Renuncia de Jeanine Áñez y juicio por crímenes de lesa humanidad en Bolivia (32 muertos)

0 personas han firmado. ¡Ayuda a conseguir 25.000!


Jeanine Áñez, autoproclamada presidenta de facto de Bolivia, quiere quedar en la impunidad luego de que 32 personas murieron por impacto de bala tras ordenar represión policial y militar en contra de indígenas y campesinos (mujeres, jóvenes y niños), luego de que su gobierno de facto emitiera el Decreto Supremo 4078 para que aquel militar se ampare en esta norma y quede "exento de responsabilidad" penal en caso de que disparara en contra de cualquier boliviano que proteste en contra de la ilegalidad e ilegitimidad de su mandato.

Tras su llegada al mando de la nación boliviana —de mayoría indígena—, una serie de masacres y violaciones a los derechos humanos sucedieron en El Alto, Senkata, La Paz, Sacaba, Cochabamba, Santa Cruz, Montero, que además de registrar una treintena de bajas, dejó como saldo más de 800 heridos y 1481 detenidos, según la Defensoría del Pueblo del Bolivia (https://www.defensoria.gob.bo/  

Durante el gobierno de la autoproclamada presidenta golpista, se evidenciaron también una serie de crímenes de lesa humanidad, perpetrados por ciudadanos de civil, paramilitares, financiados por Fernando Camacho (PARA QUIEN TAMBIÉN PEDIMOS JUICIO Y CÁRCEL POR CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD), líder de una organización fanática religiosa de corte nazi-racista, los mismos que en complicidad con las fuerzas represoras, han incurrido en los siguientes actos, los cuales han sido registrados y corroborados por la prensa independiente y ciudadanía en general:

- Agresiones racista de toda índole en contra de personas indígenas, campesinas o de origen humilde.

- Uso desproporcionado de la fuerza contra civiles, gran despliegue de tanquetas, aviones caza, helicópteros —desde donde se dispara contra los manifestantes—, cientos de operativos militares, aviones de gran envergadura para trasladar tropas, etc. 

- Acoso a familiares y secuestro de militantes de la principal fuerza política del país  para obligarlos a renunciar, intimidando y amedrentando sistemáticamente a su entorno más cercano 

- Quema de casas de partidarios del presidente Morales e intimidación permanente a personas que estén en desacuerdo con el gobierno de facto de Áñez.

- Desapariciones de personas para que la prensa no registre su muerte. Hasta ahora se denuncia que la policía no entregó los cuerpos de varios fallecidos durante la Masacre de Senkata.

- Tortura por parte de la policía y fuerzas militares y paramilitares del régimen de Jeanine Añez.

- Detenciones ilegales por protestar y denunciar los crímenes del gobierno.

- Allanamientos sin orden fiscal en contra de líderes indígenas y campesinos por el solo hecho de encabezar protestas pacíficas o estar en desacuerdo con el golpe de estado en Bolivia.

- Secuestro de celulares, cámaras y equipos de cobertura a la ciudadanía para impedir se denuncien estos crímenes.

- Autopsias ilegales y poco transparentes de los cuerpos de los fallecidos.

- Colocación de falsas "pruebas" (falsos positivos), dinamitas, supuesto dinero, material electoral vencido, audios, y vídeos montados, para justificar una brutal cacería en contra de los partidarios de morales que votaron por él en las pasadas elecciones.

- Juicios y detenciones arbitrarias en contra de personal médico que apoyaba a heridos durante las masacres. 

- Agresión a la prensa y toma "pacífica" por parte de grupos paramilitares de instalaciones del canal estatal Bolivia TV, corte de su señal, corte de la señal de Telesur, entre otros hechos de agresión a la prensa independiente.

-  Agresiones a ambulancias, equipo médico y voluntarios que cumplían una labor humanitaria en los lugares de conflicto.

- Violación a mujeres por parte de la policía.

- Cerco mediático, la prensa local ejerce autocensura para no mostrar lo que en realidad ocurre en el país y de esta manera alinearse al discurso oficial del régimen de Añez.

- Quema de símbolos indígenas como la Whipala para demostrar superioridad étnica.

- Intimidación psicológica generalizada en contra de las personas que piensan distinto al régimen, policías infiltrados y agentes encubiertos.

- Juicios indiscriminados en contra de indígenas y manifestantes acusándolos de terroristas y sediciosos cuando en realidad solamente hacían uso de su derecho constitucional a la protesta.

- Persecución política indiscriminada por parte del actual régimen de Jeanine Aañez, y sus principales operadores PARA QUIENES TAMBIÉN EXIGIMOS SE INICIE UN JUICIO POR SU COMPLICIDAD INTELECTUAL Y MATERIAL DE LAS MUERTES POR PARTE DE ESTE GOBIERNO DE FACTO: Arturo Murillo (su ministro de Gobierno), Luis Fernando López (Ministro de Defensa), Karen Longaric (Canciller), Oscar Ortiz (Senador de ultraderecha), Daniel Humérez (Viceministro de Régimen Interior), Wilson Santamaría (Viceministro de Seguridad Ciudadana), Carlos Orellana Centellas, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas (FFAA), además de otros actores como Waldo Albarracín, rector de la UMSA de La Paz, Amparo Carvajal, representante de "Derechos Humanos" en Bolivia, Marco Pumari líder cívico de Potosí (ligado a capitales chilenos que buscan apoderarse del Litio boliviano), Rolando Villena, ex defensor del pueblo, Williams Kaliman, ex general de las FFAA armadas de Bolivia promotor del golpe de Estado, Vladimir Yuri Calderón Mariscal, ex comandante general de la policía que originó un amotinamiento en contra del gobierno y protegió a grupos paramilitares fascistas, principalmente en Cochabamba. 

TODAS ESTAS ACCIONES SUCEDEN MIENTRAS LA UNIÓN EUROPEA, LA IGLESIA CATÓLICA, LA OEA, NACIONES UNIDAS, Y CUERPO DIPLOMÁTICO EN GENERAL NO SE MANIFIESTA CON CONTUNDENCIA EN CONTRA DE ESTOS HECHOS QUE RAYAN CON LA FIGURA DE GENOCIDIO ÉTNICO. 

EL PUEBLO DE BOLIVIA NECESITA TU APOYO.

NO PUEDE HABER PAZ CUANDO HAN HABIDO TANTOS MUERTOS.

¡JUSTICIA PARA LOS HUMILDES YA!