Bogotá D.C. 26 de febrero de 2026

Respetadas

Yannai Kadamani Fonrodona

Ministra de las Culturas, las Artes y Los Saberes

Luisa Fernanda Trujillo Bernal

Secretaria general 

Ministerio de las Culturas, las Artes y Los Saberes

Diana Diaz Soto

Directora

Dirección de Audiovisuales, Cine y Medios Interactivos

La Ciudad

Asunto. Solicitud Reunión Problemática Trámites DACMI

Cordial saludo, 

El pasado 23 de febrero de este año se reunieron setenta empresas del sector cinematográfico para abordar una problemática que afecta de manera apremiante nuestra actividad: las dificultades en los trámites de expedición de la Resolución de Reconocimiento de Proyecto y de Obra Cinematográfica Nacional y de los Certificados de Inversión y Donación Cinematográfica (CIC). 

En los veintitrés años transcurridos desde la expedición de la Ley 814 de 2003 no se habían presentado demoras y obstáculos tan persistentes y sistemáticos como los que hoy enfrenta el sector.

La Ley 814 fue creada para fortalecer el patrimonio audiovisual colombiano y consolidar la industria cinematográfica nacional. Gracias a ella, el sector creció de manera significativa en número de producciones y en niveles de inversión. Sin embargo, ese crecimiento ha evidenciado limitaciones estructurales: procedimientos que no se han actualizado, insuficiencia de recursos administrativos y criterios de evaluación que hoy resultan inciertos.

La principal preocupación radica en la ausencia de criterios de evaluación claros, públicos y uniformes. Aunque existe un manual de procedimiento, en la práctica los requisitos se modifican a voluntad y criterio de los funcionarios, lo que impide a los productores contar con parámetros previsibles sobre qué se exigirá y bajo qué estándares serán valorados sus proyectos. Esta falta de consistencia genera devoluciones reiteradas y nuevos requerimientos, prolongando innecesariamente los trámites y afectando la seguridad jurídica y la inversión en el sector.

Reconocemos la importancia del control y la transparencia en el sistema. Precisamente por ello, consideramos fundamental que las actuaciones administrativas se mantengan estrictamente dentro del marco legal y con competencias claramente delimitadas. Las funciones de inspección y vigilancia corresponden a las autoridades expresamente habilitadas por la ley. El Ministerio no cuenta con facultades generales de auditoría empresarial sobre los proyectos cinematográficos. Cuando se desdibuja ese límite competencial, se afecta la seguridad jurídica del sector y se introduce un nivel de incertidumbre que impacta directamente la toma de decisiones de productores e inversionistas.

En este contexto, preocupa que, bajo la intención de prevenir irregularidades, se estén sometiendo a cuestionamiento estructuras empresariales y modelos financieros que son legítimos y ajustados a la normatividad vigente. El acceso y uso de beneficios tributarios legalmente establecidos no puede transformarse en un factor de sospecha cuando las actuaciones se realizan conforme a derecho.

Esta inquietud no es individual. Diversos productores, gremios y asociaciones han manifestado preocupaciones similares y han solicitado espacios de diálogo. Si bien se han realizado algunas reuniones, no se han adoptado medidas estructurales que corrijan las dificultades identificadas. Por el contrario, los procedimientos se han tornado progresivamente más complejos, incomprensibles y extensos, generando impactos reales en la sostenibilidad del ecosistema audiovisual.

Agradecemos la invitación a la reunión convocada por la DACMI para el próximo viernes 6 de marzo; sin embargo, resulta necesario señalar que esta problemática ya ha sido objeto de múltiples encuentros previos sin que se hayan producido definiciones de fondo. El sector requiere claridad normativa y decisiones estructurales, no únicamente conversaciones reiteradas.

Para que esta conversación tenga el alcance institucional necesario y pueda traducirse en soluciones reales, estructurales y duraderas, resulta imprescindible que se adelante de manera presencial y con la participación de quienes tienen la capacidad efectiva de decisión.

En ese sentido, consideramos indispensable la presencia de la señora Ministra de Cultura y de la Secretaría General del Ministerio, pues solo con su intervención directa será posible adoptar las medidas que el momento exige.

Por tal razón, consideramos indispensable que esta nueva reunión tenga el alcance institucional necesario para adoptar decisiones concretas e inmediatas, estrictamente ceñidas al marco legal vigente. El propósito debe ser avanzar en medidas claras que permitan racionalizar y descongestionar los procedimientos, tanto desde la gestión interna de la entidad como en su relación con los productores, garantizando mayor eficiencia, seguridad jurídica y tiempos razonables. 

En ese sentido, solicitamos respetuosamente que en dicho encuentro se aborden los siguientes puntos:

1.  Expedición de las resoluciones y certificados en curso ciñéndose estrictamente a la normativa vigente.

2.  La adopción de medidas concretas para la descongestión y agilización efectiva de los trámites.

3.  La delimitación precisa de las competencias del Ministerio, evitando que asuma funciones que corresponden a otras autoridades.

4.  La garantía del cumplimiento de los principios de la actuación administrativa, en especial eficacia, celeridad, economía, imparcialidad e igualdad.

5. La expedición de una reglamentación clara, pública y uniforme de los criterios de evaluación, de manera que sean predecibles y aplicables en igualdad de condiciones para todos los productores.

El sector cinematográfico colombiano ha demostrado durante más de dos décadas su capacidad de crecimiento, profesionalización y aporte cultural. Ese desarrollo fue posible gracias a un marco normativo que generó confianza y estimuló la inversión. Hoy necesitamos recuperar esa confianza mediante decisiones estructurales que aseguren seguridad jurídica y eficiencia administrativa.

Nuestro objetivo es claro: garantizar que la Ley 814 continúe cumpliendo su misión de fortalecer el patrimonio audiovisual colombiano y consolidar una industria sólida, sostenible y competitiva. Para ello se requieren reglas claras, criterios uniformes y trámites ágiles que promuevan —y no obstaculicen— la inversión y la creación cinematográfica en Colombia.