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1.- Los programas especiales de armamento se han elaborado sin respetar los intereses de la sociedad, con una administración de los recursos públicos imprudente e, incluso, con indicios de una posible malversación en la administración de dichos fondos.

2.- Se necesita transparencia en la capacidad financiera del Ministerio de Defensa ( presupuesto anual 4millones de € ) desde el inicio de los programas y la capacidad de afrontar los compromisos adquiridos (asignaciones de urgencia como la de más de 1.800 millones de € en septiembre 2012). 

3.- El nivel de endeudamiento originado por los citados compromisos es extremadamente exagerado (36.000 millones de €) seis veces la deuda en sanidad.

4.- Se desconoce la adecuación de los programas a los compromisos adquiridos que justifican su realización, en particular la aportación al desarrollo del tejido industrial nacional, los empleos consolidados, el efecto sobre la I+D+i, las exportaciones realizadas y los convenios de cooperación suscritos.

5.- Hay que priorizar la inversión coste/oportunidad en relación con otras posibles inversiones en otras áreas con mayor impacto social: sanidad, educación, servicios sociales, cooperación al desarrollo, investigación...

6.- No hay medidas de transparencia establecidas para mantener informada a la sociedad. Hace falta investigar las medidas de trazabilidad establecidas para evitar financiar a empresas que comercian con armamento sin las debidas garantías de su uso meramente defensivo o en misiones de paz

7.- Existe un alto riesgo moral de convertir a la sociedad española en una potencia militar.

Letter to
A todos los parlamentarios del Congreso y del Senado español:
Nos dirigimos a usted como ciudadana/o para exigirle su compromiso con una política transparente, promoviendo la creación de una Comisión de Investigación que encargue una auditoría, pública e independiente, de los programas especiales de armamento.
El Partido Político Por Un Mundo Más Justo, M+J, considera que dichos programas se han elaborado sin respetar los intereses de la sociedad y que en su planificación, elaboración y gestión, existen elementos suficientes para considerar que ha existido una administración de los recursos públicos imprudente e, incluso, que existen indicios de una posible malversación en la administración de dichos fondos
Proponemos que la citada Comisión encargue una auditoria, pública e independiente, de los Programas Especiales de Armamento centrada en los siguientes puntos básicos:

La capacidad financiera del Ministerio de Defensa desde el inicio de los programas y la capacidad de afrontar los compromisos adquiridos.
El nivel de endeudamiento originado por los citados compromisos.
La planificación, económica y financiera, y las previsiones existentes, en su caso, para hacer frente a los créditos asumidos.
El modelo de contratación llevado a cabo en relación con la salvaguarda de los intereses patrimoniales del Estado.
Los contratos suscritos, con sus respectivas modificaciones, así como los pagos realizados, incluyendo los anticipos percibidos.
Las relaciones, institucionales y personales, con las empresas contratistas.
La gestión administrativa de los programas, incluyendo la evaluación previa y el seguimiento.
La concepción y planificación de los programas, su coherencia interna y el control ejercido sobre los mismos.
El proceso de consulta pública que avala el interés general de las actuaciones acometidas. Las opiniones de las organizaciones sindicales, de las fuerzas políticas y de la sociedad civil organizada recogidas durante las consultas públicas.
La adecuación de los programas a los compromisos adquiridos que justifican su realización, en particular la aportación al desarrollo del tejido industrial nacional, los empleos consolidados, el efecto sobre la I+D+i, las exportaciones realizadas y los convenios de cooperación suscritos.
El análisis de coste/oportunidad en relación con otras posibles inversiones en otras áreas con mayor impacto social.
Las medidas de transparencia establecidas para mantener informada a la sociedad.
Las medidas de trazabilidad establecidas para evitar financiar a empresas que comercian con armamento sin las debidas garantías de su uso meramente defensivo o en misiones de paz.
El riesgo moral de convertir a la sociedad española en una potencia militar.