La tauromaquia no es rentable y la estamos pagando entre todas y todos a golpe de subvenciones públicas. Esta feria y fiestas 2019 de Casas-Ibáñez, se celebrará una corrida de toros con 11.000 euros de dinero público, gracias al acuerdo entre la asociación Tauromanchuela y el Ayuntamiento local (PP y C's).

11.000 euros para un espectáculo sangriento de tres horas al que, además, no puede asistir todo el mundo por razones éticas y morales. Desde Casas-Ibáñez contra la Tortura Animal (CI-CTA), entendemos estos hechos como una irresponsabilidad política y una nefasta gestión del dinero público de todos y todas las ibañesas.

La plaza de toros de Casas-Ibáñez tiene un aforo de 6.000 localidades y un coso lo suficientemente grande como para albergar otro tipo de actividades (festivales de música, artes escénicas, jornadas culturales y deportivas, espectáculos de acrobacias, etc.), que permitan la participación de todo el pueblo y difundan una feria limpia de sangre y barbarie.

Por eso, CI-CTA exigimos:

1. que se paralicen y eliminen todos los espectáculos taurinos y con animales de aquí en adelante,
2. que se prohíba el acceso de menores de edad para protegerlos frente a la violencia (LO de Protección Jurídica del Menor, 1996; ley de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, 2015),
3. que los presupuestos de la feria y fiestas sean participativos,
4. y que el Ayuntamiento haga un desglose detallado y transparente de las partidas de ingresos y gastos de su actividad pública (ley de transparencia y acceso a la información pública, 2013), en especial las dotaciones a asociaciones y las contrataciones de empresas.

CI-CTA
4 de agosto de 2019

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El número de festejos taurinos en plazas de toros ha caído un 57,7% en España entre 2007 y 2017, según el Ministerio de Cultura. Si en 2007 hubo 3.651 festejos, en 2017 hubo 1.553. Sin embargo, la Administración Pública protege y subvenciona la tauromaquia en base a la ley para la regulación de la tauromaquia como patrimonio cultural que el Partido Popular aprobó en 2013 para blindar un negocio insostenible.