Agenda para la Igualdad de Género en Baja California

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La situación de desigualdad social de las mujeres y niñas en el estado de Baja California se manifiesta a través de múltiples formas de discriminación y violencia, y se visibiliza de manera más clara y cruel a través de la violencia feminicida que se ha incrementado del 2014 a la fecha en Baja California.

En el año 2015 se solicitó la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres por parte de una asociación civil. Dicha solicitud fue negada debido a que el gobierno del Estado se comprometió a cumplir 14 recomendaciones determinadas por el grupo conformado para atender la solicitud de Alerta de Violencia de Género. Entre otras actividades, a finales del 2015 el Gobernador del Estado publicó en el Periódico Oficial los Protocolos para la investigación de feminicidios, decretó la
creación del Centro de Justicia para las Mujeres, y la operatividad de un Banco de Datos sobre hechos violentos hacia mujeres y niñas.

Sin embargo, estas acciones no han generado impacto debido a que su implementación ha sido parcial. Los protocolos no se utilizan porque las muertes violentas de mujeres no se tipifican como feminicidios, a pesar de que se cuenta con la Sentencia de Mariana Lima que así lo establece; el Centro de Justicia para las Mujeres no opera, a pesar de haberse destinado recursos por parte de
la CONAVIM para ello; y, el Banco de Datos tampoco tiene operatividad. Sumado a esto, la carencia de legislación con perspectiva de género impide la aplicación cabal de preceptos constitucionales, leyes federales y de compromisos internacionales, como son la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, La Ley General de Igualdad entre Mujeres y Hombres, la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, o la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.

Por lo anterior, se exhorta a las y los candidatos a Diputaciones y Senadurías por Baja California de todos los partidos políticos para que se comprometan a impulsar una agenda común en caso de resultar electos(as), en función de sus facultades y su responsabilidad para impulsar mejores condiciones de vida para las mujeres y niñas de Baja California. 

 

AGENDA


1. Sobre el ejercicio legislativo en general.
a) Adecuar el marco legislativo para que sea obligatorio que las políticas públicas federales, estatales y municipales no sean “neutras al género”, sino que se diseñen con perspectiva de género y multiculturalidad, es decir, que consideren las diferentes consecuencias de la aplicación de las leyes para los hombres y para las mujeres.
b) Respetar el Estado Laico, legislar y ejercer el servicio público con apego a los derechos humanos, utilizando información científica y objetiva, ajena a doctrinas o dogmas de cualquier tipo en la elaboración de políticas públicas y el ejercicio de la función pública.


2. Transversalización de la Perspectiva de Género en la Administración Pública.
a) Transversalizar la perspectiva de género en la Administración Pública de todos los niveles, considerando para ello la creación de las Unidades de Género, y la formulación de los Programas de Igualdad de Género en cada una de las Secretarías de Estado, que incluyan la obligatoriedad para todas las personas que trabajan en la Administración Pública de capacitarse en talleres de sensibilización en género (incluidos mandos medios y superiores).
b) Impulsar la difusión y aplicación del Protocolo para la Prevención, Atención y Sanción del Acoso Sexual y el Hostigamiento Sexual en la Administración Pública.
c) Establecer la obligatoriedad de distribuir de manera paritaria 50%-50% y de garantizar la igualdad salarial para todos los cargos públicos en los tres niveles de gobierno, particularmente en los puestos de toma de decisión de primer nivel.
d) Armonizar la legislación correspondiente para prevenir la contratación o permanencia en un cargo de la administración pública a hombres sentenciados por violencia contra las mujeres en cualquiera de sus tipos y modalidades. Para ello, exigir la obligatoriedad de presentar Carta de No Antecedentes Penales que
especifique no antecedentes de violencia hacia las mujeres y donde se manifieste que no es Deudor de Pensión Alimenticia.
e) Transversalizar la perspectiva de género en la Educación Superior, considerando los aportes y la Declaratoria de Igualdad de Género en la Educación Superior de la Red de Equidad de Género en la Educación Superior.


