¿Qué se esconde detrás del pelotazo de las VTC?
Para hablar de este tema, que seguramente cambie enormemente la percepción de la liberalización del sector a muchos ciudadanos, debemos remontarnos a 2009. En este año, ya sumidos en crisis económica, el gobierno de Zapatero liberalizó el sector de las VTCs bajo la famosa ley OMNIBUS, una maniobra política que suprimía el famoso ratio 1/30 sin tener en cuenta el grave problema que a día de hoy, el mismo PSOE asume.
Al modificarse esta ley, cualquier interesado podría solicitar su autorización VTC, que ya entonces existían realizando una labor de transporte muy diferente a la propuesta por modelos de negocio como UBER y Cabify.
En ese entonces comenzaron una serie de protestas, manifestaciones y huelgas; todas capitaneadas por Jose Antonio Parrondo y José Luis Funes, presidentes de la Gremial del taxi en esos años, quienes fueron los primeros en advertir de la problemática e inseguridad que supondría la existencia de las VTC como un servicio paralelo al taxi sin garantías para el cliente y sin regulación para el sector del transporte.
De esta manera, estos personajes, jugaron a dos bandas, sumando una cantidad ingente de autorizaciones VTC que actualmente explotan a través de sus sociedades a gente excluida laboralmente que se ve explotada bajo condiciones de auténtica precariedad, de las primeras víctimas de este negocio tan oscuro.
Pero la lista de especuladores que poseen más de 10.000 autorizaciones VTC no se limita a traidores del sector del taxi como José Antonio Parrondo, José Luis Funes o José María Goñi (de la de Federación Catalana del Taxi), también se metieron más y más empresarios que vieron un auténtico pelotazo en esta solicitud masiva de VTCs. Y vieron completado su pelotazo con el Decreto de Iñigo de la Serna, quien volvió a establecer el 1/30 sin poder ser de carácter retroactivo y eliminar todas aquellas anteriormente solicitadas por encima del ratio; pero que iniciaba un mercado secundario muy jugoso de estas autorizaciones para enriquecerse más y más, a costa siempre, del trabajo de los demás y de destrozar al sector del taxi, a todas luces de manera desleal y desregulada.
Poco a poco, esta historia de puertas giratorias completaba su trabajo con la colocación de gente afín en las sociedades que gestionan estas autorizaciones así como en el escenario político y mediático.
Y ahora, en Catalunya, finalmente se hace algo de justicia cumpliendo lo que la ley define gracias a la sentencia del Tribunal Supremo y del reciente Decreto Ley del Ministerio de Fomento. Y estos ahora, ven su negocio tambalear, y se enfadan.
¿Y nos extrañamos del posicionamiento del Partido Popular en Madrid? ¿Ese mismo partido que ha tenido grandes lazos empresariales y políticos con algunos de estos buitres?, ¿el mismo que en lugar de solucionar el problema, solo generó un mercado secundario cuando las administraciones ni la justicia otorgaban más? El mismo que ayer, en palabras de su presidente actual, Pablo Casado, propone una liberalización total del taxi, en contra de varias leyes europeas.
No nos engañemos, a este partido le da igual trabajadores de un lado o de otro, tan sólo el gobierno puede enmendar este Decreto Ley de octubre y añadir esa precontratación o esas exigencias que hagan cumplir la ley y no ahogar a ningún taxista más.