CARTA ABIERTA A LA MINISTRA DE EDUCACIÒN POR UNA CONVOCATORIA NACIONAL QUE HAGA DE LA EDUCACIÓN UN ASUNTO DE TODOS Y TODAS PARA UN PROYECTO DE TRANSFORMACIÓN EDUCATIVA Y PEDAGÓGICA

 

Somos educadoras y educadores de todas las educaciones, formal, no formal e informal, en un espacio de diálogo y de convergencia de movimientos educativos, pedagógicos, sociales, redes y organizaciones de la sociedad civil, que busca profundizar la reflexión sobre la posibilidad de otra educación, formulando propuestas e intercambiando experiencias, en el marco de este gobierno alternativo y progresista. 

Compartimos con el gobierno su interés por generar importantes transformaciones en materia de justicia social, redistribución de la tierra, protección del ambiente, paz total, reforma a la salud, reforma laboral, entre otras, pero registramos con preocupación la ausencia de un planteamiento integral, articulado y potente en materia educativa, que inspire un proyecto educativo que recupere el espíritu progresista de la Ley General de Educación, de naturaleza democrática e incluyente; descentralizado y territorializado; reconocedor de los saberes científicos, sociales y culturales; orientado por principios de convivencia pacífica, formación de ciudadanías críticas, espacio para la verdad y de procesos de paz total en los territorios. Un proyecto educativo de país que responda con pertinencia y espíritu crítico a los desafíos globales y tecnológicos de este siglo.

La Educación es un bien público social, un derecho humano y universal, un deber del Estado. Por ello no puede quedar en un segundo plano y es necesario posicionar su lugar estratégico en el conjunto de las políticas que propone el actual gobierno y en los procesos de desarrollo sustentable del país y de sus territorios. 

Vemos con preocupación que las formulaciones expuestas en el Plan Nacional de Desarrollo, no dejan ver con claridad en qué consiste el Proyecto Educativo que se requiere hoy, en la perspectiva de una reforma de le educación y la enseñanza que establezca la responsabilidad del Estado frente al Derecho a la educación, es decir, una transformación pedagógica y cultural de nuestras escuelas, de las Escuelas Normales y la educación superior, de manera articulada en la perspectiva de fortalecer la educación pública, y consensuar una propuesta de reforma al Sistema General de Participaciones.

Colombia cuenta con una historia importante en el desarrollo del Movimiento Pedagógico que, como movimiento social, cultural y pedagógico por la transformación de la escuela y la educación, desde hace más de 40 años, ha dejado profundas huellas en la educación. Actualmente, cuenta con múltiples manifestaciones, como las redes de maestras y maestros, las numerosas prácticas de transformación pedagógica, la Expedición Pedagógica Nacional y la Movilización social por la Educación, entre otras, en las cuales participan educadores/ as, así como numerosas instituciones y organizaciones sociales. 

La movilización social es un mecanismo de expresión colectiva, mediante la cual se plantean causas o luchas por la igualdad y reconocimiento de derechos, en la perspectiva de construir una sociedad más justa, humana y equitativa. Como colectivo proponemos una movilización social en torno a la educación como asunto de todos, todas y todes, que permita escuchar las voces silenciadas, y acogiendo el mandato de la Ley General de Educación, (Ley 115/ 94), se realicen los Foros municipales, se reactiven las JUMES, JUDES y demás instancias participativas. Luego, en un gran Foro nacional, se recojan las inquietudes, necesidades, anhelos y propuestas de transformación en educación, para la construcción de un sistema integral de educación desde el preescolar hasta la universidad.

