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Congreso de Diputados y Gobierno de España: El cumplimiento íntegro de la Ley de Dependencia.


Entendemos que la crisis no puede servir de excusa para que el colectivo de personas dependientes, -en este caso en su mayoría personas mayores-, así como el de discapacitados no estén siendo atendidos tal como garantiza la propia Ley.

Una Ley que reconoce en su titulo preliminar los derechos para todos los ciudadanos en situación de dependencia y consecuentemente les garantiza el acceso al Sistema de Atención a la Dependencia y Promoción de la Autonomía Personal, articulando las medidas que aseguran la calidad y eficacia del Sistema.

Ajenos a cualquier consigna política, nuestro único propósito se encamina exclusivamente a que el Sistema responda a las necesidades de atención que requieren las más diversas situaciones de Dependencia, así como a la promoción de la autonomía personal, a la mejora de la calidad de vida ya hacer realidad la igualdad de oportunidades y que ello se produzca de forma equitativa y desde un sistema de Servicios Sociales de calidad, garantista y plenamente universal, como define la propia Ley.

Letter to
Congreso de los Diputados Sr. Presidente del Congreso
Presidencia del Gobierno de España Sr. Presidente del Gobierno
Manifiesto Ciudadano en demanda del Cumplimiento de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia.


La crisis no puede convertirse en el pretexto para acabar, por la vía de los hechos consumados, con los derechos reconocidos, por Ley, a las personas en situación de Dependencia.

Con el presente escrito, los ciudadanos, abajo firmantes, expresamos nuestra más enérgica protesta a las medidas adoptadas en ese sentido tanto por el Gobierno de la Nación como por los diferentes Gobiernos Autonómicos, responsables todos ellos, de acuerdo a lo expuesto en el artículo 1 de dicha Ley, del desarrollo y cumplimiento de la misma.

Por ello reclamamos del Congreso de los Diputados la adopción de la resolución parlamentaria procedente que obligue al Gobierno de España a dotar al sistema de la partida presupuestaria suficiente para garantizar el cumplimiento de las obligaciones que corresponden a las Administraciones Públicas competentes, en los términos fijados en los artículos 9 y 32 de la misma Ley.

Así mismo, reclamamos de nuestro Parlamento autonómico que, previos los trabajos de la comisión parlamentaria correspondiente para oír a todos los sectores implicados, se eleve al pleno de la Cámara propuesta para la adopción de las resoluciones parlamentarias procedentes que garanticen en nuestra Comunidad el acceso, en condiciones de igualdad, sin prácticas dilatorias en el tiempo, a las prestaciones y servicios previstos en dicha Ley, en los términos establecidos en la misma, removiendo cuantos obstáculos los dificultan, impiden y obstruyen.