Victoria confirmada

Firma para que se mantengan las medidas cautelares que protegen al Alcalde de Bogotá Gustavo Petro

¡Esta petición logró su objetivo con el apoyo de 10,489 personas!


El 21 de abril de 2014, el Tribunal Superior de Bogotá ordena al presidente de la República de Colombia, Juan Manuel Santos, acatar las medidas cautelares de la Convención Interamericana de Derechos Humanos -CIDH- y reintegrar a Gustavo Francisco Petro Urrego a su cargo como Alcalde Mayor de la ciudad de Bogotá D.C. “...la Comisión requiere a Colombia que suspenda inmediatamente los efectos de la decisión del 9 de diciembre de 2013, emitida y ratificada por la Procuraduría General de la Nación el 13 de enero de 2014, afin de garantizar el ejercicio de los derechos políticos del señor Gustavo Francisco Petro Urrego y pueda cumplir con el periodo para el cual fue elegido como Alcalde de la ciudad de Bogotá D.C. el 30 de diciembre de 2011, hasta que la CIDH se haya pronunciado sobre la petición individual...”

 El 23 de abril, el Presidente Santos decide firmar el decreto de restitución del alcalde mayor aduciendo que es su obligación de acatar la ley.

Cabe recordar, que el pasado 19 de marzo de 2014, el Presidente Juan Manuel Santos decidió no acatar dichas medidas, rompiendo de esta manera la tradición de observancia a medidas del sistema interamericano de derechos humanos y generando un punto de inflexión grave para la protección de los derechos humanos integrales de personas.

La acción fue contraria a las obligaciones internacionales del Estado, y en particular, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos que, en su artículo 29, establece el principio pro persona, que exige a los Estados a interpretar sus obligaciones a favor de la persona humana y prohibe la supresión del goce o ejercicio de los derechos o excluir derechos o garantías que son inherentes al ser humano, o que se derivan de la forma democrática representativa de gobierno, o limitar el efecto que puedan producir la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre y otros actos internacionales de la misma naturaleza.

La pretensión del gobierno colombiano para jerarquizar los derechos humanos fundamentales, determinando cuales pueden alcanzar una protección por vía de las medidas cautelares o no, quebranta las características indivisibles, complementarias e interdependientes de la Convención Americana. En efecto, el artículo 27 de la Convención contempla qué derechos se pueden restringir en situaciones excepcionales, estableciendo que los derechos políticos no admiten restricciones ni en el peor escenario de guerra o disturbio interno. El conjunto de derechos humanos enunciados en el artículo 27.2 constituye el núcleo esencial de derechos protegidos por la Convención Americana. Por tanto, la vulneración de los derechos políticos y el debido proceso es atentatoria de la dignidad de la persona y el Estado tiene la obligación de protegerlos y respetarlos convencionalmente.

En la actualidad, reiterando la inobservancia de la garantía y protección de los Derechos Humanos en Colombia, el Presidente Juan Manuel Santos decidió el pasado 25 de abril no acatar el fallo del Juez Constitucional anunciando su impugnación, respaldándose en la posición del procurador Alejandro Ordoñez, quien anunció también la impugnación de la sentencia del tribunal, alegando que en Colombia el papel de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es complementaria y que solo opera cuando los mecanismos internos no funcionan. Según el Procurador, los derechos políticos del mandatario capitalino y el de los ciudadanos no fueron transgredidos.

La decisión del Presidente Santos como Jefe de Estado de ratificarse en no acatar las medidas cautelares de la CIDH, así como de la orden del Juez Constitucional, pone en riesgo el derecho a la paz como derecho individual y colectivo, derecho fundamental contemplado en el art. 22 de la Constitución Política colombiana. En consideración al mensaje negativo que se envía a la mesa de negociación de La Habana.

Impacto negativo sobre la paz y la democracia: Colombia padece un conflicto armado interno por razones políticas que ha durado más de medio siglo, dejando un saldo de seis millones de víctimas de asesinatos, desapariciones y desplazamientos forzados, torturas, secuestros, amenazas de muerte, violaciones y otras atrocidades que se siguen presentando a diario en el país. Vulnerando de esta manera algunos de los derechos fundamentales como la libertad, el debido proceso y los derechos políticos.

Colombia se encuentra en el marco de un proceso de paz en la Habana con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia -FARC- encabezado por el presidente Santos, bajo la oferta de que el Estado les brinda garantías para que cambien las armas por la acción política dentro de la popularidad democrática que ofrece la institucionalidad colombiana. La destitución e inhabilidad por 15 años de Gustavo Petro, Alcalde Mayor de Bogotá D.C, demostraría que las élites en Colombia, han mantenido el statu quo a sangre y fuego; si en la eventualidad de que un gobierno de izquierda pueda llegar a representar una opción de cambio por la vía legal para la defensa de los intereses públicos y de gobernar en pro de los desfavorecidos, no dudarán en acudir a utilizar la propia institucionalidad para continuar el silenciamiento de opciones políticas alternativas por otros medios.

Frente a esta situación y a la decisión del Presidente de la República de Colombia, Juan Manual Santos, de impugnar la tutela del Tribunal Superior de Bogotá argumentando que esta pone en tela de juicio una decisión del alto gobierno, expresamos:

1)  Nuestra inquietud por la persecución, acoso y tratamiento que se le ha dado a Gustavo Petro, hijo de un proceso de paz y uno de los representantes de la izquierda democrática colombiana. Es de notorio conocimiento que Gustavo Petro, ex integrante del Movimiento 19 de Abril – M19, decidió abandonar la lucha armada insurgente, para no hacer política a través de las armas, sino a través del ejercicio de los derechos políticos de elegir y ser elegido.

2)  Nuestra satisfacción a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por otorgar las medidas cautelares para proteger al alcalde mayor de Bogotá, Gustavo Petro, y pedirle al gobierno de Colombia suspender de inmediato el proceso de su destitución, garantizando de esta manera el ejercicio de sus derechos políticos y que pueda cumplir con el período para el cual fue elegido como alcalde de la ciudad de Bogotá.

3) Nuestra preocupación al gobierno colombiano de ratificar su deseo de desacatar las medidas cautelares de la CIDH con el objetivo de favorecer la reelección del presidente Juan Manuel Santos. Esta decisión, es un pésimo mensaje para los alzados en armas que observan en esta determinación que las opciones políticas e ideológicas distintas a las que representan las élites tradicionales, aunque tengan el respaldo popular de los electores, no serán respetadas como opciones de transformación, limitando la democracia a los intereses del statu quo.

Consideramos que la no adopción de las medidas cautelares a favor del Alcalde Mayor Gustavo Petro Urrego trae consigo daños irreparables sobre sus derechos políticos y el acceso a la justicia los cuales no podrán ser reparados por medio de la restitución a la situación anterior a la violación. En consecuencia solicito al gobierno colombiano para que de manera expresa y pública manifieste la adopción de las medidas cautelares y las mantenga vigentes hasta que el caso se estudie de fondo en las instancias internacionales.



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Petro NO se va necesita tu ayuda con esta petición «Comisión Interaméricana de Derechos Humanos: Firma para que se mantengan las medidas cautelares que protegen al Alcalde de Bogotá Gustavo Petro». Súmate a Petro NO se va y 10,488 persona que han firmado hoy.