El largo proceso de contrarreforma neoliberal experimentado por el sector educativo, guiado por horizontes productivistas, eficientistas, efectivistas e instrumentalistas, nos pone de presente, como sociedad crítica, tareas de vital importancia: revisar enfoques y lineamientos curriculares atados a políticas de organismos internacionales como el Banco Mundial o la OCDE; llevar a efecto una descentralización democrática del sistema y toma de decisiones de tal manera que el territorio y las comunidades educativas sean actores activos y decisorios de dicho proyecto; recuperar y fortalecer la autonomía de la institución educativa; dignificar la labor docente como profesional de la educación y sujeto de saber pedagógico; articular apoyos sinérgicos de las instituciones del sistema en procura del desarrollo educativo; movilizar comunidades educativas y experiencias pedagógicas innovadoras y alternativas desde adentro y desde abajo como expresión de una educación como asunto de todos. 

Más allá de los asuntos de cobertura, retención y eficiencia del sistema, la educación colombiana, particularmente la educación preescolar, básica y media, ha sido hegemonizada por perspectivas y modelos tecnologistas, instruccionistas y tecnocráticos con graves consecuencias para la autonomía de las instituciones, los procesos de enseñanza y aprendizaje y los climas y ambientes de convivencia. Se ha impuesto un enfoque de calidad de la educación basado en la medición de resultados, a través de pruebas estandarizadas, cuyos resultados (rankings de competencias) se presentan socialmente como único indicador válido de “calidad” de la educación, desconociendo que estos son consecuencia de múltiples factores, entre ellos la pobreza extrema, las diferentes violencias, las condiciones vulnerables en las que viven las comunidades y la falta oportunidades educativas. Se ha impuesto un lenguaje tecnocrático que ha desplazado la pedagogía como discurso y saber de las prácticas de maestras y maestras.

Así por ejemplo, tenemos una institución educativa que se obliga a tomar decisiones de presente y de futuro basada solo en los resultados fragmentados, parciales y ahistóricos de las pruebas censales, resultados y análisis que se ofrecen como insumos externos generados por expertos. Así, los currículos pierden posibilidades de ser pensados y transformados reducidos a insumos remediales de mejoramiento de la calidad educativa. En esta trama, instituciones y educadores /as no solo pierden autonomía, sino que sus roles son instrumentalizados, sus prácticas colonizadas por una serie de técnicas, herramientas y formatos que enajenan y burocratizan su labor. En esta línea, las funciones  de directivos/as docentes son desplazados a lugares gerenciales y administrativos propios de la empresa privada. 

Los asuntos de la juventud no han logrado entrar aún en las agendas públicas. El gran desafío es tomar conciencia del protagonismo de los jóvenes y potenciar la visión de y sobre los jóvenes como "sujetos de derechos", para el ejercicio pleno de la ciudadanía y el establecimiento de garantías sociales e institucionales, el respeto y cumplimiento de sus derechos fundamentales.

La educación superior está en crisis. Se presenta un fuerte decrecimiento de la matrícula y abandono explicada por el aumento de la pobreza de la población, por el decrecimiento poblacional pero posiblemente también por la limitación de ofertas educativas postsecundaria para la juventud, por la fractura que existe entre la educación media y la universidad. Esta situación está cruzada por la intención de reformar o reemplazar la Ley 30 (ley 30 /92) que coloca en juego la financiación de la educación superior oficial, los mecanismos para viabilizar los recursos, la gratuidad y acceso universal, el gobierno universitario, la declaración de la educación superior como derecho fundamental. Y gravitan otros asuntos claves: la profesionalización de las instituciones de educación superior, el lugar de la investigación y el conocimiento, la proyección social de la universidad, las identidades juveniles y las prácticas culturas institucionales.

La Educación de jóvenes y adultos (EPJA)  está cruzada por tres dificultades: la imprecisión de datos sobre analfabetismo absoluto y funcional; la rigidez en la práctica de modelos flexibles avalados por el MEN y la generación continua de jóvenes y adultos analfabetas en tanto no se frene la deserción escolar o por su no ingreso a la escuela en las edades correspondientes. En este ámbito ha predominado más las buenas intenciones por parte del MEN que realizaciones concretas e integrales que den respuestas efectivas a esta población.

