En delitos económicos contra la sociedad española, directos, sobre la propia sociedad, algún coletivo o fraude a la Hacienda Pública, ligar la pena aplicada, tanto al hecho delictivo en sí –cada uno con su condena específica–, como a la cuantía apropiada o malversada, modulando su condena según la cantidad estafada y/o apropiada, y que los partidos en los que han sido elegidos los autores de tales delitos, sean responsables civiles subsidiarios. (sigue)