La digitalización en España está dejando fuera a miles de ciudadanos. Cada vez más trámites públicos y privados obligan a usar el teléfono móvil (Cl@ve PIN, SMS, apps…), lo que excluye a personas mayores, a quienes no tienen smartphone o a quienes simplemente no pueden o no quieren depender de él.

Mientras tanto, el DNI electrónico (DNIe) —el método más seguro y garantista— está prácticamente abandonado: muchas webs no lo aceptan, otras fallan constantemente y no existe soporte adecuado. Esto incumple la obligación legal de aceptarlo como certificado cualificado.

Además, el certificado FNMT instalado en el ordenador es inseguro y difícil de gestionar para muchos ciudadanos.

Los métodos de sms y otros similares que requieren el uso de un móvil pueden ser interceptados por software malintencionado que se haya instalado en el dispositivo sin que su usuario sea consciente.

El mismo problema existe con otras entidades privadas con las que el ciudadano se encuentra obligado a comunicarse electrónicamente, como bancos, aseguradoras, entidades financieras, etc.

Luego dichos métodos no deben ser el método principal en la administración electrónica ni en la interacción del usuario con otras entidades como bancos o entidades financieras. No deberían promocionarse como método seguro, y deberían de ser usados únicamente por personas bien informadas que son muy conscientes de los riesgos en los que pueden incurrir y con la capacidad técnica para utilizarlos.

Por ello, pedimos:

1. Que todas las administraciones y entidades acepten el DNIe sin excusas.
   Es un certificado cualificado y debe funcionar en todos los trámites.
2.  Que no se obligue a usar el móvil como único medio de identificación.
   La ley exige neutralidad tecnológica.
3.  Que existan alternativas presenciales accesibles.
   Bibliotecas, centros sociales y ayuntamientos deberían disponer de ordenadores configurados para el DNIe y personal que pueda ayudar a los ciudadanos.
4.  Que se pueda certificar oficialmente cuando un trámite falla por problemas técnicos.
   Si una web no funciona, el ciudadano debe poder demostrarlo para no perder plazos ni derechos.
5.  Que se investigue la inseguridad del certificado FNMT como método principal.
6.  Que se garantice la inclusión digital de mayores y personas con dificultades tecnológicas.

La digitalización debe servir para facilitar la vida, no para complicarla ni excluir a quienes más apoyo necesitan.

Pedimos al Defensor del Pueblo, al Gobierno de España y al Parlamento que actúen para corregir esta situación y garantizar un sistema de identificación digital seguro, accesible y justo para todos.