El sistema de formación de docentes en el país se ha caracterizado por la presencia débil de referentes territoriales y de dispositivos de articulación regional de los procesos de formación docente inicial articulada con la formación en ejercicio y la avanzada. En el marco de esta situación queremos señalar tres problemas: uno, los efectos que la creciente desprofesionalización docente provoca en el ejercicio de la profesión y en las demandas de formación; dos, la crisis del vínculo de la educación superior, particularmente de las facultades de educación con la escuela y otras formas de educación, tanto en el ámbito del pregrado (prácticas profesionales) como en el ámbito de los posgrados (formación in situ), en las que ha predominado una lógica de actuar para adentro de sus fronteras; tres, la condición remedial en la que queda la formación en ejercicio en tanto sus necesidades son determinadas por los resultado de las pruebas censales, expresión del enfoque de calidad de la educación predominante en nuestro sistema. 

Las nuevas tecnologías de la comunicación y la información cambiaron las formas de aprender y comunicar, predominando su uso instrumental, sin mediaciones y sin búsqueda de sentidos. Vivimos un capitalismo del S XXI, caracterizado entre otros factores, por el control de la información en el que las personas pierden su condición de sujeto y se presentan ya, como un dato más o ya, como tribu consumidora. El dataismo, el algoritmo, el bigdata, o sea, la información, el dispositivo y el perfil que genera la digitalización, se presentan como factores constitutivos de identidades personales y grupales, cada vez más tribales y temporales,  en detrimento de los relatos históricos y de la vida real de las personas. El dato, la información que circula en redes y dispositivos, reemplazan los relatos del saber y del conocimiento. La verdad como relato, independientemente de sí se presenta como interpretación o como objetividad de los hechos de la realidad, es sustituida por el número de “me gusta” de la información que circula en las redes digitales. Son las condiciones que la contemporaneidad neoliberal le imponen a la sociedad, a la educación, a la escuela, al trabajo del maestro. La incorporación de las tecnologías digitales al proceso de enseñanza aprendizaje no puede pasar por alto esta condición a riesgo de hacer un uso tecnicista e instrumental de las tecnologías generando nuevos desplazamientos de la pedagogía y de horizontes humanistas que orienten los proyectos de vida de nuestras y nuestros estudiantes. Este contexto es una razón de peso para hacer un profundo replanteamiento de mandatos productivistas, tecnocráticos y exitistas de las políticas educativas de las últimas décadas.

Desde este lugar, planteamos la necesidad de construir un sistema integral de educación que abarque todos los niveles hasta la universidad. Por ello proponemos que se convoque a una conversación nacional amplia y participativa, para la cual sugerimos fundamentalmente los siguientes asuntos temáticos:  

1.     Volver a pensar y hacer nuestra educación como un acontecimiento humano, crítico, transformativo y contextuado y no solo como un hecho económico, de naturaleza instrumental y técnico-administrativo. La calidad y sus factores asociados, como se ha entendido e impuesto como política en las últimas décadas, no puede seguir siendo el paradigma para pensar, planificar, hacer y evaluar en educación. Necesitamos restablecer el lugar del saber pedagógico en las prácticas de docentes y directivos como referente para la autonomía institucional y pedagógica basada en el trabajo colectivo y participativo; nos urge, de maneras inclusivas y democráticas, revisar, adecuar, contextualizar y territorializar lineamientos curriculares en coherencia con el horizonte transformativo del proyecto educativo; hay que incentivar y fortalecer las relaciones dialógicas entre el enseñar y el aprender en perspectiva de la consideración del estudiante como sujeto de aprendizajes integrales; hay que incentivar las experiencias innovadoras y alternativas en las que las escuelas experimenten otras formas de hacer escuela, otras formas de enseñar y aprender, otras formas de organizar sus tiempos, espacios y relaciones con el territorio.

