Pronunciamiento público
Por las garantías constitucionales del derecho a la protesta y la autonomía universitaria

Con ocasión de las movilizaciones realizadas en Medellín en respuesta al paro nacional convocado por Fecode para el 20 y 21 de febrero, las organizaciones firmantes de este pronunciamiento rechazamos con vehemencia las actuaciones de la fuerza pública durante el jueves 20F, así como cualquier tipo de violencia, y más el uso de explosivos en las manifestaciones sociales, especialmente en la Universidad de Antioquia, las instituciones de educación superior del sector de Robledo, la Universidad Nacional y el Politécnico Jaime Isaza Cadavid.
Y hacemos un llamado de reclamo e indignación al alcalde Daniel Quintero por las medidas tomadas y las órdenes dadas durante las jornadas de protesta.

Medellín
Sábado 22 de febrero de 2020

Rechazamos contundentemente el nuevo episodio de exceso en el uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional, que se vivió el pasado jueves 20 de febrero, en el que otra vez el ESMAD viola la autonomía universitaria y vulnera el derecho constitucional a la protesta social, lanzando gases lacrimógenos y bombas aturdidoras en el sector de Robledo, donde están ubicadas las instituciones de educación superior del Municipio, propiciando agresiones contra estudiantes de la Universidad Nacional y del Politécnico Jaime Isaza Cadavid, e irrumpiendo violentamente en las instalaciones de la Universidad de Antioquia, donde se presentaron capturas irregulares y agresiones en contra de estudiantes que trataron de contener su ingreso y proteger el Alma Mater.

Con gran preocupación vemos las decisiones que ha estado tomando el Alcalde de Medellín en relación con protocolos que autorizan el uso de fuerza excesiva y de armas explosivas para disipar las protestas sociales, así como con el ingreso de agentes del ESMAD a las instalaciones de las universidades de la ciudad, lo cual refleja falta de comprensión sobre las dinámicas propias de las manifestaciones públicas y, en este caso, de las formas juveniles y universitarias de expresar su inconformidad con el establecimiento, estigmatizando a quienes protestamos y justificando las actuaciones represivas a partir de discursos que abordan los derechos como una cuestión de seguridad y no desde la necesidad garantista que debe guiar a los gobiernos en todos sus niveles.

A todas luces, este tipo de actuaciones, más allá de connotar que una vez más nos están regalando miedo para vendernos luego seguridad, rompe con una de las principales promesas y discurso de campaña del primer mandatario local, de modo que la esperanza, que tanto reiteró con palabras, se va convirtiendo en miedo a partir de sus acciones policiales y militares, que niegan la política en los territorios y universidades.

Confiábamos en que la oportunidad de implementar desde lo local algunos asuntos claves dentro del Acuerdo de Paz, especialmente los referidos al punto 2 sobre participación política, relacionados precisamente con el derecho de protesta pacífica y democrática, sería más posible durante este gobierno de lo que fue en el anterior periodo administrativo. Pero la evidencia que arrojan las actuaciones oficiales para contener y acabar con cualquier forma de manifestación social en rechazo a las medidas gubernamentales que no nos permiten vivir bien en comunidad, ha hecho mella en nuestra confianza ciudadana y lo que nos va quedando son crecientes sombras de dudas respecto a que sea el autoritarismo la forma como tendremos que aprender a relacionarnos con el Estado.

Por eso creemos que, frente a las crecientes tensiones sociales del actual momento político del país, se deben abrir las puertas para la conversación y la concertación de una manera propositiva, buscando instalar una cultura del diálogo, de inclusión y del respeto por las diferencias en nuestra ciudad y región.

Por lo que invitamos al alcalde Quintero, a su equipo de gobierno, a los altos oficiales de la Policía Nacional en el Valle de Aburrá, a rectores de universidades, líderes estudiantiles y comunidad académica, junto con organismos de control y protección de derechos humanos, organizaciones y defensores, entre otros actores sociales, a que analicemos esta posición en espacios de diálogo intersectorial donde se escuche a los diversos sectores convocantes, participantes y afectados durante su ejercicio de los derechos a la protesta, a la libre expresión, a la reunión pública y a las manifestaciones sociales.

