Devuelvan el proyecto de ley 19.455 "Código Procesal de Familia" a Comisión para cambios

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Este proyecto es importante para el país, pero debe ajustarse a la jurisprudencia constitucional en materia de alimentos. El principio contenido en el artículo 6 de este proyecto, de que la persona humana es el centro del proceso, debe reflejarse en toda la normativa. En este sentido, es necesario incluir este principio en el Título V, Capítulo I, que viene a sustituir toda la Ley de Pensiones Alimentarias, para que también el alimentante sea cubierto por este concepto de persona humana. No hay necesidad de cosificar al alimentante, ni de anular sus derechos como ser humano. Ello solo lleva a perjudicar las posibilidades de que sus beneficiarios reciban alimentos de su parte. El alimentante tiene derecho de estar en capacidad de alimentarse a sí mismo, de otra manera resulta ilógico esperar que pueda alimentar a otros. A como está el proyecto, que ya fue aprobado en primer debate, tenemos un retroceso en la protección de los derechos humanos de niños, adolescentes y adultos mayores, pues el proyecto propone elevar la edad de exención de apremio corporal de 71 a 75 años, contrario al criterio de Conapam que ya ha señalado la falta de criterios o fundamentos técnicos para ello. Le hacemos un mal a la sociedad cuando pensamos que enviar a abuelos a la cárcel de alguna manera vaya a beneficiar a los niños. En el proyecto no hay límite en los montos que se pueden retener del salario del alimentante, de manera que el trabajador no vería su salario protegido como para alimentarse a sí mismo y tener una vida digna, contrario a las Convenciones de la OIT que protegen el salario de descuentos de más de un cincuenta por ciento. Por otra parte, las cuotas de la pensión se seguirían acumulando durante la detención del alimentante, con lo que el ciclo de la pobreza del demandado se perpetúa. También contiene una restricción migratoria para el alimentante, sin necesidad de haya incurrido en falta de pago o que exista peligro de fuga, con lo que se limita su libertad de manera irrazonable, y se puede afectar su trabajo, en especial cuando viajar a otros países es un requisito de su empleador. En el proyecto no se incorpora ninguna propuesta de las muchas que hay en la corriente legislativa para que el apremiado pueda trabajar y así darle alimentos a sus beneficiarios, en muchos casos niños que se ven desprotegidos ante estas políticas irresponsables del Estado. Ni siquiera hay mención de filtros antes de llegar a un apremio corporal tan drástico como el que tiene Costa Rica. Hay proyectos muy valiosos, por ejemplo el que propone el apremio corporal nocturno, que deben incorporarse a este Capítulo del proyecto. Tampoco viene la referencia obligatoria a las tablas orientadoras, que pueden servir para que las cuotas alimentarias provisionales o impuestas desde una sentencia anticipada, respondan a criterios objetivos y científicos, y no sean ni tan bajas que no se pueda sobrevivir con ellas, ni tan altas que no se puedan pagar. En el proyecto, no hay un debido proceso para enviar al demandado que se atrase a la cárcel por apremio porque no hay audiencia como para saber si el atraso es por enfermedad grave o invalidez. El proyecto no se ajusta a la jurisprudencia Constitucional que prohíbe el apremio de menores de edad y de mujeres embarazadas. Estas son algunas de los graves yerros de este proyecto de ley que pretende reemplazar toda la Ley de Pensiones Alimentarias, y que debe ser devuelto a Comisión para que se ajuste al respeto de los derechos humanos de todas las partes involucradas. Rogamos a sus señorías poner todo su empeño para que el proyecto de ley se modifique, antes de convertirse en ley de la República.



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