Por la vigencia de la Constitución y la Democracia

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Hace poco menos de tres meses, un grupo de ciudadanos hicimos pública una carta donde, entre varias cuestiones planteadas, utilizamos el neologismo “infectadura” para definir las políticas del gobierno frente a la pandemia. La carta tuvo una amplia difusión y fue duramente cuestionada por quienes la consideraron una exageración. Hoy, las circunstancias evolucionaron en el sentido que menos deseábamos, pero que entonces intuíamos: en nombre de cuidar la salud de la población, el gobierno avanzó con una agenda ajena al contexto que vivimos y disociada de la realidad.

Del discurso ultra cientificista de los primeros meses se pasó sin escala, pero con igual afán, a propagar relatos con incompleta y sesgada contrastación empírica o científica y hasta con datos erróneos destinados a mantener la reclusión y el sometimiento de gran parte de la población.

El presidente eligió romper cualquier posibilidad de acuerdo social para hacer frente a la pandemia, al impedir trabajar a quienes dependen de un ingreso para su sustento, y al intentar apoderarse de empresas privadas, mientras apunta a una reforma de la justicia totalmente extemporánea. El gobierno parece más preocupado por los casinos y el fútbol que por la educación de los chicos o las consecuencias de la liberación de delincuentes que hoy azotan a los ciudadanos. Más grave aún es el marco de indefensión jurídica en que el gobierno sumió a la sociedad.

Resulta difícil ennumerar en este breve espacio la cantidad de personas que han sido encarceladas, perseguidas, agredidas, perjudicadas y denunciadas en nombre de la salud pública y violentando garantías esenciales estipuladas por la Constitución Nacional. La falta de empatía y sensibilidad llegaron a un límite imperdonable con quienes han muerto aislados y sin la despedida de sus familias, representados en el caso de Solange Musse y su padre, mientras la desaparición de Facundo Astudillo Castro y las muertes de Luis Espinosa, Florencia Morales y muchos otros nos vuelven a tiempos oscuros de la historia. Por el bien de nuestra democracia todos los casos de violencia institucional deben esclarecerse por completo, y los responsables ser juzgados.

Queremos advertir que al mismo tiempo que el gobierno muestra escasa pericia en el ámbito de las políticas sanitarias, y sumerge al país en una crisis económica y social de magnitud desconocida, también ha incentivado a las distintas autoridades provinciales y municipales, y sus fuerzas de seguridad, para intervenir en forma inconstitucional, ilegal, arbitraria e imprevisible sobre los derechos de las personas. Es inédito para estos años de democracia el creciente número de víctimas que esta situación ha ocasionado y los sufrimientos que ha producido.

Los abajo firmantes rechazamos prácticas y discursos antidemocráticos, reforzamos nuestro compromiso con las garantías estipuladas por la Constitución Nacional y pedimos:

- La derogación de la prórroga de la Ley de Emergencia 27.541, de los decretos limitantes de derechos constitucionales dictados en el marco de la pandemia, y el retorno del Congreso a su funcionamiento normal poniendo fin a las sesiones virtuales.
- El funcionamiento del Poder Judicial en su totalidad y que esté ampliamente disponible para actuar cuando las personas reclamen la defensa de sus derechos básicos.
- La coordinación de las organizaciones de la sociedad civil que defienden los derechos de las personas para colocar estos temas en el tope de la agenda pública y denunciar internacionalmente situaciones arbitrarias e ilegales.
- El cese inmediato de la criminalización de actividades lícitas y el acoso de las fuerzas de seguridad a los ciudadanos, así como de las actitudes impúdicas de los responsables de la seguridad pública y sus peleas por espacios de poder y futuras candidaturas.

Es preciso acabar con el aprovechamiento de la cuarentena indefinida para avanzar en proyectos de impunidad personal y la concentración de poder de grupos políticos oficialistas.

Es indispensable acabar con el uso ilegal del terror sanitario como herramienta para someter a la población.