El pasado 4 de marzo del 2021, el Acuerdo de Escazú cumplió 3 años desde su adopción en Costa Rica, en marzo del 2018.

De 33 Estados de América Latina y del Caribe llamados a firmar y luego a ratificar este novedoso instrumento que logra combinar las reglas de derechos humanos y de protección del ambiente como ningun otro tratado internacional, solamente 12 lo han ratificado (véase tabla oficial sobre firmas y ratificaciones registradas).

Las largas negociaciones de este instrumento (que duraron 5 años, 7 meses y 7 días) fueron lideradas por Chile y Costa Rica: dos Estados que, vergonzosamente, no han aún materializado su compromiso inicial, al no haberlo ratificado; Chile ni tan siquiera lo ha firmado. Una reciente y valiosa entrevista en Chile a una de las negociadoras chilenas detalla los alcances de este innovador tratado regional para la consolidación de una democracia ambiental en América Latina.

Objeto de una verdadera campaña de desinformación en varias partes de América Latina, mitos y leyendas elaborados por parte de sectores económicos y políticos han dado lugar a valiosos esfuerzos con miras precisamente a desmitificar en Costa Rica el Acuerdo de Escazú, así como en Chile, Colombia y en Perú . En Colombia, el equipo de comunicadores de "La Pulla" realizó un ingenioso video que desnuda con cierta dósis de humor las verdaderas falacias ideadas por algunas cámaras empresariales colombianas y sus hacendosas fichas políticas.

A marzo del 2021, entre los Estados que han firmado pero no han ratificado el Acuerdo de Escazú, figuran en América Latina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Haití, Perú, Paraguay y República Dominicana. Entre los  Estados en los que el Poder Ejecutivo ni siquiera ha procedido a firmarlo (impidiendo de esta manera que se inicie el proceso de ratificación por parte del Poder Legislativo) figuran los de Chile, Cuba, El Salvador, Honduras y Venezuela.

Al tratarse de la región del mundo en la que más se asesinan e intimidan a defensores del ambiente, ya es hora que en América Latina los Estados acepten todos consolidar los mismos derechos de quiénes, desde sus pequeñas comunidades organizadas, defienden el ambiente.  A notar que el artículo 9 del Acuerdo de Escazú constituye un esperanzador avance, al ser la primera disposición en un tratado internacional en la historia en prever una protección especial para estas personas, dada su extrema vulnerabilidad frente a megaproyectos, multinacionales y al entramado de intereses poderosos al que participan a menudo entidades estatales. Revisando las actas de la negociación, resulta de interés  recordar que la preocupación inicial para incorporar una disposición en aras de proteger a  los defensores del ambiente provinó de un documento conjunto circulado por Chile, Costa Rica, Panamá, Perú y Paraguay a las demás delegaciones.

No podemos seguir con el clima de total impunidad que prevalece cada vez que se intimida, se amenaza, se silencia o se opta por eliminar físicamente a líderes comunitarios, rurales, campesinos, ecologistas o indígenas que defienden pacíficamente a su comunidad, muchas veces con la Constitución y las leyes ambientales en sus manos.   

Argentina y México recientemente depositaron su instrumento de ratificación del Acuerdo de Escazú, uniéndose así a los 10 Estados que lo habían hecho antes: un decidido respaldo de estos dos Estados que requiere ahora ser extendido en procura de construir una verdadera democracia ambiental participativa en toda América Latina. En particular en la región andina, en donde únicamente Bolivia y Ecuador han ratificado este tratado regional, y en Centroamérica, con únicamente Nicaragua y Panamá que lo han hecho. Ello sin olvidar mencionar a Brasil y a Paraguay, que siguen ausentes al llamado hecho desde Escazú el 4 de marzo del 2018.