En Uruguay, los legisladores y altos cargos políticos cobran sueldos y beneficios equiparables a países de primer mundo, mientras que la ciudadanía percibe salarios de país de ingreso medio.

Hoy un legislador gana más de 10 veces el sueldo promedio de un trabajador uruguayo, cuando en países como Noruega, Suecia, Alemania o Estados Unidos la diferencia es de apenas 3 veces.

La contradicción es aún más grave:

En esos países desarrollados, los parlamentarios cobran prácticamente lo mismo que los nuestros en cifras absolutas (entre 100.000 y 170.000 dólares al año).

Pero allí los ciudadanos promedio ganan mucho más, y los políticos justifican ese salario con altos niveles de eficiencia, profesionalismo, control social y transparencia.

En cambio, en Uruguay, nuestros políticos cobran como en el primer mundo, pero con resultados del tercer mundo: ineficiencia, pasividad legislativa, baja productividad en sesiones y privilegios que no pasan por ningún filtro ciudadano.

Además, disfrutan de partidas extras, viáticos generosos, subsidios por cese (hasta un año cobrando el 85% del sueldo sin trabajar) y la capacidad de nombrar cargos de confianza que multiplican el costo político, todo sin un control ciudadano real ni una rendición de cuentas efectiva.

A esto se suma un Estado sobredimensionado, con miles de empleos públicos innecesarios, cargos ociosos y puestos creados solo para “acomodos políticos”, que no responden a necesidades reales de gestión, sino al clientelismo partidario.
Cada peso destinado a mantener esta red de privilegios es un peso menos para la salud, la educación, la seguridad y el desarrollo del país.

Es hora de exigir una escala razonable y transparente, que refleje:

Un tope máximo de 3–4 veces el salario promedio nacional para legisladores y ministros (en línea con los estándares internacionales).

Eliminación de privilegios injustificados (partidas discrecionales, viáticos excesivos, subsidios abusivos).

Reducción de cargos políticos innecesarios y empleos públicos creados por acomodo, sustituyéndolos por gestión eficiente y profesional.

Publicación mensual, clara y accesible de todos los sueldos, beneficios y gastos políticos en línea, para que la ciudadanía ejerza control directo.

Con tu firma pedimos al Parlamento y al Poder Ejecutivo que avancen en una reforma urgente de los sueldos y beneficios políticos, alineando a Uruguay con los estándares de países desarrollados, fortaleciendo la confianza en nuestras instituciones y reduciendo la brecha de desigualdad que mina la democracia.

Porque la política debe ser un servicio al país, no un privilegio desproporcionado.