Desde hace muchos años venimos desarrollando de forma regular y continuada nuestra labor profesional tanto en centros privados como en los Servicios de Neurología de Hospitales públicos del Sistema Sanitario Público Andaluz (SSPA), formando parte de equipos y unidades de Demencias y Trastornos Cognitivos, Trastornos del Movimiento, Epilepsia y Enfermedades Desmielinizantes, proporcionando un servicio altamente especializado. Nuestra labor está ampliamente documentada a través de la emisión de informes neuropsicológicos, participación en sesiones clínicas, participación en ensayos clínicos y proyectos de investigación, producción de publicaciones científicas y comunicaciones a congresos.
La figura y la labor del neuropsicólogo clínico que desarrollamos es necesaria e imprescindible para una atención sanitaria y neurológica de calidad y está perfectamente regulada y reconocida en la mayoría de los países desarrollados y asimilada y asentada en nuestro Sistema Nacional de Salud (SNS), estando presente prácticamente en la totalidad de hospitales de tercer nivel del territorio nacional. En consonancia, la figura del neuropsicólogo está contemplada en múltiples documentos oficiales tanto de la Comunidad Autónoma de Andalucía (Proceso Asistencial Integrado: Demencias) como del Estado (Guía de Práctica Clínica sobre la Atención Integral al paciente con Enf. de Alzheimer y otras demencias, Madrid 2011) y es exigida como requisito imprescindible para la acreditación de Unidades de Referencia del SNS en Cirugía de la Epilepsia y de Trastornos del Movimiento.
En contraste con la evidencia y la realidad, en nuestro ámbito no está reconocida la figura del neuropsicólogo clínico. Esta incomprensible e injusta falta de reconocimiento oficial de nuestra labor y profesión, no es sólo una traba a una asistencia sanitaria de calidad, sino que también ha propiciado que nuestra relación contractual con los centros públicos en los que desarrollamos nuestro trabajo sea atípica, irregular e indigna la más de las veces y rozando en muchos casos la legalidad vigente o el fraude de ley. La financiación de nuestro trabajo en los Hospitales Públicos se realiza fundamentalmente con fondos de investigación o donaciones proveniente en su mayor parte de la industria farmaceútica a instituciones interpuestas como Fundaciones, fomentando con ello la marginalidad y precariedad de nuestro trabajo que ni está reconocido ni cuenta con las protecciones sociales mínimas.