Demandamos al presidente Andrés Manuel López Obrador que reconsidere esta decisión  por representar una violación a los derechos humanos de las mujeres.

A las Cámara de Diputados y Senadores que convoquen al Presidente Andrés Manuel López Obrador, al Secretario de Salud y a la Presidenta de Inmujeres Nadine Gassman a una comparecencia donde respondan sobre las actuaciones de política pública que son violatorias de derechos humanos de las mujeres.

La noticia de que no se darán recursos a los Refugios para mujeres, sus hijas e hijos en situación de violencia extrema nos indigna pues para muchas de estas mujeres este el último recurso para salvar sus vidas. Estamos ante un problema muy grave que de facto viola los derechos humanos de las mujeres.

La Norma Oficial 046-SSA2-2005 define al Refugio en su punto 4.22 como “el espacio temporal multidisciplinario y seguro para mujeres, sus hijas e hijos en situación de violencia familiar o sexual, que facilita a las personas usuarias la recuperación de su autonomía y definir su plan de vida libre de violencia y que ofrece servicios de protección y atención con un enfoque sistémico integral y con perspectiva de género. El domicilio no es del dominio público.”

De por sí el número de ellos era insuficiente. La Red Nacional de Refugios (RNR) estimaba apenas en noviembre del 2018 que eran 63 y que en la mayoría de los estados, sólo se contaba con un lugar para recibir mujeres, cuando al menos se necesitan cinco; que en entidades consideradas puntos rojos por la violencia de género, como Tijuana, Tabasco, La Paz y Los Cabos, no había refugios; y que también había aumentado el número de mujeres que acudían a ellos debido al crimen organizado, ya sea por obligarlas a estar dentro de grupos delictivos o por saber algo de las actividades de su pareja, lo que pone sus vidas están en riesgo.[1]

Es posible que algunos de ellos no funcionen adecuadamente o que hagan un uso inadecuado de los recursos, sin embargo, este no es un argumento para cortar de tajo estos apoyos ante problemáticas tan complejas.
 
Nos indigna aún más esta decisión, considerando que la violencia de género no es solamente un problema judicial o social, sino también un problema grave de salud pública, dada la magnitud y gravedad de los daños que ocasiona a nivel físico y mental en las mujeres y en otros miembros de la familia, particularmente en sus hijas e hijos.

La evidencia científica internacional muestra un alto porcentaje de problemas de salud mental en mujeres víctimas de violencia extrema o que acuden a refugios, tales como  el trastorno por estrés postraumático (TEPT), somatización, depresión, ansiedad, consumo abusivo de sustancias; muchos de sus hijas e hijos han sido testigos del abuso sufrido por su madre, y más de la mitad han sido víctimas directas de algún tipo de violencia. Estos niños y niñas a su vez tienen un alto riesgo de tener problemas de comportamiento a corto plazo[2] y de desarrollar graves problemas de salud mental en la adolescencia y la adultez, así como de involucrarse en situaciones violentas en sus relaciones posteriores, lo que posibilita la transmisión generacional de la violencia.[3]

En 2016 la Asamblea de la Salud Mundial, aprobó un Plan de Acción para fortalecer la respuesta del sistema de salud a la violencia interpersonal. Este plan incluía acciones concretas para los Estados, la Organización Mundial de la Salud y otros actores clave, que incluían el promover el desarrollo de habilidades en los proveedores de salud para responder de manera efectiva a las mujeres que sufren violencia, y el fortalecimiento de la capacidad y los vínculos entre los servicios, incluyendo los relacionados con el cuidado de la salud mental. Estas acciones están lejos de haber sido realizadas en nuestro país.

