El reciente asesinato del joven Martín Mamani Velásquez, acuchillado brutalmente por un adolescente de 16 años al resistirse al robo de su mochila, ha dejado una profunda herida en nuestra sociedad. Este trágico evento, más allá de su impacto inmediato en la vida de Martín y en el corazón de su familia, nos revela una preocupante realidad: la insuficiencia de la legislación vigente en Perú para abordar de manera efectiva los delitos cometidos por menores de edad.

En Perú, mientras un adulto enfrentaría una pena de 15 a 35 años de prisión por homicidio calificado, un menor de 16 años sólo puede ser sancionado con un máximo de 10 años de internamiento en un centro juvenil. Esta discrepancia legislativa, lejos de ser disuasiva, permite que los agresores juveniles reciban penas significativamente menores, aunque el daño causado a las víctimas y a sus familias sea irreparable. El sistema jurídico peruano no puede seguir ignorando esta injusticia. Es hora de tomar medidas y reformar nuestra legislación para asegurar una verdadera equidad en la justicia.

La realidad es que los menores de edad también tienen la capacidad de cometer crímenes de gran magnitud y, como sociedad, debemos garantizar que las leyes reflejen esta realidad. Proponemos la reforma del artículo correspondiente del Código Penal que regula las penas para menores infractores, aumentando las sanciones máximas a un umbral que refleje la gravedad del delito.

Por lo tanto, llamamos al Congreso de la República y al Poder Ejecutivo a tomar acción inmediata para revisar y modificar nuestro sistema legal, con el fin de establecer penas más justas y proporcionales para los menores que cometan homicidio calificado. Es crucial asegurar que nuestras leyes no solo protejan a las víctimas sino que también sirvan como un instrumento eficaz para prevenir futuros crímenes.

Apoye esta causa para pedir la reforma legislativa que garantice justicia para Martín, para su familia y para todas las futuras víctimas de delitos violentos. Tu firma puede hacer la diferencia; únase a nosotros para exigir un cambio real y duradero en la legislación peruana sobre delitos juveniles.