La polémica prórroga extraordinaria de hasta dos años aprobada mediante el Real Decreto-ley del 23 de marzo —y posteriormente tumbada— ha dejado en evidencia una situación profundamente injusta para más de un millón de pequeños propietarios en España. Durante este tiempo, muchos ciudadanos se han visto obligados a mantener en sus viviendas a inquilinos con contratos expirados, aun habiendo comunicado legalmente su voluntad de no renovar el alquiler y recuperar su propiedad.

A esta situación se suman además la ocupación ilegal y la “inquiocupación”, provocando que cada vez más pequeños propietarios queden atrapados durante meses o años sin poder disponer de una vivienda que les pertenece legítimamente.

Muchos ciudadanos alquilaron sus viviendas de buena fe, confiando en la legalidad y en la protección del Estado. Otros decidieron no renovar contratos de forma totalmente legal para recuperar su vivienda, venderla, utilizarla para familiares o simplemente porque ya no podían seguir asumiendo riesgos. Sin embargo, hoy muchos se ven atrapados en procedimientos lentos, costosos y desesperantes.

En numerosos casos, los inquilinos permanecen en la vivienda porque no quieren asumir los precios actuales del mercado del alquiler, trasladando ese problema económico al pequeño propietario particular.

No es justo que:

- Un propietario tenga que iniciar largos procesos judiciales para recuperar su vivienda.

- La ocupación y la inquiocupación colapsen juzgados durante años.

- Las autoridades no actúen de manera inmediata desde el primer momento.

- El propietario siga pagando hipoteca, impuestos, comunidad, suministros y reparaciones mientras no puede usar su propia casa.

- La Administración traslade a ciudadanos particulares un problema que debe resolver el propio Estado.

La vulnerabilidad social debe atenderse con vivienda pública, ayudas y recursos sociales suficientes, no obligando a pequeños propietarios a soportar durante años situaciones que no les corresponden.

Por todo ello exigimos al Gobierno, a las administraciones públicas y a las autoridades competentes:

1. Actuación inmediata ante ocupaciones e inquiocupaciones.

2. Resolución y ejecución urgente de estos casos, evitando que pequeños propietarios tengan que pasar años atrapados en procedimientos judiciales interminables.

3. Recuperación rápida de viviendas con contratos expirados.

4. Fin de las prórrogas extraordinarias que prolongan artificialmente situaciones injustas.

5. Que las administraciones públicas asuman su responsabilidad proporcionando soluciones habitacionales reales a las personas vulnerables.

6. Seguridad jurídica efectiva para quienes alquilan legalmente sus viviendas.

La propiedad privada y la seguridad jurídica son pilares básicos de cualquier democracia. Proteger a los pequeños propietarios no es ir contra las personas vulnerables. Es exigir que las instituciones cumplan con su obligación y dejen de cargar sobre ciudadanos particulares un problema que corresponde resolver al Estado.