Hacemos un llamado a la Alcaldía de Medellín, al Concejo y a los órganos de control de la municipalidad para que se construyan protocolos concertados frente a las garantías del derecho a la protesta social y la protección alrededor de los conflictos universitarios, en conjunto con el movimiento social, los colectivos organizados de derechos humanos y la comunidad universitaria. Estos protocolos deben privilegiar el diálogo y el reconocimiento, no el uso de la violencia institucional, la represión ni la penalización de la protesta, toda vez que es un derecho constitucional y no un asunto de seguridad o de orden público.

Por esto, como ciudadanía libre, organizada y comprometida con el desarrollo de nuestros territorios, nos manifestamos y seguiremos haciéndolo respecto a las decisiones y actuaciones de la Alcaldía de Medellín alrededor de las movilizaciones y la protesta social en la ciudad, expresando públicamente nuestro enérgico rechazo frente a cualquier tipo de violencia, en lo que subrayamos el uso de explosivos en las manifestaciones sociales y, especialmente, por el tratamiento militar y represivo que se le sigue dando a este derecho de vital importancia para la ampliación y profundización de la paz y la democracia en Colombia.

Finalmente, recalcamos que nuestro rechazo, en términos amplios, es frente a la violencia que, venga de donde venga, es reprochable, máxime, en tiempos de construcción de paz.

Porque #SeValeProtestar,
suscribimos este pronunciamiento con nuestras firmas:
 

CORPORACIÓN VIVA LA CIUDADANÍA

ESCUELA NACIONAL SINDICAL (ENS)

COMITÉ DE SOLIDARIDAD CON LOS PRESOS POLÍTICOS, seccional ANTIOQUIA

CORPORACIÓN PARA LA VIDA MUJERES QUE CREAN

COMITÉ PERMANENTE DE DERECHOS HUMANOS (CPDH) “HÉCTOR ABAD GÓMEZ”

MESA DE TRABAJO POR LA VIDA DE MEDELLÍN

REVISTA GENERACIÓN PAZ

JOHN HAROLD DAVILA -Artista

ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE DETENIDOS DESAPARECIDOS (ASFADDES), seccional MEDELLIN

CORPORACIÓN PARA LA PAZ Y EL DESARROLLO SOCIAL (CORPADES)

ANÁLISIS URBANO (AGENCIA DE PRENSA)

ASOCIACIÓN DE VIVIENDA EMECE

GRUPO INTERDISCIPLINARIO POR LOS DERECHOS HUMANOS (GIDH)

COLECTIVO DE MUJERES TEJIENDO RED

PAZ A LA CALLE

JUVENTUD COMUNISTA COLOMBIANA (JUCO)

JESÚS ABAD COLORADO, Fotoperiodista colombiano

ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS (ACEU)

UNIÓN DE CIUDADANAS DE COLOMBIA
Margarita Rosa Trujillo Turizo
Abogada
Luz Stella Zea Toro
Comunicadora Social Periodista

CAMINOS DE ESPERANZA MADRES DE LA CANDELARIA
Teresita Gaviria Urrego

RUTA PACIFICA DE LAS MUJERES -ANTIOQUIA

FIDEDIGNA, ESTUDIO JURÍDICO

OBSERVATORIO DE PAZ, UNAULA

INSTITUTO POPULAR DE CAPACITACIÓN (IPC)

ASOCIACIÓN REGIONAL DE MUJERES DEL ORIENTE (AMOR)

CORPORACIÓN CON-VIVAMOS

ORGANIZACIÓN DE MUJERES SOBREVIVIENTES AVE FÉNIX

FARC - ANTIOQUIA

UNIDAD NACIONAL DE ARTISTAS (UNA)

GRUPO DE INVESTIGACIÓN GIDPAD, UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA

RED INTERUNIVERSITARIA POR LA PAZ (REDIPAZ)

GRUPO DE INVESTIGACIÓN Y EDITORIAL KAVILANDO

LINEA CULTURA Y PEDAGOGÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS, UCO

ESCUELA DE DERECHOS HUMANOS, ANTIOQIA

CORPORACIÓN PRIMAVERA

COMUNIDADES ECLESIALES DE BASE, MEDELLÍN

CASA DE PAZ DE LA IGLESIA EVANGÉLICA LUTERANA DE COLOMBIA (IELCO)