3. Sobre la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y el mecanismo de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres.
a) Establecer en el Código Penal Federal la tipificación de todos los tipos y modalidades de violencia hacia las mujeres indicadas en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
b) Garantizar que una vez que se apruebe o niegue la Alerta de Violencia de Género en las entidades federativas, las organizaciones de la sociedad civil (peticionarias o no de la Alerta) participen con voz y voto en el seguimiento, evaluación y generación de propuestas en relación con las acciones que el Estado se comprometa a realizar.
c) En aquellos casos en los cuales se decrete la Alerta de Violencia Género, asegurar que se establezcan fechas para el cumplimiento de las medidas emergentes que no excedan de seis meses. 
d) Exigir el cumplimiento cabal de todas las recomendaciones derivadas del Informe del Grupo de Trabajo conformado para atender la Solicitud de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en el Estado de Baja California que siguen pendientes, por ejemplo:
• Instalación del Centro de Justicia para las Mujeres.
• Creación y mantenimiento de un Banco de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres
Además, actualizar la Ley de Igualdad para el Estado de Baja California con el fin de que se incluya la perspectiva de género.


4. Sobre los presupuestos públicos.
a) Fortalecer el Anexo 13 del Presupuesto de Egresos “Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres” para programas orientados a la igualdad sustantiva. 
b) Incrementar en el Anexo 13 del Presupuesto de Egresos “Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres” los recursos etiquetados para las Instancias Municipales y Estatal de la Mujer.
c) Impulsar la creación de Observatorios Ciudadanos a cargo de la Secretaría de la Función Pública y con recursos etiquetados, con los que organizaciones de la sociedad civil continúen trabajando desde lo local para el monitoreo, seguimiento y evaluación de políticas públicas y programas para la igualdad de género.
d) Gestionar que los recursos de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM) destinados a las acciones de coadyuvancia para las declaratorias de Alerta de Violencia de Género en estados y municipios sean destinados para todas las entidades federativas, y no solo para aquellas donde se declare la Alerta. 


5. Incorporar en la legislación sobre partidos políticos a nivel nacional y local.
a) Obligatoriedad de distribuir de manera paritaria 50%-50% y de garantizar la igualdad salarial en todos los cargos de los partidos políticos, particularmente aquéllos de toma de decisión.
b) Requerir a los partidos políticos ejercer el 3% de su presupuesto para capacitación a hombres en talleres de sensibilización de género, masculinidades alternativas, y reeducación de agresores.
c) Incorporar el “principio non”, de acuerdo con el cual, si en una entidad federativa existe una cantidad de municipios en número non, asegurar la mayoría de las candidaturas para mujeres.
d) Alternancia en las candidaturas para cargos de representación popular de Presidencia de la Republica, Gubernaturas y Presidencias Municipales. Es decir, si la persona que ejerce el cargo es hombre, a su
partido político le corresponde postular una mujer para el siguiente periodo, y viceversa.
e) Impedir que un hombre ejerza un cargo, dirección o candidatura del partido político si no cuenta con Carta de No Antecedentes Penales que especifique no antecedentes de violencia contra las mujeres en cualquiera de sus tipos y modalidades, y donde se manifieste que no es Deudor de Pensión Alimenticia. 


6. Fortalecimiento de los derechos laborales y de las políticas y programas de
seguridad social.
a) Impulsar y fortalecer el Programa de Atención a Partos con Parteras tradicionales, en atención a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud.
b) Ratificar el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo sobre los derechos de los y las trabajadoras domésticas y su armonización con las leyes federales para el reconocimiento al trabajo doméstico, remunerado y no remunerado, y el acceso a la seguridad social.
c) Promover políticas públicas integrales que favorezcan la conciliación trabajo-familia y la corresponsabilidad del trabajo doméstico y de cuidados entre hombres y mujeres, con participación del Estado y la iniciativa privada, para garantizar el acceso y la participación en igualdad de condiciones de las mujeres al ámbito
público y laboral.
d) Impulsar la formulación de una política integral de cuidados que incluya el cuidado a niñas y niños, personas adultas mayores, personas con discapacidad, así como a poblaciones en tránsito.

 

 

PERSONAS FIRMANTES 
Cheryl Álvarez Kinna
Myrna Bejarano
Silke M. De La Parra Silva
Soraya Duarte Sigala.
Silvia López Estrada
Delia Gonzalez Maldonado
Laura Gutiérrez Lopez.
Leonor Maldonado Meza.
Rebeca Maltos Garza.
Magaly Preciado Reyes.
Maricarmen Rioseco Gallegos.

GRUPOS
Gente Diversa de Baja California AC
Vigilancia Ciudadana
Olympia de Gouges AC
Centro de Capacitación y Servicios Psicológicos AC
Todos Ciudadanas AC
Observatorio Electoral Ciudadano BC



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