Somos un grupo de personas indignadas ante la impunidad que vive la niña con discapacidad, que sobrevivió a la violación de seis hombres. Estamos preocupadas no sólo por su estado de salud mental, físico y emocional, sino también por la nula respuesta a su petición de castigo para TODOS los que la violaron y abusaron el 9 de agosto pasado, a escasos 30 metros de la casa presidencial.
Ya el Estado le falló a esta niña al ser violada por oficiales de la seguridad de Daniel Ortega, quienes se supone debían protegerla, aún más, por tener una discapacidad. No le sigan fallando, no empeoren su situación y cumplan las leyes de protección a la niñez y de castigo a los violadores. No es un favor, es un deber.

Es imperativo que la Policía, el sistema judicial, el Estado, le cumplan a esta niña y su familia le brinden la atención debida para su adecuada recuperación y apliquen todo el peso de la ley para ofrecerle al menos la tranquilidad de que esos delincuentes paguen su delito en la cárcel.

Estamos vigilando cómo se aplica la justicia en Nicaragua, no sólo por este hecho sino por otros menos públicos donde el denominador común es la impunidad frente a la violencia sexual contra mujeres, niñas y niños y NO PASA NADA. ¿Hasta cuándo?
Como ciudadanas y como mujeres le decimos a esta niña: Te creemos y te apoyamos en tu búsqueda de justicia. Por eso exigimos:

1. Que se procese a Julio César García, principal acusado de la niña y a José Dolores Vásquez además del vigilante René Martínez, de la empresa Goliat, que aparece en calidad de testigo y no de acusado.
2. Que se aplique una sanción ejemplar al jefe de escolta de turno del día que ocurrió la violación y que no se fijó que cinco de sus oficiales no estaban en su puesto.
3. Que continúe el proceso contra los exoficiales de la Dirección de Operaciones Especiales: Erving Antonio Jarquín Espinoza, Walter Martín Téllez y Timerson Ixchilmora Parrales y se les apliquen las penas máximas.
4. Que se aplique el artículo 16 de la Ley 779, Violencia en el ejercicio de la función pública contra la mujer, a la investigadora Martha Díaz del Distrito II por no procesar la denuncia y atender mal al papá de la niña el día de los hechos; a la subcomisionada que amenazó a los padres de la niña de demandarlos por injurias y calumniasy a la sicóloga de la Comisaría de la Mujer del Distrito II, Ana Beatriz Chavarría, quien revictimizó a la niña en lugar de ayudarla, según reporta el papá de la víctima.
Arto. 16, Ley 779, Ley integral contra la violencia hacia las mujeres:
Violencia en el ejercicio de la función pública contra la mujer: Quien en el ejercicio de la función pública, independientemente de su cargo, de forma dolosa, retarde, obstaculice, deniegue la debida atención o impida que la mujer acceda al derecho a la oportuna respuesta en la institución a la cual ésta acude, a los fines de gestionar algún trámite relacionado con los derechos que garantiza la presente Ley, será sancionado con pena de doscientos a quinientos días multa e inhabilitación especial en el ejercicio del cargo por un periodo de tres a seis meses. (…) Si como resultado de las conductas anteriormente señaladas, se pusiesen en concreto peligro la vida e integridad de la mujer, la pena será de seis meses a un año de prisión e inhabilitación especial para ejercer el cargo por el mismo periodo.
Justicia para las niñas, ¡castigo a los violadores!

Firmado:

Tania Montenegro

Maria Martha Escobar

Cecilia Medal

Gladioska Solís

María Félix Morales

Angie Largaespada