Abolición de cualquier documento o pasaporte de carácter sanitario (incluyendo el Pase de Movilidad y las futuras variantes.) Estos documentos son discriminatorios y violan los derechos humanos de todos los chilenos, residentes y visitantes extranjeros. 

Prohibición de obligatoriedad de vacunas hasta que las mismas sean aprobadas de manera definitiva. Además, en caso de exigir la obligatoriedad, el gobierno deberá ofrecer compensación en los casos de que estas vacunas produjeran efectos adversos. Adicionalmente, los proveedores de vacunas y las autoridades aprobadoras deberán ser sancionadas si demuestra cualquier negligencia.

Otorgar libre elección de vacunas, cuando existen varias opciones de laboratorio para un mismo propósito. Siempre que haya disponibilidad en el territorio nacional, toda persona tiene el mismo derecho y prioridad de acceder a la vacuna producida por el laboratorio de su preferencia. Por ejemplo, en el caso de COVID-19, una persona con preferencia a vacunas Pfizer tiene la misma prioridad para acceder a esta vacuna siendo esta la primera o la tercera dosis.