Cabe recordar además que el Comité́ para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer en su Recomendación general num. 35 sobre la violencia por razón de género contra la mujer (CEDAW/C/GC/35, 2017) señala en el punto 31.iii) que los Estados partes deben asegurar:

“el acceso a asistencia financiera, gratuita o de bajo costo, asistencia jurídica de gran calidad, servicios médicos, psicosociales y de orientación, educación, vivienda de precio módico, tierras, cuidado del niño y oportunidades de capacitación y empleo para las mujeres víctimas y supervivientes y sus familiares. Los servicios de atención sanitaria deberían permitir la recuperación postraumática e incluir servicios oportunos y amplios de salud mental, sexual y reproductiva, en particular anticonceptivos de emergencia y la profilaxis contra el VIH posterior a la exposición. Los Estados deberían prestar servicios de apoyo especializados para la mujer, como, por ejemplo, líneas telefónicas de asistencia que presten atención 24 horas al día y un número suficiente de centros de crisis seguros y adecuadamente equipados, centros de apoyo y de derivación de pacientes y centros de acogida adecuados para las mujeres, sus hijos y otros familiares, según las necesidades”.

El diagnóstico de 2015 sobre estos refugios realizado por el Instituto Nacional de las mujeres[4], a la luz de de los lineamientos establecidos en el Modelo de atención en refugios para mujeres víctimas de violencia y sus hijas e hijos, señalaba que era necesario evaluar si la cantidad de refugios en cada entidad respondía a las necesidades y problemáticas de violencia extrema contra las mujeres y si los instalados, contaban con características de seguridad, higiene y atención médica, psicológica y jurídica. Esto muestra una perspectiva que buscaba aprovechar la infraestructura y personal existente para lograr que los Refugios se apegaran a lo que estipula el mencionado Modelo y la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Por todo  lo anterior, consideramos un grave error la medida de dar el dinero directamente a las mujeres, y concordamos con la Red Nacional de Refugios en su pronunciamiento[5], ya que “…refleja una llana concepción asistencialista a una complicada problemática”.

La ayuda económica directa no solo no restaura derechos, ni salva vidas, sino que destruye toda la política pública en materia de derechos humanos e igualdad sustantiva que se ha venido construyendo. ¿Quién les va a dar apoyo psicológico especializado y asesoría legal a las mujeres? ¿Cómo se van a proteger de su agresor? ¿Qué van a hacer sus hijas e hijos? Este puede ser uno de los más graves errores que este nuevo gobierno esté cometiendo, y la ciudadanía, y particularmente las mujeres, no lo vamos a olvidar.

Atentamente

Niunoniunamás, Luciana Ramos, Lucía Melgar, Irma Saucedo, Karla Flores, Gisel Nájera, Francisco García.

[1] Jessica Xantomila. “En todo el país hay 63 albergues para mujeres víctimas de violencia. Se gastan $33 pesos en cada refugiada; feminicidios se disparan a 9 al día.” Periódico La Jornada, Miércoles 7 de noviembre de 2018, p. 18 https://www.jornada.com.mx/2018/11/07/politica/018n1pol

[2] Fernández-González, L., Calvete, E., Orue, I., & Mauri, A. (2018). Victims of Domestic Violence in Shelters: Impacts on Women and Children. The Spanish journal of psychology, 21.

Maddoux, J., McFarlane, J., Symes, L., Fredland, N., & Feder, G. (2018). Using baseline data to predict chronic PTSD 48-months after mothers report intimate partner violence: outcomes for mothers and the intergenerational impact on child behavioral functioning. Archives of psychiatric nursing, 32(3), 475-482.

[3] García-Moreno, C., Zimmerman, C., & Watts, C. (2017). Calling for action on violence against women: is anyone listening? The Lancet, 389(10068), 486-488.

[4] INMUJERES (2016) Refugios para mujeres, sus hijas e hijos en situación de violencia: un diagnóstico a partir de los datos del Censo de Alojamientos de Asistencia Social, 2015. http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/101267.pdf

[5] Pronunciamiento ante la decisión del gobierno federal de dar entrega directa a mujeres víctimas de violencias extremas: situación que vulnera e incrementa el riesgo frente a sus agresores