2.     La escuela está y le pertenece a un territorio. Es la única presencia del estado en muchos lugares y rincones del país, es un espacio de circulación de saberes y prácticas ancestrales y comunitarias sin cuyo reconocimiento y contextualización los procesos de enseñanza resultan fragmentados y poco significativos para estudiantes y comunidades locales. Hoy sabemos que en las escuelas se adelantan múltiples iniciativas que tienen conexión estrecha con las poblaciones y las condiciones propias de cada territorio, desde donde emergen nuevas comunidades de prácticas educativas. 

3.     La educación propia e intercultural requiere ser abordada en correspondencia con el sentido afirmativo por el que luchan las comunidades, con los contenidos y la participación que merecen. La educación propia es la manera de reconocer nuestra megadiversidad humana territorial, ambiental, cultural, étnica dando lugar a múltiples educaciones. No puede reducirse a una cátedra (como la de estudios afrocolombianos), la educación propia es fundamental para que la escuela cimente sus bases en sus saberes ancestrales, para consolidar la identidad y la pervivencia de los pueblos étnicos.

4.     La convivencia y la cultura escolar se constituyen en una herramienta para la construcción y formación de una ciudadanía activa y crítica, capaz de reconocer y tramitar las diferencias de manera no violenta y por tanto de aportarle a una cultura de paz. Este lugar se le ha dejado al derecho y a la moral y por tanto a la disciplinariedad del comportamiento y no al tratamiento pertinente, justo y democrático a los diversos conflictos y por tanto al poder.

5.     La Universidad pública requiere una atención inmediata en términos de recursos que posibiliten garantizar el derecho a la educación superior y el acceso al conocimiento como bien común, a tono con los planes nacionales e internacionales. La universidad debe reconstruir un vínculo con la escuela y de manera especial las facultades de educación reconociendo sus saberes, sus experiencias, sus historias, sus problemáticas y con ello la vida profesional de sus maestros y maestras como espacios vivos para las prácticas profesionales de sus estudiantes de pregrado y para la formación en los posgrados, todo ello en perspectiva de un sistema integrado de formación docente que tenga como base la universidad pública y que integre las escuelas normales.

6.     Las maestras y los maestros tienen unos saberes y unas prácticas que no pueden seguir siendo desconocidos en la formulación de políticas centralizadas. Las propuestas de formación no pueden convertirlo en simple objeto de “capacitación” orientada a obtener determinados resultados en las pruebas estandarizadas, desconocedoras de nuestra diversidad cultural y pedagógica, que poco aportan a la realización de sus prácticas y a la vida de la escuela. En este contexto el PTA como estrategia de formación continuada o de apoyo al trabajo docente, debe abandonar el carácter remedial y focalizado dado hasta ahora para asumirlo desde estrategias más integrales y holísticas y no parciales y fragmentadas

7.     La integración de los circuitos y dispositivos digitales y tecnológicos a los procesos de enseñanza y aprendizaje debe ser una prioridad del proyecto educativo sobre la base de una infraestructura que garantice el derecho a una conectividad suficiente, de una perspectiva pedagógica que haga uso inteligente de estos recursos, es decir, colocar estos medios en función de la formación y no al revés, de suficientes dispositivos electrónicos y digitales para estudiantes y docentes y de estrategias de formación y acompañamiento que permitan consolidar y hacer sostenible esta integración.

8.     La mal llamada educación rural, que ha venido oscilando entre imaginarios ideales de los sujetos individuales y colectivos y la pretensión de imponer una racionalidad que los empobrece, para pasar a ser obreros despojados de su verdadero potencial cultural, productivo, ambiental, debe orientarse a potenciar la vida en el campo. 

9.     La educación de adultos, que los gobiernos anteriores han querido acabar, requiere una reorientación frente a la visión de alfabetización que propone el plan a tono con principios internacionalmente validados, con criterios de educación permanente, formación integral de sujetos para la plena participación productiva, cultural y social, con base en un sub sistema de educación pública.

