TODOS, POR UN IGUAL, TENEMOS DERECHO AL USO DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN CÁCERES

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foto: @Alonso Sanchez Gonzalez

Todos somos ciudadanos por igual, seamos cacereños residentes o no, y tenemos todo el derecho a poder utilizar el transporte público de Cáceres, más concretamente el autobús urbano, para poder trasladarnos de un lugar a otro de la ciudad.

Si comporta llevar con nosotros una scooter o una silla de ruedas, ya que poseemos una minusvalía, no se nos puede denegar el acceso debido a una normativa que está obsoleta y anticuada, ya que se nos excluye injustamente por nuestra situación personal y física.

Esto precisamente le está pasando, desde hace ya mucho tiempo, a mi suegro ALONSO SÁNCHEZ GONZÁLEZ y, a pesar de las innumerables quejas interpuestas por el, y por parte de usuarios en una situación similar, el Ayuntamiento de Cáceres no tan solo no da solución alguna sino que además mantiene un silencio administrativo inexplicable.

Queremos recordar, a la Corporación Municipal, la NORMATIVA RELACIONADA CON LOS DERECHOS DEL PASAJERO:

Los usuarios con discapacidad no solamente se verán amparados por las normativas relacionadas con la igualdad y la no discriminación sino también por la legislación general que determina los derechos del pasajero a nivel estatal, así como los reglamentos de viajeros de las diferentes compañías operadoras que dispongan del desarrollo normativo necesario.

El Libro Blanco del Transporte11 reconoce los derechos y obligaciones de los usuarios, y señala que debe desarrollarse el acceso del ciudadano europeo a unos servicios de transporte de calidad.

El Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte, PEIT (2004), del Ministerio de Fomento tiene, entre sus prioridades, la “definición de los derechos y obligaciones de los usuarios de los servicios regulares de transporte de viajeros por carretera”, así como la publicación de la Carta de los Derechos del Pasajero.

Actualmente, los derechos de los usuarios del transporte regular de viajeros por carretera se regulan como un servicio a través de la Ley 26/1984, de 19 de julio, de defensa de los consumidores y usuarios en España, tal y como se expresa en el artículo 1: “A los efectos de esta ley son consumidores o usuarios las personas físicas o jurídicas que adquieren, utilizan o disfrutan como destinatarios finales, bienes muebles o inmuebles, productos, servicios, actividades o funciones, cualquiera que sea la naturaleza pública o privada, individual o colectiva de quienes los producen, facilitan, suministran o expiden”.

La Ley protege al consumidor de los riesgos para su salud o su seguridad, así como de las situaciones de inferioridad, subordinación o indefensión, en el artículo 23 diciendo que serán “Los poderes públicos y concretamente los órganos y servicios de las administraciones públicas competentes en materia de consumo, adoptarán o promoverán las medidas adecuadas para suplir o equilibrar las situaciones de inferioridad, subordinación o indefensión en que pueda encontrarse, individual o colectivamente, el consumidor o usuario”.

Para evitar estas situaciones se promoverán campañas o actuaciones programadas de control de calidad, con mención expresa de las personas, empresas o entidades.

El artículo 25 del capítulo octavo de la ley vela porque el consumidor y los usuarios afectados puedan exigir responsabilidades, de tal forma que “tienen derecho a ser indemnizados por los daños y perjuicios que el consumo de bienes o la utilización de productos o servicios les irroguen, salvo que estén causados por su culpa exclusiva o por la de las personas de las que deba responder civilmente”; considerando sometido a este régimen de responsabilidad a los medios de transporte.

Y no se trata de un tema de seguridad para los viajeros. No solo no es peligroso, sino que está amparado por la ley de ACCESIBILIDAD UNIVERSAL.



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