Discapacidad en Emergencia! Argentina hoy atraviesa uno de los peores contextos para las personas con discapacidad. El marco normativo y legal que ampara y protege a todas las personas con discapacidad y sus sistemas de apoyo está siendo desmantelado. Las políticas de este gobierno han sido desde el minuto uno un ataque directo a este colectivo, pisoteando de forma inescrupulosa y cruel cada uno de sus derechos.

Por esto se ha presentado una denuncia penal contra Javier Milei, Mario Lugones, Alejandro Vilches, Diego Spagnuolo y todo funcionario que resultare responsable. 

La causa fue sorteada (1624/2026) y se encuentra en el juzgado federal N5 de la Dra. Capuchetti 

Resulta alarmante que en pleno siglo XXI y en un país que siempre ha levantado la bandera de los derechos humanos, y que ha firmado la Convención Internacional de Derechos para Personas con Discapacidad, hoy estemos viviendo una situación tan crítica para uno de los colectivos más vulnerables de nuestra sociedad. Las reformas llevadas a cabo están despojando a las personas con discapacidad de las herramientas legales y sociales que les permiten vivir con dignidad y autonomía. 

Javier Milei, en su calidad de primer mandatario de la república, tiene la responsabilidad de proteger a todos los ciudadanos, incluyendo a aquellos en situación de discapacidad. Sin embargo, sus acciones demuestran lo contrario, buscando de manera constante criminalizar a las personas con discapacidad. Estás acciones, en un marco de reiteradas sospechas y acusaciones de corrupción en el mismísimo seno del gobierno nacional y sus dependencias reviste un acto completamente repudiable e intolerable. 

En este marco, la sanción de la ley de emergencia en discapacidad fue reglamentada de forma parcial e irregular, provocando severos inconvenientes en el acceso a las prestaciones básicas. Su plena y efectiva reglamentación es urgente e indispensable. 

Urge que las personas con discapacidad accedan a todas las prestaciones que sostienen su calidad de vida: medicación, traslados, terapias, insumos descartables , equipamiento ortopedico, centros de rehabilitación, CET, integración escolar, traslados, etc. Ninguno de estos servicios está actualmente funcionando como corresponde e incluso gran cantidad han cerrado definitivamente sus puertas dejando Miles de personas con discapacidad a la deriva. 

 La denuncia penal es un acto de justicia, no solo para visibilizar la situación, sino para pedir la rendición de cuentas necesaria para garantizar que todos tengan acceso igualitario a los servicios y derechos que les corresponden.

Se necesitan acciones urgentes y decididas para revertir la emergencia que están viviendo las personas con discapacidad. Exigimos que se detenga el desmantelamiento de los sistemas de apoyo y se asegure la implementación de políticas inclusivas y respetuosas.

Cada firma cuenta para demostrar que no estamos dispuestos a permitir que los derechos de personas vulnerables sean pisoteados. Únete a nuestra causa y firma la petición para exigir un cambio real y la protección efectiva de sus derechos. Juntos podemos marcar una diferencia vital. Firma ahora para apoyar esta denuncia penal y hacer una llamada para la justicia y la humanidad.