad biológica.

14) impacto en la biodiversidad del área o en las aguas provinciales, nacionales o internacionales.

15) cualquier otra característica que para la autoridad de aplicación o para el peticionante coadyuven a provocar la criticidad o vulnerabilidad del área costera.

Artículo 16. La declaración de área costera vulnerable o crítica deberá emanar de la autoridad de aplicación, que podrá hacerlo de oficio o a petición de parte interesada.

Están facultadas para solicitar la declaración de área costera vulnerable o crítica las autoridades locales, provinciales o municipales, o cualquier habitante de la república argentina.

Artículo 17. Las sanciones al incumplimiento de la presente ley y de las reglamentaciones que en su consecuencia se dicten, sin perjuicio de las demás responsabilidades que pudieran corresponder, serán las que se fijen en cada una de las jurisdicciones conforme el poder de policía que les corresponde, las que no podrán ser inferiores a las aquí establecidas.

Las jurisdicciones que no cuenten con un régimen de sanciones aplicarán supletoriamente las siguientes sanciones que corresponden a la jurisdicción nacional:

A) apercibimiento.

B) multa de 10 (diez) a 1000 (mil) sueldos básicos de la categoría más alta de la administración pública nacional. El producido de estas multas será afectado al área de protección ambiental que corresponda;

C) suspensión o clausura temporaria, parcial o total de la actividad.

D) cese definitivo de la actividad, clausura de las instalaciones y revocación de concesión o permiso, según corresponda.

Estas sanciones serán aplicables previo sumario sustanciado en la jurisdicción en donde se realizó la infracción y se regirán por las normas de procedimiento administrativo que corresponda, asegurándose el debido proceso legal, y se graduarán de acuerdo a la naturaleza de la infracción.

Artículo 18. Cuando el infractor fuere una persona jurídica, los que tengan a su cargo la dirección, administración o gerencia, serán solidariamente responsables de las sanciones establecidas en la presente ley.

Artículo 19. El poder ejecutivo nacional reglamentará la presente ley en el plazo de 90 días de su sanción.

 

Artículo 20. Comuníquese al poder ejecutivo.