Firmá para apoyar el primer proyecto de ley que prohíbe la actividad de los naranjitas o cuidacoches en la Provincia de Córdoba. Este proyecto está esperando su tratamiento con el número de expediente 38531/L/24.

Transcribimos el proyecto:

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE LEY

MODIFICATORIA DEL CÓDIGO DE CONVIVENCIA CIUDADANA
PROHIBICIÓN DEL SERVICIO DE NARANJITAS O CUIDACOCHES

Artículo 1°. Modifícase el artículo 60 de la Ley N° 10.326, el que quedará redactado de la siguiente manera:

Artículo 60. Cuidado de vehículos. Serán sancionados con hasta seis (6) días de trabajo comunitario, multa de hasta doce Unidades de Multa (12 UM) o arresto de hasta tres (3) días quienes no siendo funcionarios públicos designados para tal tarea, exigieran retribución económica por permitir el estacionamiento o alegar el cuidado de vehículos en la vía pública.

Artículo 2°. Los municipios y comunas que hubieran firmado convenios con terceros para el cuidado de vehículos, para el cobro de estacionamiento en la vía pública o que hayan legalizado de algún otro modo el servicio, deberán informar a la Autoridad de Aplicación el listado de permisionarios o concesionarios y adecuar su normativa a las disposiciones de la presente en un plazo no mayor a tres (3) meses desde su publicación.

Artículo 3°. Serán funciones de la Autoridad de Aplicación:

a) Gestionar una oferta gratuita de cursos y capacitaciones en oficios que tengan como beneficiarios a los permisionarios y concesionarios declarados en el artículo anterior;
b) Realizar un seguimiento particular de los mismos para asegurar su correcta inserción en el mercado laboral;
c) Ofrecer apoyo y asesoramiento a los municipios y comunas que lo soliciten;
d) Denunciar de oficio y brindar medios ágiles y accesibles para que se realicen denuncias anónimas en caso de incumplimiento;
e) Asegurar cualquier otra herramienta o gestión para el cumplimiento de la presente normativa.

Artículo 4°. El Ministerio de Desarrollo Humano o el organismo que en un futuro lo reemplace será la Autoridad de Aplicación de la presente ley.

Artículo 5°. Invitase a los municipios y comunas a promover la digitalización de la regulación, cobro y control del estacionamiento en la vía pública mediante aplicaciones móviles y/u otros medios digitales que permitan la autogestión de los particulares.

Artículo 6°. Autorízase al Ministerio de Finanzas a realizar las readecuaciones presupuestarias necesarias para el cumplimiento de las disposiciones de la presente.

Artículo 7°. Comuníquese al Poder Ejecutivo.

FUNDAMENTOS

La Provincia de Córdoba y su capital, en particular, sufren las graves consecuencias de la inseguridad reinante, por las causas ya conocidas y denunciadas oportunamente: ausencia de políticas que ataquen el origen del delito, connivencia del poder político y la delincuencia, corrupción y falta de preparación de las fuerzas de seguridad, entre otras.

Nadie puede negar entonces que muchos cordobeses sufren su salida a la calle por el temor a ser víctimas de delitos violentos. En ese contexto, una de las situaciones cotidianas que deben afrontar los conductores de vehículos que se acercan a zonas concurridas, es el de encontrarse casi sin opción con cuidacoches, popularmente conocidos como naranjitas o trapitos. Como oferentes de un servicio de cuidado de vehículos en la vía pública a cambio de un pago que muchas veces se encuentra predefinido de manera unilateral y arbitraria, los naranjitas se constituyen como un flagelo a resolver para evitar la incomodidad e inseguridad que paradójicamente le ocasionan a los cordobeses y turistas que se topan con ellos en la vía pública.

Este servicio, casi en la totalidad de los casos no solicitado por el supuesto beneficiario, incurre, en primer lugar, en una doble imposición. Por un lado, la protección de la propiedad privada (en este caso un vehículo particular) es una función indelegable del Estado y sus fuerzas de seguridad, financiadas por todos los cordobeses. Se supone que las políticas de seguridad que desde el Estado provincial se implementan para la protección de la ciudadanía representan un bien que incluye el resguardo de la propiedad de los ciudadanos, como ser un vehículo estacionado en la vía pública.

Por otro lado, se repite en muchos casos, trapitos o naranjitas exigen el pago del servicio y por adelantado cuando existen políticas de estacionamiento municipales rigiendo en el mismo espacio, generando en este sentido también un doble costo y una gran contradicción de las municipalidades que han habilitado el servicio en determinadas zonas.
Esta situación puede ser fácilmente observada en grandes ciudades como Córdoba, donde en noviembre del año 2020, la Municipalidad instauró el SEMM (Servicio de Estacionamiento Medido Municipal), cuyo uso es obligatorio en los principales barrios de la zona céntrica de la capital, concordante con los espacios en los que los cuidacoches o naranjitas ofrecen su servicio de cuidado, también de manera “obligatoria”.

Dicha obligatoriedad, en algunos casos, se encuentra legalmente respaldada por autorizaciones municipales pero que contradicen de manera directa los mapas en los que el SEMM debe ser utilizado. En otras circunstancias, careciendo de dichas autorizaciones y como se dijo anteriormente, la obligatoriedad de contratar el servicio de cuidado se encuentra motivada por la incomodidad, miedo o inseguridad de los utilitarios de los vehículos por potenciales conflictos que puedan tener con los cuidacoches o el daño material que puedan estos ocasionarles a la propiedad que manifiestan proteger.

Sobre este último punto, es preciso recalcar que en reiteradas oportunidades han acontecido episodios de violencia e intimidación. Si bien no es posible ni la intención de este proyecto generalizar respecto al accionar de los naranjitas, es irrefutable la desprotección que sufren los vecinos de la provincia en este sentido.

