! ALTO A LA VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS Y SUS PAPÁS MEDIANTE EL TRAFICO DE INFLUENCIAS EN LA CDMX !

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Los niños son nuestro mayor tesoro. Sin embargo, los derechos de uno de ellos y de su padre están siendo violentados al ser utilizado por su madre y por el abogado Bernardo Batiz Vázquez, como moneda de cambio para justificar la obtención ilegal de beneficios económicos y propiedades.

En los próximos días se dará sentencia a un juicio familiar en la Ciudad de México, acerca de cómo una madre y un padre ejercerán la custodia de su hijo mayor. El litigio fue iniciado por el padre, cuando la madre rompió con el régimen de custodia compartida que había sido acordado por ambos ante una mediadora. El régimen, que se había establecido a solicitud tanto del niño como de su padre, y con el consentimiento inicial de la madre, se cumplía cabalmente. El padre además, cubría voluntaria y puntualmente el 80% de los gastos del niño. Desde noviembre de 2014, el juicio está bajo la responsabilidad del Juzgado Vigésimo Octavo de la Ciudad de México.

La madre del niño y su abogado argumentan que la ruptura del acuerdo obedeció a las prioridades de la madre en el cuidado de los hijos. Este argumento obsoleto y anticonstitucional, violenta a los derechos del niño y de su padre, consagrados en nuestra Constitución y asumidos por México mediante la firma de tratados internacionales. La experiencia de los cincuenta años recientes demuestra que los padres son tan aptos como las madres para el cuidado y la crianza de los hijos. Pero, el móvil de fondo no ha sido el cuidado del niño, sino utilizarlo como moneda de cambio para la apropiación de bienes, aprovechando las influencias y las deficiencias del sistema de impartición de justicia.

El abogado de la madre es el otrora Procurador de la Ciudad de México, Bernardo Bátiz Vázquez, quien fuera también Responsable Anticorrupción de MORENA. El argumento que ahora defiende Bátiz se contradice con la plataforma legal y humanística que él mismo defendió como líder de su partido ante el Congreso Constituyente de la Ciudad de México. Más aún, su papel como ex-procurador y asesor (o ex asesor) de la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal, deberían impedirle litigar en la Ciudad de México, por constituir un conflicto de interés, pero esto parece importar.

Peor aún, el abogado Bátiz y la demandada (quien tiene estudios de doctorado y postdoctorado en ciencias, y es investigadora en un Instituto Nacional de Salud), fabricaron y presentaron en el proceso por la custodia del niño, los bien conocidos falsos testimonios en contra del padre del menor. Las acusaciones incluyen actas por violencia en contra de la madre, abandono, y saqueo de los bienes comunes. Además alteraron evidencias acerca de las finanzas y el origen de las propiedades, para más adelante intentar apropiarse de ellas. Ésto y los errores e inconsistencias que saltan a la vista en las argumentaciones presentadas en el juicio, dieron lugar a dos denuncias penales, ahora en proceso, en contra de la madre y de Bátiz.

El Juzgado también ha hecho su parte. A pesar de que las evidencias presentadas por el padre, mostraron que ambos progenitores habían participado equitativamente en la crianza de su hijo desde su nacimiento, y desarticularon las acusaciones en contra del padre, el Juez en turno, otorgó en 2015 la custodia provisional sobre el menor a su madre, privilegiándola ilegalmente. Con ello se violentaron y afectaron irreparablemente los derechos del niño, quien desde hace tres años ha visto reducidas las convivencias con su padre, y se restringieron los derechos del padre de cuidar, criar y convivir con su hijo. La custodia se fundamentó en artículos obsoletos,  si se leen a la luz de la reforma en Derechos Humanos que se hizo a nuestra constitución hace unos cuantos años.

También se le otorgó a la madre una pensión desproporcionadamente alta, que sobrepasa con mucho a las necesidades del niño, sin haberse visto reflejada en su cuidado y atención. Además del daño al patrimonio del padre, el manejo de los recursos económicos (por ejemplo, para colegiaturas y gastos médicos), ha fomentado la toma de más decisiones arbitrarias por parte de la madre, quién siempre se justifica en la opinión de su abogado. Además, ella emprendió una campaña de desprestigio hacia el padre del niño, difundiendo las mismas acusaciones hechas ante el juzgado y además culpándolo por dañar la carrera científica de ella. Así han pasado tres años.

Más adelante, y con una nueva al frente del juzgado, las pruebas de psicología forense aplicadas al padre y a la madre, descartaron al padre como posible generador de violencia. Sin embargo, en la madre si se detectó dicha tendencia y otras más. No obstante, el Juzgado Vigésimo Octavo ha mantenido su actitud sesgada, sin que el niño importe. Se han rechazado pruebas supervenientes presentadas por el padre acerca de irregularidades cometidas en el proceso, y otras que demuestran la buena relación que tiene con su hijo.

Ningún intento de negociación emprendido por el padre a lo largo de varios años ha cristalizado. El abogado Bátiz ha mentido también en esto, mostrándose interesado en las salidas negociadas cuando el padre lo propone, pero argumentando sin ningún pudor en los juzgados que el padre se ha negado a negociar con ellos. Sin embargo, recientemente, la madre se sensibilizó a las reiteradas solicitudes del niño por pasar más tiempo con su padre y con su hermano menor, por quien existe otro proceso en paralelo también iniciado por el padre, y que ahora se encuentra en la Suprema Corte de Justicia, ante situaciones incluso más graves que las aquí descritas.

Casos como este requieren, una vez más, que la sociedad civil actúe en conjunto para protegernos de la doble moral de sujetos como Bernardo Bátiz y del sistema de impartición de justicia.

El Juzgado Vigésimo Octavo de lo Familiar debe otorgar la custodia compartida que nuestras leyes contemplan, a ambos padres, sin detrimento de ninguno. Además, debe fijarse una pensión adecuada a las necesidades del niño y proporcional a las capacidades económicas reales de cada uno de los progenitores.

    Merecemos jueces honestos, independientes y capaces que apliquen la justicia sin distinciones.

    Debemos velar por que se privilegie el bienestar superior de los niños. Es vergonzoso que los jugados permitan la utilización de los niños como moneda de cambio.

Es nuestra responsabilidad exhibir a sujetos como Bernardo Bátiz Vázquez, quien con su doble moral y falta de escrúpulos se autodenomina intelectual y humanista, pero en la práctica lesiona irreparablemente los derechos de niños y de su padre, a cambio de recursos económicos. 

 



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