Propuesta

En España, únicamente estarán aforados el Rey y el Presidente del Gobierno.

Descripción de la petición

Bien se puede asegurar que los aforados son los grandes privilegiados de la justicia española. Estar aforado significa que el procedimiento judicial se sitúa en un foro diferente, en lugar de hacerlo ante el juez natural predeterminado por la ley. El aforamiento es un status antiguo que privilegia sin motivo a unos ciudadanos sobre otros por razón del cargo público que ejercen. Es un modo de quebrar la igualdad de los españoles en la ley y ante la ley. Con demasiada frecuencia, nuestros políticos apelan a esta supuesta igualdad de los españoles en sus discursos a la ciudadanía, a sabiendas de que esto no es así.

A nivel jurídico, la figura del aforamiento infringe claramente dos principios fundamentales:

• El derecho a la igualdad. El artículo 14 de nuestra Constitución señala: “Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”. 
• El derecho a recurrir en segunda instancia. Los aforados, al ser juzgados por el tribunal más alto de la pirámide, pierden la doble instancia, ya que, después de esta, no hay recurso posible. Esto, sin duda, contraviene lo establecido en el artículo 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que establece literalmente: “Toda persona declarada culpable de un delito tendrá derecho a que el fallo condenatorio y la pena que se le haya impuesto sean sometidos a un tribunal superior, conforme a lo prescrito por la ley”.
   

Aunque no existe un listado oficial, se estima que actualmente hay 250.000 personas aforadas. Esta sería su distribución por colectivos:

• 232.000 miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad estatales o autonómicos (Policía Nacional, Guardia Civil, Policía Autonómica y Policía Local)

Este colectivo en realidad disfruta de un fuero parcial, muy atenuado, que implica que deben ser juzgados por las Audiencias Provinciales en el caso de delitos cometidos en el ejercicio de su cargo.

• 5.400 Jueces y 2550 Fiscales.

Gozan de aforamiento para evitar ser investigados por compañeros de su mismo nivel, ya que de cometer algún delito responden ante el tribunal superior de justicia correspondiente.

En el ámbito judicial también son aforados altos cargos como el presidente del Consejo General del Poder Judicial, del Tribunal Supremo, del Tribunal Constitucional y los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que responden, en caso de delito, ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.

• 2.000 políticos aproximadamente.

Entre ellos, están aforados el presidente del Gobierno y los ministros, que únicamente pueden ser investigados judicialmente y juzgados por el Tribunal Supremo. Añadir, los presidentes y consejeros autonómicos, aforados ante el Supremo o los tribunales superiores de justicia según lo determine el estatuto de cada comunidad autónoma.

También en el ámbito político son aforados los presidentes del Congreso y del Senado, los diputados y senadores, los presidentes de los parlamentos autonómicos y sus parlamentarios. Asimismo, tienen condición de aforados el presidente y consejeros del Tribunal de Cuentas, el presidente y consejeros del Consejo de Estado y el Defensor del Pueblo.

En el caso de diputados y senadores la cámara correspondiente debe autorizarlo a través del suplicatorio, lo que significa que una mayoría parlamentaria puede frenar el procedimiento judicial.

• 17.603 personas pertenecientes a las diferentes instituciones del Estado y de las Comunidades Autónomas (políticos, miembros de las Carreras Judicial y Fiscal, integrantes de órganos como el Tribunal de Cuentas y el Consejo de Estado, Defensores del Pueblo estatal y autonómicos, etc.).

• 5 miembros de la Familia Real

Quien tiene mayor grado de protección es el Rey, que no está sujeto a ningún tipo de responsabilidad. El artículo 56 de la Constitución le protege de cualquier investigación, incluso en su vida civil y privada. Por su parte, la Reina Letizia, los reyes Juan Carlos y Sofía y la Princesa de Asturias son aforados ante el Tribunal Supremo.

En la práctica, lo que importa a un político español, no es que las Cámaras controlen (autorizando o denegando) su procesamiento, sino ser juzgado por jueces que no son los que la ley predetermina, sino por otros jueces; con frecuencia, designados por un CGPJ politizado. Este sistema, diseñado para proporcionar inmunidad a ciertos oficiales de la ley, se ha convertido en una fuente de corrupción y abuso de poder.

La figura del aforamiento no existe en Alemania, ni en Reino Unido, ni en Estados Unidos. En Portugal e Italia no existe más aforado que el presidente de la República; en Francia, sólo son aforados el presidente de la República, el primer ministro y sus ministros. Sin embargo, el suplicatorio está muy extendido en los diferentes países, con diferentes connotaciones y matices, mientras que el aforamiento es inexistente o sólo está previsto para los jefes de Estado.

Los datos muestran que España tiene un problema de corrupción significativo, evidenciado no solo por mi percepción personal, sino también por informes de organizaciones de renombre. Según Transparency International, España se sitúa en el Índice de Percepción de Corrupción en el puesto 46 de 180 (Dinamarca el 1 y Sudan el 180), a nivel mundial; y en lugar 16 de 27, a nivel de la Unión Europea.

Es por tanto necesaria una abolición del régimen del aforamiento en España, que no resulta necesario ni produce mayores garantías procesales. Al revés, produce disfunciones procesales porque cuando en una causa penal existe un aforado, los demás codemandados o investigados en el mismo proceso son arrastrados al mismo foro especial que el aforado, aumentando así la quiebra de la igualdad ante la ley.

Hay que terminar con aforamientos tan incomprensibles como los de los vocales del Consejo General del Poder Judicial, los magistrados del Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional, el presidente de los TSJ, los fiscales de sala del Supremo y de la Audiencia Nacional. Por no hablar del defensor del pueblo, incluidos sus adjuntos, de los consejeros del Tribunal de Cuentas, los generales del Ejército, los almirantes, el fiscal togado, los defensores del pueblo autonómicos…. y los miembros de la Policía Nacional, Guardia Civil, Policía Autonómica y hasta la Policía Local. Unos, aforados en el Supremo; otros, en los TSJ; y los demás, en las Audiencias Provinciales. Pero todos, con idéntico privilegio.

En resumen, este proyecto pretende situar a España en la misma línea que los países de la Unión Europea y resto de países democráticos, como Reino Unido, EE.UU., Canadá, etc., donde únicamente el jefe del Estado y/o el presidente del Gobierno están aforados. Esto permitirá avanzar en la erradicación de las malas conductas y la injusticia en nuestra sociedad. 

Apoyemos juntos este cambio para construir un país más justo y democrático.

¡Firma la petición ahora y hagamos que nuestra voz sea escuchada!

https://regeneracionpolitica2025.blogspot.com/

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