Ejemplo de esto nos ofrece julio de 2023, en el barrio Villa Belgrano de la ciudad de Córdoba, cuando un naranjita fue detenido luego de pedir $1500 por el cuidado de un automóvil Volkswagen Vento, cuyo capot y guardabarros luego dañó [1]. En septiembre de ese año, otro hecho delictivo fue denunciado por una mujer, que fue agredida por naranjitas en la zona de Laprida y Cañada, también en la capital [2]. La mujer relató que naranjitas le impidieron el paso y que agarrándola de su cabello la tiraron al suelo. Estas no son las primeras situaciones de violencia o de coerción. Durante el año pasado, varios vecinos denunciaron a un cuidacoches que agredía y rayaba autos en Nueva Córdoba, habiendo sido detenido en nueve oportunidades por estas mismas causas [3].

Nuestro Código de Convivencia Ciudadana estipula una sanción cuando individuos impidan estacionamiento en la vía pública o bien exijan retribución económica por hacerlo sin habilitación de la autoridad competente. En ese marco, la Municipalidad de la ciudad de Córdoba, principal afectada por este flagelo, ha avanzado en la legitimación de ciertas cooperativas al otorgarles habilitación como permisionarios para conformar el Sistema de Estacionamiento Controlado Municipal [5]. Estas decisiones han provocado que una gran masa de individuos, aglutinados en cooperativas y movimientos, hayan logrado convertir en un trabajo a una práctica que nuestro Código de Convivencia Ciudadana sanciona cuando no se acredita dicha habilitación.

Lejos de representar una “regularización” del servicio o la “protección” de un empleo digno, como se quiere hacer creer, esta política lo que ofrece es la legitimación de cooperativas que violentan el derecho a circular libremente de los vehículos pero también el derecho de los mismos cuidacoches de acceder a buenas condiciones laborales y a posibilidades de crecimiento. La administración de la pobreza que realizan muchas de las cooperativas que mantienen convenio con la Municipalidad de Córdoba, sostienen métodos violentos para defender lo que hoy consideran “derechos adquiridos”. Ejemplos de esto son organizaciones como Tosco Vive o el MNT (Movimiento Naranjita de Trabajadores), que incluso incumplen con los convenios que han firmado, dado que el cobro de la tarifa por hora que informan es muy superior a la habilitada por la Municipalidad para el servicio.

Es preciso dejar en claro que la libertad de asociación de dichas cooperativas no se encuentra en cuestión. La asociación es un derecho constitucional regulado que debe respetarse como tal, sin embargo, la finalidad de dichas cooperativas no puede escapar a los límites democráticos y de la libertad. Tampoco se intenta con este proyecto generalizar las prácticas violentas descriptas ni convertir la problemática en una cuestión personal contra quienes hoy brindan este servicio. Se trata de denunciar y acabar con conductas inmorales, violentas e ilegales.

Es por todo esto que la presente iniciativa, promoviendo la prohibición total de dicho servicio, contempla la situación en la que se encuentran los permisionarios y promueve un período de transición para asegurar su autonomía e inserción laboral. De esta manera, considerando que la situación a la que hemos llegado en la materia es estricta responsabilidad del Estado en todos sus niveles, también será obligación de la Provincia y de los Municipios la de asegurar una conversión ordenada así como el cumplimiento de las normativas expresadas en este proyecto. Se propone, para ello, que el Ministerio de Desarrollo Humano, como Autoridad de Aplicación, se encargue de gestionar capacitaciones y cursos de oficio para todos los permisionarios declarados por los distintos municipios, encargándose también de hacer el seguimiento respectivo.

La iniciativa de la presente necesita de paciencia y de voluntad política para llevarse a cabo. Se trata de un flagelo que durante muchos años se ha enquistado y ha generado grandes intereses particulares, no siendo fácil acabar con ellos ni educar a la población en lo que ciertamente son decisiones que generarán resistencia de algunos sectores.

En ese sentido, es importante reconocer que otras ciudades de la Argentina, sufriendo similares condiciones, han logrado acabar con la problemática y sus consecuencias violentas para ciudadanos y turistas. Buenos ejemplos de ello son Pinamar o Mar del Plata, que han gestionado vías de comunicación con los centros de monitoreo para radicar denuncias de forma anónima y han logrado cumplir su normativa de prohibición del servicio de cuidado de coches y de gestión del estacionamiento en la vía pública.

En consideración de esas experiencias, considerando los motivos expresados ut supra y en respeto irrestricto a la libertad y seguridad de los cordobeses, solicito a mis pares la consideración y aprobación del presente proyecto de ley.

[1] https://www.lavoz.com.ar/sucesos/cordoba-salio-a-festejar-el-dia-del-amigo-y-un-naranjita-que-le-habia-pedido-1500-le-rayo-el-auto/
[2] https://www.lavoz.com.ar/sucesos/una-mujer-denuncio-que-fue-agredida-por-naranjitas-en-cordoba/
[3] https://www.lavoz.com.ar/sucesos/cordoba-hablo-el-naranjita-denunciado-por-vecinos-de-nueva-cordoba-por-agredir-y-rayar-autos/
[4] https://www.lavoz.com.ar/sucesos/naranjitas-en-mar-del-plata-habilitaron-una-linea-para-denunciarlos-y-ya-detuvieron-a-12-de-ellos/
[5] https://cordoba.gob.ar/entregaron-credenciales-y-chalecos-habilitantes-a-las-cooperativas-que-integran-el-sistema-de-estacionamiento-controlado-municipal/
[6] https://www.lavoz.com.ar/sucesos/naranjitas-en-mar-del-plata-habilitaron-una-linea-para-denunciarlos-y-ya-detuvieron-a-12-de-ellos/