El municipio de Valle de Bravo, desde la apertura del Ramal a Valle de Bravo, enfrenta fuertes presiones por parte de desarrolladores inmobiliarios que buscan cambios de uso de suelo forestal para llevar a cabo proyectos hoteleros e inmobiliarios que tienen un impacto directo en los ecosistemas forestales, y por ende en la capacidad de captación de agua de los mismos, trayendo como consecuencia graves problemas como los que hoy ya vemos de almacenamiento en el lago de Valle de Bravo, sin mencionar la pérdida de hábitat para varias especies de fauna, aún endémicas en la zona. Lo anterior se ha exacerbado desde el inicio de la pandemia por COVID-19 debido al interés de muchas personas por cambiar su residencia hacia esta región.

Uno de estos proyectos, es Sttupa Ranch, uno de los desarrollos irregulares más grandes que se han denunciado en la zona de Valle de Bravo. El proyecto se encuentra en la zona conocida como El Capulín y dentro del Área de Protección de Recursos Naturales (desde 1941) y del Santuario del Agua de Valle de Bravo (desde 2003). 

Aun sin las autorizaciones de impacto ambiental, cambio de uso de suelo, licencias de construcción, y concesiones de CONAGUA, de enero de este año a la fecha, se han derribado un sinnúmero de árboles, algunos de más de 50 años de edad, y mayores a los 40 mts de altura, se han desviado los cauces de ríos para lo que se presume será un lago privado y se han llevado a cabo impunemente durante más de 8 meses movimientos de tierra y maquinaria pesada, así como apertura de nuevos caminos.

Es de suma importancia mencionar que el uso de suelo que tiene el predio (SSRN12), y sobre el cual existe una única licencia de uso de suelo, la cual sólo la obtuvieron por 14 hectáreas, en donde explícitamente se menciona:

-        Se prohíbe estrictamente el derribo de árboles, la construcción se ubicará en los claros existentes.

-        Se prohíbe la realización de cualquier obra o acción que obstaculice, desvíe o interrumpa los cauces naturales de corrientes de agua (ríos, arroyos o escurrimientos) existentes en el territorio.

De acuerdo al Programa de Manejo del Área Natural Protegida, queda prohibido:

-        Abrir brechas o caminos

-       Rellenar, interrumpir, desecar o modificar los cauces naturales de los ríos, arroyos, corrientes, manantiales.

-        Se prohíbe tala o desmonte de la vegetación marginal de cuerpos de agua.

-        Se prohíbe el uso de maquinaria pesada.

DENUNCIAS

Al respecto se han presentado varias denuncias; primero, ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) y la Procuraduría de Protección al Medio Ambiente del Estado de México (PROPAEM)  por la remoción de arbolado, el daño a la biodiversidad, la afectación a cauces naturales y el movimiento de tierra, todo lo cual impacta negativamente en las Áreas Naturales Protegidas federales y estatales.

También se presentaron denuncias ante la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) por afectaciones y el desvío de cauces naturales, así como denuncias ante autoridades municipales por el incumplimiento a la licencia de uso de suelo y construcción al Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Valle de Bravo.

Las autoridades han respondido que, hasta el momento, este proyecto NO cuenta con los permisos, concesiones y autorizaciones que requiere la ley para llevar a cabo esta obra. A pesar de todo lo anterior, las obras continúan y las únicas medidas de seguridad impuestas han sido por parte de la PROFEPA las cuáles únicamente se enfocan en tratar impedir la construcción de una barda perimetral, un camino y un terraplén que constataron desde enero de este año y no por la totalidad del proyecto que hasta la fecha ostenta más obras y actividades que las citadas por dicha Procuraduría Federal, la cuál incluso se ha negado a realizar otra visita de inspección a efecto de corroborar que las medidas de seguridad sean cumplidas a cabalidad pese a las constantes denuncias que se han realizado con posterioridad al mes de enero. 

Al respecto es importante decir que de acuerdo con la PROFEPA tan solo para la construcción de dicha barda, del camino y del terraplén, se removió la vegetación forestal en más de 2000 m2, derribando para ello más de 40 árboles de entre los 30 y 65 centímetros de diámetro que arrojan un volumen de más de 25 metros cúbicos superiores a los 4 metros cúbicos previstos como delito en el artículo 419 del Código Penal Federal, ecocidio que continúa y el cual de no actuar rápidamente será irreversible.

 ¿Dónde está la autoridad?

¿Quién está detrás de este desarrollo para que las autoridades no actúen y sancionen las ilegalidades cometidas?

La Ley no se negocia. Ayúdanos a exigir a las autoridades que cumplan con su deber y frenen la destrucción ambiental que se está llevando a cabo impunemente.