Ceuta es España y lo que ocurre allí afecta a toda España.

El artículo 1.2 de la Constitución establece: «La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado». Esta iniciativa no trata de colores políticos: trata de humanidad, unión, responsabilidad y defensa de nuestra casa común, de nuestros mayores, de nuestras familias y de nuestros servicios públicos.

Exigimos el retorno, la devolución/ expulsión, con la misma urgencia con la que se han producido y continúan produciéndose las entradas irregulares, de todas las personas que no tengan derecho a permanecer en España. Estas medidas deberán tramitarse mediante procedimientos individualizados y conforme a la ley. Si el Gobierno adopta decisiones que impidan o retrasen injustificadamente su aplicación, deberá asumir y explicar públicamente sus consecuencias.

Exigimos que España garantice el control efectivo de su frontera en Ceuta, con suficientes guardias civiles, policías y medios materiales. La vigilancia y las decisiones que corresponden a España no pueden quedar sometidas a los intereses de otro Estado. Solicitamos que se publiquen los efectivos disponibles, las necesidades detectadas y las medidas adoptadas.

No permitamos que Ceuta se sienta sola, desbordada y desamparada. Si los centros de acogida, las dependencias policiales, los servicios sanitarios o los recursos sociales han alcanzado su capacidad, exigimos datos oficiales, medidas inmediatas, refuerzos suficientes y la aplicación de los procedimientos legales de retorno, devolución/ expulsión que correspondan.

Solicitamos con extrema urgencia que los diputados examinen los hechos comprobados y expliquen su posición ante la ciudadanía. El artículo 102.2 de la Constitución requiere la iniciativa de 88 diputados. Si los 33 diputados de Vox respaldan formalmente su promoción, serían necesarios otros 55 apoyos. No solicitamos un gesto simbólico. Pedimos que se active el mecanismo constitucional necesario para exigir la responsabilidad criminal del presidente y que, si el procedimiento demuestra dicha responsabilidad, se apliquen todas las consecuencias legales correspondientes, incluida su salida del cargo cuando legalmente proceda.

Pedimos al Partido Popular que no se refugie en la abstención ni en el rechazo sin una explicación pública y razonada. Le solicitamos que examine las pruebas y, si concurren los requisitos jurídicos exigidos por la Constitución, aporte los apoyos necesarios para impulsar el procedimiento. Si decide no hacerlo, deberá explicar públicamente por qué y qué alternativa concreta propone.

Firmar esta campaña expresa apoyo social y ayuda a que la petición llegue a los representantes públicos y a los medios de comunicación. Las firmas ciudadanas no sustituyen las 88 firmas parlamentarias ni determinan una responsabilidad penal, que únicamente puede resolverse mediante el procedimiento legal correspondiente.