Llevo tres años viviendo en un condominio donde jamás se ha realizado una auditoría externa. En todo este tiempo, he observado con preocupación cómo opera una estructura cerrada, donde los residentes no tenemos acceso real a poder saber los movimientos financieros (no basta con verlos en papel desde una plataforma), y los mecanismos de participación son bloqueados desde adentro.

Lo más grave: la administradora pertenece a una empresa de abogados, y ella misma ha redactado el reglamento de copropiedad, el cual aplica, interpreta y utiliza para sancionar… sin consulta previa ni validación por parte de la comunidad. Acciones que han sido efectuadas y validadas por el comité de este edificio. Esto constituye un conflicto de interés inaceptable, ya que la misma parte interesada concentra el poder normativo, ejecutivo y fiscalizador. (Administración)

A esto se suma el rol del comité de administración: aunque haya sido elegido democráticamente, actúa funcionalmente a los intereses de la administración. Lejos de representar a la comunidad, el comité suele validar todas las decisiones de la empresa administradora, incluyendo gastos, sanciones y modificaciones arbitrarias, sin votaciones/ cuestionamientos ni contrapoder

 

Peor aún, la administración ha ejercido hostigamiento hacia copropietarios, amparándose en reglamentos internos con artículos que ni siquiera existen en la Ley de Copropiedad. Esto demuestra una falta de fiscalización alarmante por parte del Estado y una vulnerabilidad total de los residentes.

 

Intentar exigir transparencia ha sido imposible: las asambleas son manipuladas o no alcanzan quorum,( avisan al filo de la la ley muy pocos dias antes de la asamblea) y los quórums legales para aprobar una simple auditoría externa hacen que el control financiero sea prácticamente inaccesible para los vecinos. y que realmente el comité sea indiferente a los requerimientos fiscalizadores de nosotros los vecinos, ya que tampoco les interesa auditar, y si auditan, es entre este grupo cerrado

¿Qué exigimos?

💥 Auditorías externas obligatorias por ley

Debe incorporarse en la Ley de Copropiedad (21.442) la obligatoriedad de realizar al menos una auditoría externa al año, con licitaciones tanto de los copropietarios, como comité, financiada con el fondo de reserva de cada comunidad.  y sin la necesidad de asamblea de copropietarios, ya que es un aspecto fundamental el tener conocimiento  absoluto de las finanzas del condominio, No basta con subir los gastos comunes a una plataforma digital.

Para conocer realmente el estado financiero del condominio, es necesario acceder a los movimientos internos, flujos reales de dinero, contratos, respaldos y operaciones contables. Esta información solo puede ser verificada con una auditoría externa e independiente.

 

Por eso, es urgente que la ley establezca la obligatoriedad de auditorías periódicas sin necesidad de aprobación en asamblea, ya que se trata de información fundamental para la transparencia y la rendición de cuentas en cualquier comunidad de copropietarios. La fiscalización no puede depender del consentimiento de quienes eventualmente podrían estar involucrados en malas prácticas.

 

Estas auditorías deben ser realizadas por entidades independientes y su resultado debe enviarse por correo electrónico a todos los copropietarios, garantizando el acceso directo y sin filtros a la información financiera. Este fondo pertenece a los copropietarios, y debe usarse prioritariamente para asegurar la transparencia y como también señala la ley copropiedad, urgencias.

 

⚖️ Prohibición de conflictos de interés en la administración

Ninguna empresa administradora debe redactar, aplicar e interpretar los reglamentos que luego utiliza para sancionar y controlar. Esta práctica debe estar legalmente prohibida. y es un actuar comprobable en este condominio y administración actual

 

🏛️ Fiscalización efectiva del Estado

 

El Ministerio de Vivienda y las municipalidades no fiscalizan ni intervienen ante irregularidades evidentes. Es urgente crear mecanismos legales y plataformas públicas donde cualquier residente pueda denunciar y activar revisiones externas.

 

👥 Representación real y democrática

 

Los comités no deben actuar como extensiones de las administraciones. Se necesita una ley que obligue a los comités a rendir cuentas y a consultar a sus comunidades, especialmente en decisiones que involucran fondos y sanciones.

📢 Fin al hostigamiento a residentes

 

Las administradoras no pueden seguir aplicando sanciones o amenazas basadas en artículos inventados, fuera del marco legal. Esto constituye abuso de poder, debe ser regulado y sancionado legalmente.

 

💰 Control al alza de gastos comunes

Sin auditorías ni contrapesos, los gastos comunes suben sin justificación clara. En muchas comunidades, esto encubre malversación o administración deficiente que nadie fiscaliza.

Hoy, miles de residentes en Chile están atrapados en sistemas cerrados, poco transparentes, y manejados por intereses privados sin fiscalización alguna.

 

No basta con elegir comités, ni con participar en asambleas si las reglas están diseñadas para proteger a quienes ya tienen el control.

 

Necesitamos con urgencia una reforma profunda a la Ley de Copropiedad, con auditorías externas obligatorias, de no ser así, aplicar sanciones al comité y administración,  fin al conflicto de interés, y defensa efectiva para los residentes

 

¡Firma, comparte y exige!

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