10.En el marco de las políticas educativas, los programas “Evaluar para avanzar”, “Programa todos a aprender. PTA” “Derechos Básicos de Aprendizaje DBA” y los sistemas de aseguramiento de la calidad, entre otros, requieren una reflexión y cambio profundo. 

11.Reconocer la participación de las madres, los padres de familia y acudientes, así como de las comunidades, pues no pueden seguir siendo vistos como usuarios de un “servicio educativo”. Se requiere articular sus saberes y sus propuestas como parte de la agenda educativa en las instituciones. 

12.El Programa de Alimentación Escolar (PAE) al suministrar alimentación en las instituciones educativas  y propiciar las  condiciones adecuadas para el proceso de aprendizaje, contribuye a la reducción de la desigualdad.  Por ello se hace necesario integrar a las comunidades en su ejecución  y veeduría para que se cumplan sus propósitos.

13.FECODE es la expresión del magisterio que busca materializar el derecho a la educación, hoy en su orden de prioridades esta consensuar una propuesta de reforma al Sistema General de Participaciones, que garantice el cumplimiento integral del derecho: salud, educación, agua potable, saneamiento básico.  

Estos y otros componentes de política, minimizados o ignorados en el Plan de Desarrollo que se ha presentado al Congreso Nacional, deben hacer parte de la propuesta de construir un sistema integral democrático y de cambio en educación, que afiance las aspiraciones de las comunidades y pueblos diversos para hacer parte de un proyecto que transforme, desde la educación inicial hasta la universidad. 

Colombia, está en un momento histórico de cambio y transformación razón por la cual es necesario interesar a la sociedad por la educación como gestora de cambios, a los proyectos hegemónicos imperantes y hacer realidades concretas los anhelos y proyectos alternativos que se han venido estableciendo en los territorios. Una movilización social por la educación es necesaria para visibilizar los múltiples caminos que la educación toma desde los sueños de las comunidades.

Sin vacilaciones, esta es una invitación a construir en torno a la pregunta por el sentido del cambio educativo a tono con el plan de país y las estrategias para lograrlo. Es una carta a la Ministra de Educación, a FECODE y sus CEID nacional y regionales, a organizaciones, experiencias y movilizaciones sociales, educativas  y pedagógicas para que convoquemos y adelantemos una gran conversación nacional y territorial vinculante, a través de múltiples iniciativas, que tenga en cuenta la diversidad de nuestros territorios y de nuestras culturas, así como los acumulados y las propuestas de nuestros movimientos sociales y educativos que cuentan ya con reconocidas trayectorias y tienen presencia en diferentes regiones del país. Es pues una invitación a pensar conjuntamente, desde los territorios y con amplia participación, que implique reactivar estructuras descentralizadas como las Juntas Municipales de Educación  (JUME) o espacios de discusión pública como los Foros Educativos Municipales o el Foro Educativo Nacional, para darle sentido colectivo a la urgente necesidad de la transformación profunda de la educación en nuestro país.

Invitamos a suscribir esta carta abierta

Abril 3 de 2023

Firman

Movimiento Expedición Pedagógica Nacional. MEPN

Movilización Social por la Educación. MSE

Planeta Paz

Participantes del Movimiento Pedagógico. M.P

Personas y grupos del Movimiento Pedagógico

Red de EPJA

Alejandro Álvarez Gallego

Aldemar Macías

Aroldo Eliecer Guardiola Ibarra

Gustavo Aragón

Camilo Jiménez

Henry Barco Melo

Jaime  Enrique Blandón Schiller

Jorge Cardeño Espinosa

Jorge Enrique Ramírez Ramírez

Jorge Enrique Ramírez  Velásquez

José Hidalgo Restrepo Bermeo

Juan Francisco Aguilar Soto

Luis Armando Aux Ayala

Luis Felipe Celis

Manuel Paz

Marco Raúl Mejía Jiménez

María del Pilar Unda Bernal

Maricruz Castro Q

Martha Rocío Alfonso Bernal

Mercedes Boada

Orlando Pulido

Stella Cárdenas Agudelo

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